La ETA antinuclear y el apagón (asesinatos y derrota del Estado)

El 29 de enero de 1981, la banda terrorista ETA secuestró a José María Ryan Estrada, de 38 años, uno de los ingenieros industriales que trabajaban en la construcción de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya). Los criminales condicionaron la liberación de Ryan, padre de cinco hijos, a que el Gobierno español demoliese en el plazo de siete días las estructuras de la central nuclear en construcción, propiedad, entonces, de Iberduero. El 6 de febrero, ETA asesinó al ingeniero. Apareció con las manos atadas y un tiro en la nuca. La empresa intentó evitar el crimen, comprometiéndose a acatar la decisión que adoptase el Gobierno español sobre el futuro de la central. Más de 250 técnicos que trabajaban en el proyecto se comprometieron a no poner en marcha la central nuclear hasta que no se celebrase un referéndum que lo permitiese. Inútil.

El 5 de mayo de 1982, Ángel Pascual Múgica, ingeniero de Iberduero y director del proyecto de la central nuclear de Lemóniz, fue asesinado a tiros cuando llevaba a su hijo al colegio, a pesar de que la escolta que viajaba en un segundo coche repelió el ataque. El hijo del ingeniero salió indemne gracias al parapeto del cuerpo de su padre. Ese mismo día se constituía en Vitoria la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz y el Ente Vasco de la Energía. Carlos Garaikoetxea, lendakari entonces, afirmó enfático que el Gobierno Vasco continuaba con los proyectos energéticos y aceptaba el "desafío" de la banda terrorista. Sin embargo, los trabajadores de la central nuclear se negaron a continuar en el proyecto y la empresa desistió de construir y poner en marcha la central hasta que las condiciones para hacerlo fuesen 'viables'. Nunca lo fueron.

Antes de estos dos asesinatos, en marzo de 1978, ya aplicada la amnistía de 1977 a los etarras, incluso a los que fueron condenados por delitos de sangre, la banda terrorista colocó un artefacto en las obras de la central nuclear que al estallar se llevó por delante la vida de dos trabajadores, Andrés Guerra y Alberto Negro, hiriendo a catorce más. En 1979, asesinó al montador Ángel Barrios. Se creyó que, pese a esos atentados, con medidas de seguridad adicionales a las ya implementadas, muy sofisticadas, el proyecto podría salir adelante. Fue imposible.

El Gobierno de Felipe González declaró en 1982 una moratoria nuclear cumpliendo su programa electoral que la incluyó por la presión popular de la izquierda, atemorizada por los terroristas y por los relatos hiperbólicos del ecologismo radical de aquel tiempo. Las centrales en construcción se paralizaron. La banda terrorista ETA vendió como un éxito —y en realidad lo fue— la decisión del primer Gobierno socialista de la democracia. Hoy, Lemóniz, en la costa vizcaína representa un monumento fantasmal al que no se le ha encontrado utilidad alguna, pese a que no han faltado ideas —pero sí impulso— para reconvertir aquellas construcciones en un espacio de utilidad. Un libro de Antón Arriola titulado El ruido de entonces rememora el asesinato de Ryan y Pascual y cómo la banda terrorista 'envenenó' la protesta antinuclear que varios de los dirigentes de Sortu-Bildu recordarán con detalle como sugirió su portavoz en el Congreso, Merche Aizpurúa en el debate parlamentario sobre el apagón del pasado 28 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

España, a merced de la ideología eléctrica: "Este es el primer apagón verde de la historia"

Enrique Andrés Pretel Gráficos: Marta Ley

Aquella moratoria nuclear, claramente ideologizada, costó al Estado y a los contribuyentes mucho dinero y retrasó el progreso energético de nuestro país, porque los más potentes, desde la Unión Soviética a China, pasando por Francia y Reino Unido, continuaron su planificación energética libres de chantajes terroristas.

La irresponsabilidad demagógica con la que dirigentes políticos —por ejemplo, el propio presidente del Gobierno— se refieren a la energía nuclear en un país que ha sufrido los trágicos episodios que quedan sucintamente descritos en los párrafos anteriores, causa auténtico estupor. Los que, aún jóvenes, vivimos en el País Vasco, en Bilbao —Lemóniz está muy próxima a la capital— aquellos trágicos acontecimientos y hemos visitado desolados los 200.000 metros cúbicos de inerte hormigón y mil toneladas de hierro en la costa de nuestro Cantábrico, en la cala de Basordas, no podemos, sino apelar a la prudencia para evitar calificaciones oprobiosas ("los ultrarricos", "partidos pagados por el lobby nuclear") y atribuciones ilegítimas a aquellas organizaciones políticas, empresariales y científicas que consideran que la energía nuclear debe superar la ideologización a la que le está sometiendo la izquierda en España.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

¿Podemos sentirnos seguros con un Gobierno como este?

Ignacio Varela

Es preciso, y una obligación del actual Gobierno, moderar el debate nuclear cuando, en pleno inicio de la democracia española, el Estado fue derrotado, precisamente por la criminalización de esta fuente energética, por una banda terrorista. Sea cual sea la causa del apagón del pasado 28 de abril, los términos de la cuestión por parte del presidente del Gobierno no son histórica y actualmente aceptables.