Echar a Sánchez y romper su régimen (la refundación de la derecha)

En las actuales circunstancias lo importante en el congreso extraordinario del Partido Popular que se celebrará en Madrid los días 5 y 6 de julio no es el procedimiento de elección de sus dirigentes sino la estrategia para acabar con el régimen que ha impuesto Pedro Sánchez, regresar al sistema constitucional y adoptar las medidas para que en el futuro inmediato otro autócrata no se haga con el poder y degrade la democracia en nuestro país.

Por eso, el congreso de la derecha democrática española tiene que ser de ruptura absoluta. No valdrán los convencionalismos propios de la cultura de la Transición; tampoco establecer criterios de continuidad; en absoluto dar por irreversibles lo que la izquierda gubernamental y sus socios consideran ‘logros’. Si el por Feijóo denominado "cónclave" del PP no propone un vuelco completo de la situación institucional y política española, el riesgo de que Sánchez siga y España se convierta en una suerte de Turquía de Erdoğan o de Hungría de Orbán es más que evidente.

No bastará tampoco que la propuesta política del PP sea echar a Sánchez. Desalojarlo democráticamente del poder es el presupuesto para reponer en su integridad la vigencia de la Constitución y para construir el propósito de iniciar un nuevo trayecto para reformarla luego de que se haya comprobado que los constituyentes elaboraron un texto ambiguo, contradictorio y rígido que ha permitido su incumplimiento. La Constitución ha dado de sí todo lo que podía. Y, en buena parte, ha entrado en caducidad. La oferta de vuelco de la derecha ha de pasar por plantear sus debilidades. Las elegías a la Constitución de 1978, la más rígida de Europa, solo reformada tres veces en aspectos no sustanciales y siempre por el procedimiento ordinario, se han convertido en una salmodia estéril. Sánchez viene gobernando sin freno con el texto fundamental de 1978, infringiendo su espíritu, porque la Carta Magna ofrece abiertamente las posibilidades de sortearla.

Los constitucionalistas afirman, y tienen razón, que la responsabilidad de lo que sucede no es por causa de la letra de la Constitución sino de la deslealtad de la clase dirigente en el Gobierno al incumplirla. Es así, desde luego. Pero es que, en la historia del constitucionalismo español, desde 1812 a 1978, pasando por los textos fundamentales de 1876 (la Restauración) y de 1931 (la II República), siempre la infidelidad a los mandatos de las Cartas Magnas ha estado en el origen de sus desplomes, a veces con trágicas consecuencias. Si queremos resultados diferentes, procedamos de manera distinta y, por lo tanto, reformemos la Constitución para garantizar su cumplimiento sin fiar su suerte al albur de las improbables virtudes éticas de los dirigentes políticos.

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Ir a un paradigma federal que cierre la asignación de competencias del Estado y de las comunidades; reforzar la cláusula de coerción federal (ahora el artículo 155) reponiendo mecanismos penales para disuadir de sediciones como la catalana de 2017; nominar al presidente del Gobierno como primer ministro, según la semántica de las monarquías parlamentarias; reescribir los preceptos constitucionales sobre la fiscalía general del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para evitar injerencias del Ejecutivo; establecer mecanismos automáticos que eviten, por ejemplo, que se gobierne sin Presupuestos Generales del Estado; articular mandatos que eviten la colonización de las instituciones de relevancia constitucional y las independientes de la Administración General del Estado, entre otros, deberían constituir debates que la derecha ponga en la palestra pública para conformar una alternativa creíble.

El esqueleto de nuestro sistema constitucional consiste en un modelo territorial descentralizado basado en la unidad nacional, una forma de Estado monárquica parlamentaria, un amplio y ampliable listado de derechos, libertades y deberes de los ciudadanos, la separación de poderes y la independencia de los jueces y tribunales. A partir de ahí, o se plantea una reforma a fondo de la Constitución, obviamente agravada, mediante referéndum (artículo 168), o será Cándido Conde-Pumpido y sus magistrados-soldados los que la seguirán mutando mediante el torticero procedimiento de la interpretación constructivista de sus preceptos. Para eso ha puesto Sánchez a ese magistrado al frente de un órgano de garantías que pervierte el espíritu constitucional y que se arroga competencias colegisladoras.

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Es cierto que con la mentalidad instalada en el Partido Popular este planteamiento no prosperará. El congreso de julio, por eso, ha de ser el de la refundación de la derecha española, de la quiebra con la inercia con la que se desenvuelve, un corte limpio con su discurso convencional. Porque el PP que unificó a la derecha de la mano de José María Aznar en 1989 y que logró el poder en el declive de los gobiernos de Felipe González, ha finiquitado. En primer lugar, porque el PSOE de Sánchez ha interrumpido el continuo histórico que asumió antes el socialismo español; en segundo lugar, porque los nacionalismos y secesionismos vasco y catalán se han aliado, robustecidos, con el populismo del presidente del Gobierno para que lo siga siendo a cambio de cobrar dividendos que depauperan los principios de igualdad y solidaridad; y en tercer lugar, porque la derecha se enfrenta también y al mismo tiempo con una escisión radical , la de Vox, a la que tiene que comerle el terreno con coherencia ideológica y plena convicción democrática.

Las derechas tradicionales están feneciendo en casi toda Europa, pero la que se apellida "popular" sigue siendo la que dispone en el Parlamento Europeo de más efectivos y mayor peso político. Y su máxima referencia es la de los cristiano- demócratas alemanes de la CDU-CSU. Y ellos han sido, con el canciller Merz a la cabeza, los que han apostado por un cambio constitucional revolucionario para su mentalidad tradicional. De manera fulminante, y tras un acuerdo con los socialdemócratas y los Verdes, han rectificado la Ley Fundamental para encarar, sin las limitaciones establecidas antes en su Constitución, un nuevo tiempo histórico. Salvando las distancias, esa sería la oferta del PP: echar a Sánchez, sí. Pero, de inmediato, desmantelar el régimen que ha erigido, reponer la vigencia de la Constitución y plantear su reforma. Y apostar por una moralidad pública que rescate al país del cenagal en el que lo han sumergido Pedro Sánchez y su ‘pájaros’. Para eso, seguramente, hay que refundar la derecha. Pues hágase en una versión opuesta y virtuosa a como ha refundado Sánchez el PSOE transformándolo de partido en plataforma personal para el ejercicio del cesarismo patrimonialista que asuela hoy nuestro país. El objetivo solo es imposible si no se intenta.