El autogolpe de Conde-Pumpido

Jordi Turull, condenado en firme por malversación de caudales públicos y secretario general de Junts, ha reconocido que él participó directamente en la redacción de la ley orgánica de la amnistía. Santos Cerdán, investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, ahora en prisión provisional, ha reconocido ante el juez el pasado lunes que él negoció la amnistía en su condición de secretario de organización del PSOE porque era imprescindible para obtener los siete votos de Junts en el Congreso para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno.

La sentencia del TC del pasado 26 de junio, presidido por Cándido Conde-Pumpido, es tan grave por el amparo de constitucionalidad que ofrece a la ley de amnistía como por la habilitación de poderes al Parlamento -es decir, al Gobierno- para que en lo sucesivo disponga sin limitaciones sobre todo asunto que directa o indirectamente no prohíba la Constitución. Una habilitación reforzada por otro argumento según el cual, el control de constitucionalidad no puede abordar las intenciones del legislador. Paradójicamente, el texto de la resolución no tiene inconveniente en hacerlo, sin embargo, evaluando los, a juicio de su redactora y los otros cinco magistrados que respaldaron la sentencia, propósitos tan positivos de la impunidad de los golpistas como el de la reconciliación, la normalización y otras zarandajas en Cataluña. La mayoría sanchista en el TC se abstrae de la realidad para blanquear la transacción que le exigieron los socios separatistas al PSOE en noviembre de 2023.

Socios que no se han cortado un pelo en escarnecer al investido presidente por la victoria política que supone la amnistía y por la reiteración asertiva de que lo ‘volverán a hacer’ (la declaración independentista) en cuanto dispongan de la oportunidad más conveniente. Además, suponen, y suponen bien, que la amnistía es una ‘meta volante’ pero que, con la sentencia del Constitucional en la mano, y tienen razón, se puede formalizar de manera rápida y efectiva un referéndum de autodeterminación y, por el camino, el establecimiento de un concierto económico para Cataluña avanzando así en el diseño de un sistema confederal. Ni lo uno ni lo otro lo prohibiría expresamente la Constitución. Ambas iniciativas ya están en la cartera de Sánchez como remedios para escapar del pozo séptico en el que él, su partido y el Gobierno están metidos hasta las trancas.

Ya hemos aprendido por numerosas reflexiones ensayísticas que el ocaso de las democracias no se produce ahora mediante golpes militares o asonadas violentas, sino por las mutaciones constitucionales que impulsan los dirigentes autócratas. La colonización de las instituciones -y de la más importante, la Corte de Garantías Constitucionales- es el procedimiento previo de estos personajes, Sánchez entre ellos, para obtener la respuesta dócil y reforzada del sistema a sus decisiones. Cándido Conde-Pumpido podría representar en España lo que supuso Carl Schmitt en la Alemania de los años treinta del siglo pasado y con cuyas aportaciones doctrinales se propició la derogación fáctica de la Constitución de Weimar de 1919. El politólogo alemán escribió en su Teología política que "todo orden se apoya en una decisión y el concepto de orden jurídico se apoya como cualquier orden en una decisión y no en una norma". El nazismo encontró en el decisionismo de Schmitt su teorización jurídica que luego ha inspirado a los populistas Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, autores bien conocidos por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón, coautor con la belga de un librito poco consistente.

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Los procedimientos de mutación constitucional, que se amparan en una escuela de interpretación jurídica excéntrica y arbitraria como la constructivista, de la que son alumnos aventajados desde María Luisa Balaguer al propio Cándido Conde-Pumpido (cuando le conviene, porque dispone de tramos biográficos muy ortodoxos como magistrado que fue de la Sala Segunda del Supremo), son compatibles con los autogolpes, es decir, con la neutralización ‘desde dentro’ de los mecanismos de equilibrio de los poderes en un sistema constitucional liberal. Porque esta sentencia sobre la amnistía, cuyo origen está en el pacto entre un delincuente condenado y otro presunto, con un objetivo torticero (poder a cambio de impunidad), tramitada con sustracción del debate parlamentario (por vía de urgencia) y eludiendo los informes de los órganos consultivos (se presentó en el Congreso como proposición de ley y no como proyecto de ley orgánica del Consejo de Ministros), implica una patente de corso que Sánchez -si es que dura en la presidencia del Gobierno- no dudará en utilizar.

Este autogolpe de Conde-Pumpido, ejecutado por indicación de Sánchez, pero redactado por su mandada, Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC, jurista mediocre, ha venido precedido de otras habilitaciones al Gobierno. Y sobre todo, de dos: la primera, una interpretación laxa de las condiciones para dictar decretos ley; y la segunda, la revocación, por vía de la estimación de recursos de amparo, de resoluciones del Tribunal Supremo como sucedió en el caso de las condenas por la malversación en los ERES en Andalucía.

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La consternación en los ámbitos judiciales y académicos por la sentencia sobre la amnistía es enorme. Manuel Aragón Reyes, exmagistrado del TC, ha declarado que la Constitución ha quedado "hecha un guiñapo"; Jorge Rodríguez Zapata, también exmagistrado del órgano de garantías, ha considerado la sentencia como "una estupidez" porque los magistrados que la han respaldado han renegado de su capacidad de "razonar y de pensar"; Pedro Cruz Villalón, que fue presidente del TC, ha explicado, contrariamente a lo que se mantiene en la sentencia, que "las intenciones del legislador" han de ser evaluadas para determinar su arbitrariedad. Y en el ámbito del periodismo, Ignacio Varela ha acertado al equiparar aquí la amnistía con la corrupción y Joaquín Manso, director de El Mundo, ha explicado con pedagogía cómo Conde-Pumpido ha enterrado la Constitución.

No es cuestión de echarse a la calle como hizo en 2010 el socialista José Montilla, presidente de la Generalitat y, antes, ministro de Industria con Zapatero, para deslegitimar al Constitucional por su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía catalán de 2006, y así encender la mecha del procés, pero sí de advertir que una revocación por el TC de las resoluciones de la Sala Segunda que excluyen a los malversadores de los beneficios de la amnistía, plantearía un escenario crítico: la posibilidad de que los magistrados que apoyen esas revocaciones incurran en un delito de prevaricación, asunto sobre el que el Supremo ya advirtió. Por otro tipo penal, Conde Pumpido podría acabar, como el fiscal general del Estado, al borde del banquillo.