García Ortiz y el Gobierno, hasta el escarnio

Muy posiblemente antes de fin de año, Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos en la vista oral ante un tribunal de enjuiciamiento integrado por cinco (quizá siete) magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La investigación judicial a la que ha sido sometido, el procesamiento y su confirmación, ayer, sin que haya renunciado todavía a su cargo de fiscal general del Estado es el más grave error de juicio de García Ortiz y solo se explica por su indigna coincidencia con la contumacia del Gobierno en mantenerle al frente de la fiscalía.

No solo podría haberlo cesado el Consejo de Ministros, sino que debió hacerlo desde el mismo momento en que el juez instructor dictó el procesamiento al comprobar los indicios racionales de criminalidad (revelación de secretos) tras valorar la prueba practicada. García Ortiz era ya algo más que sospechoso de incurrir en una conducta que implicaba un "grave incumplimiento de sus obligaciones" (la confidencialidad) razón bastante, según el artículo 31 del Estatuto Orgánico del ministerio público para ser desalojado del puesto que ocupa.

Aferrarse al cargo -por decisión propia y/o por persuasión gubernamental- ha conllevado otros dos errores desastrosos para García Ortiz. Por una parte, valerse para su defensa de la Abogacía del Estado, el servicio jurídico del Gobierno bajo la dependencia del ministerio de Justicia y cuyo abogado general, con despacho en la Moncloa, reporta a Félix Bolaños. Por buenas razones tanto el fiscal Diego Villafañe, su hombre de confianza en la secretaría técnica de la fiscalía general, inicialmente imputado, como la bien parada Pilar Rodríguez, fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, para la que se archivó ayer el procedimiento, renunciaron, aquel en enero y ésta el pasado mayo, a la asistencia letrada de la Abogacía del Estado para encomendársela a abogados privados y de su entera confianza, sin conexiones administrativas ni políticas con el Gobierno.

Por otra parte, ha sido un error redundante y mayúsculo de García Ortiz que la segunda autoridad jerárquica del ministerio fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, haya asumido la causa no para acusar, sino para comportarse como una diligente defensora de su conducta. Entre el fiscal general y su subordinada han representado en el procedimiento una auténtica astracanada procesal que ha provocado perplejidad en la carrera fiscal, pero también en la propia magistratura y, por supuesto, en la abogacía cuyo colegio profesional, el de Madrid, el más numeroso de España, ejerce en este caso la acusación popular, dato este que dota al procedimiento de un calado muy particular porque concurre también con la acusación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

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El auto dictado ayer por la Sala de Apelaciones de la Sala Segunda del Supremo es sólido porque, siendo como es una resolución interlocutoria, en consecuencia, no definitiva, resulta convincente en la exposición de los indicios que conducen a García Ortiz al banquillo. Uno de los más concluyentes, pero no el único, es la destrucción de pruebas (borrado del contenido en los dispositivos digitales) que para el instructor y para dos de los tres magistrados de la Sala de Apelación, ha resultado incriminatoria, advirtiendo que en ese comportamiento podría basarse una condena, según criterio del Tribunal Constitucional (pinchar aquí para leer la sentencia íntegra mencionada por la Sala de apelaciones) amparado, a su vez en otra resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La secuencia de otros indicios conduce a la confirmación del procesamiento, en el bien entendido que en la vista oral que se celebre se plantearán de nuevo todas las pruebas practicadas, documentales, testificales y periciales y que evaluarán no ya uno, ni tres, sino cinco o siete magistrados.

En cualquier caso, García Ortiz sabía, o debía saberlo, que su clandestina, voluntaria, y cronológicamente sospechosa destrucción de sus mensajes digitales en distintos soportes constituyó un error total si lo que pretendía era acreditar su inocencia, por más que goce, ya disminuida, de su presunción hasta que no medie sentencia firme. Por lo demás, el registro en los dispositivos de destino de alguna de sus órdenes y el contenido de determinados comentarios (la alusión al ‘relato’ que perdería la fiscalía), le delatan de manera directa. Pilar Rodríguez, la fiscal-jefe de Madrid, exonerada, mantuvo íntegro en su móvil el cruce de mensajes con su superior, García Ortiz.

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El voto particular del magistrado Andrés Palomo se sustenta en un episodio que en el juicio oral debiera aclararse por completo: la intervención muy demorada de periodistas en la causa cuyas decisiones profesionales parecen contradictorias. Dijeron tener la información que ha llevado a García Ortiz al banquillo, pero, curiosamente, no la publicaron de inmediato, y se guardaron la cronología de su obtención hasta transcurridos varios meses desde que el fiscal general fue imputado.

En conclusión, el enjuiciamiento ya irremediable de Álvaro García Ortiz, solo ofrecía una duda: si sería juzgado como fiscal general del Estado -lo cual será ignominioso y quizá provocará una reacción severa de la Unión Europea- o como un fiscal, bien suspendido de sus funciones, bien en excedencia. Hasta esta situación inédita ha llegado el deterioro regimental de nuestra democracia constitucional en manos del sanchismo. Como era previsible, el propio Sánchez se encargó de comunicar el escarnio a la decencia desde Marivent, residencia de vacaciones del Rey: mantendrá en el cargo de fiscal general del Estado a un presunto delincuente. Nuestra democracia sigue inerme ante el autócrata.