El secuestro del Gobierno

El próximo martes, 27 de mayo, se cumple el plazo de 15 días hábiles desde que el 30 de abril se comunicase de forma oficial el dictamen unánime de la Comisión de los Mercados y la Competencia autorizando, con condiciones, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Sabadell. El ministerio de Economía deberá elevar la operación, o no hacerlo, al Consejo de Ministros. Si lo hace, lo que parece muy probable, el Gobierno no puede añadir ni restar nada del dictamen de la CNMC, pero la ley de Defensa de la Competencia (artículos 10 y 60) le autoriza a introducir nuevas condiciones que tengan conexión y se fundamenten en ‘el interés general’, un concepto muy indeterminado. Pero ha de partir del pronunciamiento del regulador de la competencia que ha considerado los compromisos del BBVA en esta OPA como "adecuados, suficientes y proporcionados" (pinchar aquí para leer el resumen del dictamen).

Que la operación encalle y que el BBVA tenga que retirar la OPA, se ha convertido en una condición para la estabilidad del Gobierno

La iniciativa del banco que preside Carlos Torres se conoció por una filtración (no se sabe de quién, pero intencionada) el 30 de abril del año pasado, el mismo día que los presidentes de las entidades se habían citado para una reunión que se suspendió, y en plena campaña de las autonómicas catalanas que se celebraron el 12 de mayo y en las que el PSC fue el partido más votado y con más escaños. Las reacciones inmediatas del Gobierno, a través de Carlos Cuerpo, y de Salvador Illa, candidato a la presidencia de la Generalitat, fueron de absoluto rechazo a la operación. Luego, la patronal catalana, Foment del Treball, y el Cercle d’Economía, entre otras instancias y todos los medios de comunicación editados en Cataluña, construyeron sobre la OPA del BBVA un discurso ‘de país’ considerando la iniciativa como una agresión identitaria.

Josep Oliu, presidente del Sabadell, tomó en enero una decisión a favor de lo que luego ha denominado "clamor" contra la OPA, devolviendo la sede de la entidad a Cataluña de la que fue el primer banco en desplazarse en 2017 (le siguieron en la vuelta la Fundación Bancaria La Caixa y su sociedad de cartera, Criteria). Con el regreso, la dirección del banco Sabadell trataba de blindarse contra la OPA hostil del BBVA desde una perspectiva más política que técnica. Que la operación encalle y que el BBVA tenga que retirar la oferta por la superposición gubernamental de nuevas condiciones a las impuestas por la CNMC, se ha convertido en una condición para la estabilidad del Gobierno de Sánchez porque los partidos catalanes que le apoyan en el Congreso (ERC y Junts) y a Illa en la Generalitat (ERC) no le van a consentir que el banco de origen vasco absorba al Sabadell, después de que en 2015 se hiciera con CatalunyaBanc.

La consulta pública gubernamental sobre la OPA es alegal, una medida populista que rompe el esquema normativo aplicable a estas operaciones

Aunque el efecto pueda ser más psicológico que real, lo cierto es que la OPA del BBVA sobre el Sabadell se contempla en Cataluña, de salir adelante, como un desapoderamiento instrumental de su economía que se sentiría ‘colonizada’ por grandes entidades financieras con sede efectiva en Madrid (aunque el BBVA la tenga en Bilbao). Y Sánchez se ha metido en el inmenso lio de enfrentarse a la OPA del banco que preside Torres en vez de mantenerse ceñido al papel que le encomienda al Gobierno la legislación en esta materia. En su línea, y para embarrar el terreno, que es una de sus más cabales habilidades, el presidente del Gobierno anunció el 5 de mayo en el Cercle d’Economía una ‘consulta pública’ sobre la operación. La decisión no tiene ni amparo legal, ni precedente y rompe, además, el esquema normativo que atribuye a la CNMC, presidido por la solvente e independiente Cani Fernández, la larga tramitación de un expediente que concluye con el dictamen ya emitido pero que antes de aprobarse se sometió a audiencia pública admitiendo solo las alegaciones de los que acreditasen ‘interés legítimo’. La consulta gubernamental, en la que el BBVA no ha participado, no establecía ningún requisito de legitimación para concurrir, de modo que no ha dejado de ser, sobre alegal, una medida, una más, de naturaleza populista.

Opinión

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En vez de permitir que los mecanismos técnicos previstos en la ordenación del mercado financiero hicieran su labor, el Gobierno se enfrentó a la OPA del BBVA politizándola de una manera irreflexiva. Ahora no puede prohibirla, pero sí añadir condiciones -en el ámbito financiero no hay pistas sobre cuales pueden esos requerimientos adicionales- que hagan que el BBVA arroje la toalla. O no. Está por ver. Pero si la OPA fracasa por la intrusión gubernamental, Sánchez va a tener que enfrentarse a un tsunami en los mercados muy sensibles a la seguridad jurídica (es decir, a la previsibilidad de la aplicación de las normas) y ortodoxos vigilantes del papel que los Gobiernos deben jugar -principio de mínima intervención- en las transacciones de esta o parecida naturaleza. Y si la OPA sale adelante porque el BBVA persiste en el empeño a pesar de las medidas adicionales a las de la CNMC y los accionistas del Sabadell aprueban la concentración, el tsunami para Sánchez será político, provocado por sus socios de ERC y de Junts, lo que desestabilizará una vez más al propio Sánchez, pero también a Salvador Illa en la Generalitat.

Al margen de los errores que Torres y Oliu hayan podido cometer en el manejo de esta situación -y los han cometido-, el peor de todos es la implicación política (no técnica) gubernamental en la OPA que podría acabar en la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque las eventuales medidas adicionales que pueda imponer el Gobierno son, como acto administrativo, impugnables.

En Bruselas se pregunta por qué razón Sánchez promete a sus socios lo que corresponde disponer a la Unión

También el martes, la Comisión de Asuntos Generales de la Unión Europea votará —si no se retira el asunto del orden del día— la oficialidad en la UE del catalán, euskera y gallego. Albares, y el propio Sánchez, se han volcado en lograr la unanimidad de los Estados de la Unión. En la reunión preparatoria de los embajadores del pasado día 21, varios países seguían reticentes y otros abiertamente contrarios a la propuesta del Gobierno español. Que ya ha renunciado a que el catalán, el euskera y el gallego tengan el mismo rango que los 24 idiomas oficiales de la Unión. Le bastaría otro muy menor (parcial) que, en términos prácticos, incluyese el compromiso de traducir solo los reglamentos del Consejo y del Parlamento, a costa, además, del Estado español.

El comentario de pasillos en Bruselas era común: ¿por qué Sánchez promete a sus socios secesionistas lo que no está en su mano conseguir?, ¿por qué, para asegurarse la continuidad en su cargo, pretende que la Unión bordee la legalidad de sus Tratados constitutivos y abra un precedente que la mayoría de los Estados miembros no desea? Sánchez ha perdido cartel en la Unión Europea y la fijación por los asuntos domésticos de su conveniencia en el ámbito comunitario, ante la magnitud de los retos que enfrentan los veintisiete, disminuye su proyección.

La manera reiterada en la que Sánchez y su Gobierno pisan todos los charcos (y todos los callos) sugiere, por si no hubiese ya certezas, que el presidente y su Gabinete se han incorporado a una dinámica errática en la que la torpeza, el sectarismo, la ignorancia y la irresponsabilidad convergen en un mismo punto: la Moncloa. Los pactos con ERC y Junts que dieron a Sánchez la presidencia le han convertido en un auténtico rehén, voluntario en julio de 2023 y atrapado desde entonces, y han secuestrado la voluntad del Gobierno, cuyas energías se ponen de continuo al servicio de intereses partidistas.