Los empresarios (y la OPA) en el 'momento Weimar' de Pedro Sánchez

España es una sociedad ahora sin fuerzas vivas. Una de ellas, el empresariado, parece haber renunciado al protagonismo que le corresponde en un modelo social y político liberal. Por eso, si el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) desiste de seguir adelante con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones del Banco Sabadell, Carlos Torres y el consejo de administración que preside sentenciarían a favor de Pedro Sánchez la batalla que el socialista ha emprendido contra los empresarios españoles. Solo dos le han hecho frente: Rafael del Pino, que trasladó la sede de Ferrovial a los Países Bajos el 13 de abril de 2023 y Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, que tachó de franquista a Sánchez en un artículo publicado en el diario El País el 17 de marzo pasado y desbarató el plan de la Moncloa para montar a su costa una televisión en abierto.

La decisión del Gobierno de prohibir tres años la fusión del BBVA y del Sabadell, con posible prórroga a cinco, es de carácter político partidista y no técnico, a pesar de las explicaciones rebatibles que se contienen en los 25 folios que motivan la medida. Bastaban y sobraban las limitaciones (remedies) que impuso a la operación, por unanimidad de sus miembros, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Basándose en un concepto jurídico indeterminado de la Ley de Defensa de la Competencia, el ‘interés general’, el Gobierno ha establecido una prohibición de fusión que tiene potencial para desincentivar que la OPA del BBVA llegue hasta la consulta de los accionistas del Sabadell. El mantenimiento durante tres o cinco años de la prohibición de la integración plena de las dos entidades priva, en parte, de las sinergias que estimulaban financieramente la operación, aunque no haya constituido para el BBVA un escenario impensable dada la hostilidad gubernamental a la iniciativa

El Sabadell, con su consejero-delegado a la cabeza, César González Bueno, ha defendido la autonomía del banco vallesano frente al vasco (nominalmente vizcaíno) metiéndolo en la trinchera identitaria catalana. Los compañeros de viaje del Sabadell son los que son: Junts, ERC, pero también, y, sobre todo, y aunque parezca contradictorio, la burguesía barcelonesa aunada en torno a Foment del Treball y el Cercle d’Economia. Y al frente del batallón, Salvador Illa, el gran elector del socialismo español. El presidente desveló su propósito contrario a la OPA en un acto en Barcelona ante la nomenclatura empresarial del lugar, ahíta de beneficios estatales que sustituyan su propia incapacidad y enrabietada por la dinámica arrolladora de Madrid.

Para llegar a la actual situación, el presidente del Gobierno se ha comportado con su arbitrariedad habitual. Primero, ha evaluado su estabilidad en el poder —que depende del PSC y de las bolsas electorales de Cataluña—, luego ha orillado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el órgano regulador, después ha introducido la variable populista —una consulta pública alegal a la que han acudido hasta 65.000 personas físicas y jurídicas sin tener que acreditar su legítimo interés en el asunto— y, por fin, ha golpeado al BBVA en el aspecto más sensible: la rentabilidad financiera. Como es también habitual, le han importado un comino las advertencias —que casi siempre se quedan en lo declamatorio— de la Unión Europea. Pedro Sánchez ya ha quemado sus naves en el ámbito internacional tras la cumbre de la OTAN en La Haya, de modo que otro conflicto con Bruselas no le plantea inconveniente alguno. A fin de cuentas, el sacrificio de su reputación en el extranjero le compensa porque se mantiene en la Moncloa. La corrupción en su partido, sabida y por saber, no le permite resolver su contrato de inquilinato con la vivienda monclovita. Por lo demás, si el BBVA impugna el acuerdo del Consejo de Ministros, la sentencia del Supremo —échenle un par de años— le ejecutará otro Gabinete.

TE PUEDE INTERESAR

Crisis del PSOE y opa al Sabadell: todos los que se oponen ganan influencia sobre Sánchez

Óscar Giménez

La colonización empresarial por el Gobierno es ya otro episodio del sanchismo. Después de aquellos cursos de vino y rosas que Sánchez abría en la Casa de América con los gestores de las mayores empresas españolas, ha venido el reflujo: si no son dóciles, serán incluidas en la lista negra. Y ahí están las eléctricas a las que se responsabiliza también del apagón del 28 de abril pasado, cuando es público, notorio y reiterado que el cero energético se debió al operador, Red Eléctrica Española (Redeia), cuya presidenta, para mayor escarnio, será reelegida mañana en una junta general de accionistas telemática que incorporará al consejo de administración a perfiles igualmente próximos al Gobierno. Muy parecidos al de Beatriz Corredor.

La destitución fulminante del presidente de Telefonica, José María Álvarez Pallete en enero pasado, comunicado por el responsable de la oficina económica de la presidencia del Gobierno y en la mismísima Moncloa, ha exigido al pastueño Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno solicitar ‘explicaciones’ sobre ese procedimiento de sustitución que arrebató al consejo de la empresa y a su junta general sus facultades decisoras. Las protestas empresariales, si es que se han producido, han resultado inaudibles. Pero es que con la militancia interventora de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y el escudo antiopas con el que se ha pertrechado el Gobierno, la parálisis empresarial va en aumento y podría culminar con el desistimiento del BBVA en su iniciativa de hacerse legítimamente, si así lo decidieran sus accionistas, con el banco Sabadell.

TE PUEDE INTERESAR

Una opa convertida en moneda de cambio política entre Madrid y Cataluña

Marcos Lamelas. Barcelona

Sería la última fase de la rendición agónica de la relevancia social y política del empresariado español, que está confundiendo la prudencia con el miedo y la cautela con la obediencia. No basta con que las únicas excepciones a esta regla de sumisión hayan sido las aisladas decisiones de Ferrovial y de Prisa y la valiente carta pública de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, contra el populismo fiscal, ni el cese de Ángel Simón como primer ejecutivo de Criteria para evitar que el Grupo La Caixa respondiese a las estrategias de la Moncloa. Y no basta porque, si el año que viene sigue en el cargo Sánchez, los empresarios acudirán a su convocatoria en Davos en el cuarto de las escobas de amargo recuerdo para la imagen de gentes tan principales como inocuas con el poder político.

No se ha enterado la clase empresarial —tampoco otras— que la sentencia sobre la amnistía, una resolución que deslegitima el sistema constitucional de 1978 y lo reescribe, sitúa a Sánchez en su ‘momento Weimar’ al habilitarle con poderes exorbitantes como ocurrió en la Alemania del ‘Síndrome 1933’ (lean ese ensayo de Siegmund Ginzberg) porque el TC español ha derogado los principios de previsibilidad y seguridad jurídicas mediante una mutación constitucional, dando carta blanca a un gobierno de coalición negativa y estableciendo un feroz presidencialismo extraño a nuestro inicial modelo parlamentario.