Cerdán y la ilegitimidad de Sánchez y Pumpido

La única posibilidad de continuidad de Pedro Sánchez consiste en negociar con sus socios una cuestión de confianza que le permita mantener en precario la legitimidad política que como presidente del Gobierno ha perdido. El viernes se lo aconsejaba el diario El País que, con la cadena SER, fueron los medios que detonaron, a efectos del PSOE y del Gobierno, el caso Cerdán 16 horas antes de que se conociese oficialmente el informe de la UCO que este periódico había adelantado hace, al menos, tres meses. Descubrieron la pólvora y rectificaron el rumbo.

Decaía así el argumentario sobre las victimizadas ‘personas honestas’, (Santos Cerdán, lo sería); ni rastro tampoco de los improperios a los seudomedios (El Confidencial ha peleado por su integridad profesional y lo que está sucediendo le avala) y atribución a la Unidad Central Operativa (ha sido este periódico el que destapó la trama de Leire Díez contra la Guardia Civil) de toda la credibilidad en el caso del ex secretario de organización del PSOE y, por inferencia, en los otros: en los del Fiscal General del Estado, en el de Begoña Gómez y en el de David Sánchez. Si la UCO es solvente y creíble cuando se refiere a Cerdán, Koldo y Ábalos, ¿por qué no iba a serlo en las demás instrucciones penales?

Las últimas líneas del editorial del jueves pasado del periódico de Prisa decían: "Sánchez necesita para recuperarse del golpe, conectar con sus socios de investidura para que vuelvan a darle un voto de confianza después de este escándalo". Esta reflexión remite al reconocimiento de que Pedro Sánchez carece de legitimidad democrática para continuar en la presidencia del Gobierno. Su legitimidad de origen (la investidura) debe extenderse, en su caso y en cualquier otro en un sistema parlamentario, durante todo su mandato. ¿Cómo? Demostrando que sigue disponiendo de una mayoría parlamentaria que le permite aprobar los Presupuestos Generales del Estado, desarrollando con éxito la iniciativa legislativa gubernamental mediante la remisión de proyectos de ley, sometiéndose a las sesiones de control del Congreso de manera rigurosa y asumiendo sus dos responsabilidades esenciales en la gestión del Gabinete y del partido que le sostiene: acertando en el nombramiento de sus colaboradores y vigilando su comportamiento.

Sánchez o es un inútil o es un encubridor

Sánchez ha fallado y ha mentido ostensiblemente en todo el repertorio de condiciones que aseguran la legitimidad de ejercicio en el desempeño de su cargo. El estallido de los casos de corrupción en su entorno inmediato, además, arrojan una certeza y una sospecha. La certeza es que, si, como dijo, desconocía la catadura de su colaborador, Santos Cerdán, demuestra una evidente falta de idoneidad para asumir la jefatura del Gobierno. Alternativamente, la sospecha de que, acaso, conoció esa corrupción —advertido estaba— pero no la atajó, con lo cual, habría incurrido en un encubrimiento. Lo mismo reza para el procesamiento de García Ortiz, y las imputaciones de su hermano y de su mujer. El caso de Cerdán se cualifica con más gravedad que la penal porque Sánchez le encomendó la negociación de su pacto de investidura con Puigdemont y con Bildu, así como la negociación con los proetarras de la moción de censura a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN, que fue desalojada y sustituida por el edil abertzale, Joseba Asirón. Un corrupto en la gestión de los más delicados intereses del Estado. No hay perdón posible.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez: enemigo público número 1

Pablo Pombo

La segunda estratagema del presidente, además de la voladura controlada de su colaborador, se explica con la cronología de los acontecimientos del pasado jueves. Su comparecencia en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se produjo poco tiempo antes del acto de conmemoración del cuadragésimo aniversario del ingreso de España en la hoy Unión Europea. Sabía Sánchez que la foto final de su atribulada jornada sería con el Rey en el Palacio Real. Por eso precipitó su fallida rueda de prensa, obviamente atropellada. Pero el fiasco lo persiguió, porque en el Salón de Columnas se produjo un motín posmoderno y especialmente elocuente. Se cayó del acto la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Felipe González prefirió acompañar a los asistentes reunidos en la Residencia de Estudiantes del CSIC en la entrega de la V edición del Premio Alfredo Pérez Rubalcaba, en compañía de Eduardo Madina; José Luis Rodríguez Zapatero, no apareció, quizá por pudor, ni lo hicieron José María Aznar y Mariano Rajoy. Y obviamente tampoco, Núñez Feijóo. Con buen criterio. La coartada de que no acudir a ese acto con la presencia europea solo del presidente de la Comisión de UE, Antonio Costa, significaba un plantón al Rey, no funcionó. Y no debería hacerlo nunca con Sánchez de por medio. El mismo jueves, en el Palacio Real, perdió también la institucionalidad de presidente del Gobierno: no se le reconoció.

La amnistía que negoció Santos Cerdán

Cuestión pendiente pero crítica. Santos Cerdán negoció y firmó en Bruselas el pacto de investidura de Sánchez con el secretario general de Junts, Jordi Turull, el 9 de noviembre de 2023. El texto del acuerdo incluía el siguiente párrafo:

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Aproximación china al silencio de Sánchez

Javier Caraballo

"La ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito­ imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

La firma de Santos Cerdán en esa entente con el delincuente malversador Turull añade una palada de deslegitimación a la Ley Orgánica de la Amnistía, a cuya Exposición de Motivos se incorporó todo el relato del pacto PSOE y Junts, de tal modo que la ponencia de la vicepresidenta del Constitucional que la avala, bajo la aquiescencia de Cándido Conde Pumpido, no puede prosperar en modo alguno porque sería tanto como convalidar el acuerdo de un corrupto (además del otro, ya condenado por sentencia firme) descrito como tal por el propio presidente del Gobierno. Y, por el contrario, cobra todo su sentido el texto de las 'observaciones' de los agentes jurídicos de la Comisión de la Unión Europea (pinchar aquí para su lectura íntegra), Céline Valero y Carlos Urraca Caviedes, que consideran la norma como una autoamnistía con un propósito meramente transaccional que infringe la seguridad jurídica y el principio de igualdad y no se aviene con el Estado de Derecho, contraviniendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Conde Pumpido ha de suspender la deliberación de la ponencia, atender a la petición de los magistrados que han solicitado esperar a que sobre la ley resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y encargar un futura propuesta de sentencia sobre la constitucionalidad de la ley a otro magistrado del órgano de garantías constitucionales. Porque, de lo contrario, él como su presidente queda deslegitimado al validar un texto normativo urdido por dos delincuentes en beneficio de un presidente ilegítimo y fallido en lo político, desde luego, pero, además, en lo ético, en lo estrictamente democrático. La amnistía negociada por Santos Cerdán es tan intolerable como sus muy posibles delitos de cohecho y de pertenencia a una organización criminal.