Cerdán no es solo Cerdán, sino también la quintaesencia de la falsedad en la que se basa el 'Gobierno progresista', el régimen sanchista, que él se jactó haber negociado aunando así autocracia con cleptocracia, una combinación constante
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Pablo Garrigós)
El fiscal jefe especial de Anticorrupción, con categoría de fiscal de Sala, Alejandro Luzón, solicitó ayer la prisión sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE hasta hace solo 18 días. El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, instructor del caso, Leopoldo Puente, acordó la medida cautelar en un auto de 19 páginas(pinche aquí para su lectura íntegra) en el que considera que el estrecho colaborador de Pedro Sánchez, que negoció su investidura con Junts -y, por tanto, la amnistía- y con Bildu y PNV, podría ser autor de tres delitos (pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho) de los que existen ‘notabilísimos indicios’, también calificados de ‘extraordinarios’ y ‘consistentes’. Añadió el magistrado en esa resolución que Santos Cerdán se situaría en la trama criminal ‘en una posición funcional preeminente’, razón por la cual existe el riesgo cierto de que el investigado, si permanece en libertad, pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes relevantes de prueba para su enjuiciamiento. El instructor, además, considera que Cerdán y ‘otras personas físicas o jurídicas’ podrían acumular un sustancioso ‘botín’ que él, con la imprescindible colaboración de la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se propone investigar.
En la jornada judicial de ayer, se vino abajo el régimen de Pedro Sánchez. El fiscal cumplió con su obligación de actuar conforme a los principios de ‘legalidad e imparcialidad’ (artículo 2 º de su Estatuto Orgánico) a pesar de que su superior jerárquico, Álvaro García Ortiz, es un colaborador necesario del régimen sanchista y está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. De haber tratado de impedir la petición de su subordinado, Luzón podría haber objetado la orden al amparo del artículo 27 de la norma orgánica del ministerio fiscal. El magistrado instructor, actuó como procesalmente le impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 503), motivando la prisión provisional de Cerdán en el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas. La policía judicial, en este caso la UCO, vio confirmada en el auto del magistrado la corrección íntegra de su investigación, incluida la autenticidad de las grabaciones incriminatorias. El investigado ejerció en plenitud el derecho de defensa al optar por contestar solo a las preguntas de su abogado, pero no a las del fiscal, de las acusaciones y del propio juez.
Para que no haya dudas: Cerdán no ingresó en Soto del Real por su soflama conspirativa; ni por confesar paladinamente que negoció la amnistía con Puigdemont, ni la investidura de su jefe, Sánchez, también con los nacionalistas vascos. No fue enviado a prisión provisional por declararse ‘progresista’ y negociador de un gobierno así adjetivado. Fue remitido a la cárcel por presunto ladrón y porque sus mentiras hacen suponer consistentemente que de seguir en libertad tendría capacidad para granjearse la impunidad destruyendo pruebas porque, se infiere, que si él no se enriqueció quizá el alcance del caso sea aún mayor: la financiación ilegal del PSOE. Porque ¿para quién era ‘el botín’ al que se refiere el magistrado instructor? Habrá pronta respuesta a semejante y pringosa cuestión.
Ayer, en consecuencia, salió de su letargo el Estado de Derecho (artículo 1 de la Constitución) y se quebró el espinazo a la autocracia de Pedro Sánchez que, como todo autoritarismo, se ha combinado, ahora lo sabemos, con una cleptocracia. Por eso, la estrategia procesal del abogado independentista catalán de Cerdán, Benet Salellas, fue paupérrima, similar a las de los presos llamados ‘políticos’, al estilo de las que escuchó el magistrado Pablo Llarena durante la instrucción del procés. Creer que en sede judicial iba a funcionar una inventiva mitinera según el paradigma de las falsedades sanchistas, resultó el ejemplo acabado de la irrealidad en la que viven, además del presidente del Gobierno, ayer con aspecto cadavérico e impostado, todos sus adláteres a los que las piernas les comienzan a temblar. Motivos tienen porque el auto de Leopoldo Puente, en sintonía con la petición del fiscal, es una auténtica bomba-racimo. En lo estrictamente legal, desde luego. Pero también en lo estrictamente político, porque Cerdán no es solo Cerdán sino también la quintaesencia de la falsedad permanente en la que se funda el ‘Gobierno progresista’ que él facilitó con la ayuda, así lo dijo, del amigote y socio, Joseba Antxon Alonso, enlace con Bildu y el PNV, negociando también la impunidad de los golpistas, auténtica razón de la norma que el jueves pasado Cándido Conde Pumpido -uno de los personajes con menos vergüenza y dignidad de la clase política nacional- validó con ditirambos en el Tribunal Constitucional. Prisa tenía en dictar la resolución y ahora se atisban las razones de la precipitación que con tanta puntería denunció el magistrado Enrique Arnaldo.
A Sánchez le han sugerido salidas a su laberinto: que no se presente a las elecciones generales, que intente una operación Draghi para mantener la legislatura hasta 2027, que haga una crisis radical de su Gabinete… Incluso que convoque comicios legislativos. Su suerte, sin embargo, ya no depende de él. O más exactamente, ayer perdió las riendas de sí mismo y del PSOE con el encarcelamiento de Cerdán y la devolución a la jueza Biedma, de Badajoz, de la causa de su hermano David, al estimar que el lacayuno Miguel Ángel Gallardo ha incurrido en un inválido y fraudulento aforamiento para dilatar el procedimiento penal, mientras la Audiencia Provincial de Madrid, al confirmar en buena parte la instrucción del juez Peinado sobre Begoña Gómez, hizo más verosímil su enjuiciamiento por tráfico de influencias y apropiación indebida.
Además del síndrome de Narciso, que ya acreditadamente padece el dirigente socialista, sus colaboradores sufren otro descrito por Étienne de la Boéti en su ‘Discurso sobre la servidumbre voluntaria’. Lo trae a colación muy oportunamente Luis Haranburu Altuna en su ensayo titulado Suicidio de España. Si pretenden entender la sumisión de los Bolaños, Montero, Lópeces y demás a los dictados del amo, leer al clásico francés ilumina sobre el porqué de la sugestión de los autócratas sobre sus siervos. Por eso tardan en caer. Pero, como Sánchez, caen. En el PSOE ha comenzado ‘el juego del calamar’.
El fiscal jefe especial de Anticorrupción, con categoría de fiscal de Sala, Alejandro Luzón, solicitó ayer la prisión sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE hasta hace solo 18 días. El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, instructor del caso, Leopoldo Puente, acordó la medida cautelar en un auto de 19 páginas(pinche aquí para su lectura íntegra) en el que considera que el estrecho colaborador de Pedro Sánchez, que negoció su investidura con Junts -y, por tanto, la amnistía- y con Bildu y PNV, podría ser autor de tres delitos (pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho) de los que existen ‘notabilísimos indicios’, también calificados de ‘extraordinarios’ y ‘consistentes’. Añadió el magistrado en esa resolución que Santos Cerdán se situaría en la trama criminal ‘en una posición funcional preeminente’, razón por la cual existe el riesgo cierto de que el investigado, si permanece en libertad, pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes relevantes de prueba para su enjuiciamiento. El instructor, además, considera que Cerdán y ‘otras personas físicas o jurídicas’ podrían acumular un sustancioso ‘botín’ que él, con la imprescindible colaboración de la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se propone investigar.