La España federal, alternativa al desastre autonómico

La Constitución de 1978 solucionó, no sin dificultades, tanto la cuestión militar como la religiosa, pero no así la territorial. El Estado autonómico (en el que malconviven las nacionalidades y las regiones) ha registrado tres crisis políticas y dos de gestión. Las primeras: la propuesta del Plan del PNV de que el País Vasco se constituyese en una especie de estado libre asociado (2005); la sedición en Cataluña de 2017 que exigió la aplicación de la coerción ‘federal’ del 155; y los pactos entre el PSOE, Junts y ERC para que la comunidad catalana disponga de una financiación similar a la excepcional de los territorios forales (Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra).

Las crisis de gestión, ambas gravísimas: la gestión de la DANA en Valencia en octubre del año pasado y de la catástrofe de los incendios que se están produciendo este mes de agosto y que han afectado a más de 225.000 hectáreas (350.000 en lo que va de año). En las dos se ha librado una pelea política insomne entre la derecha en los gobiernos autonómicos y las izquierdas en el Gobierno que no ha respetado los derechos de la ciudadanía. Por encima de la tragedia, la comedia política.

El Título VIII de la Constitución (‘De la organización territorial del Estado’) fue fallido desde 1979, cuando Andalucía quiso incorporarse a las comunidades que accedieron a la autonomía de manera preferente y lo logró. Aquel malestar fue premonitorio de otros que han desembocado en uno generalizado que cuestiona abiertamente el modelo territorial. Los constituyentes optaron por un Estado autonómico de perfiles imprecisos, interpretables, abierto y siempre disponible en términos de asunción de competencias. Cuarenta y seis años después muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña y en tramitación en el País Vasco, disponen de un segundo Estatuto que, no obstante, no ha evitado que los nacionalismos vascos y catalán, con sus derivadas secesionistas, se fortalezcan; que ocurra algo parecido con el gallego (segunda fuerza política en las últimas elecciones territoriales de febrero de 2024), y que en la Comunidad Valenciana y en Baleares también se registren pulsiones centrífugas.

No hay Constitución perfecta. Todas requieren un cumplimiento leal a su espíritu. Pero, si además de la deslealtad, concurre, como sucede en nuestro país, una organización territorial de contornos competenciales indefinidos parece obvio que habría que hacer una reforma a fondo del Título VIII de la Carta Magna. Y la única vía para hacerlo es avanzar en la federalización de España. A ese concepto le tiene pavor casi visceral la derecha, y la izquierda no quiere regresar a su vocación federal.

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La ignorancia sobre lo que supone federalizar el país es colosal, en particular, en la derecha. Cuando se federaliza (lean aquí al catedrático López Basaguren, especialista en esta materia) se mantiene la soberanía única, la unidad territorial, la monarquía parlamentaria y se garantiza mejor el principio de igualdad, de corresponsabilidad, de solidaridad y de claridad competencial. Los ejemplos de Alemania, de Suiza (que pasó de la confederación a la federación), de Canadá, de Austria o Bélgica, son expresivos de la eficacia política y gestora de las federaciones.

Del proyecto de Constitución Federal de la I República (1873-74) y que no llegó a aprobarse hay que recordar su artículo primero según el cual "componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas". El fundamento de aquel proyecto era la Nación española, como lo fue en la Constitución de la Restauración (1876) y de la II República de 1931 ("La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones"). Sigue siéndolo en la de 1978 pero conforme a un mecanismo de descentralización del poder que se ha demostrado -y no solo por deslealtad e infidelidad al espíritu de la norma- ineficaz cuando llegan los momentos críticos.

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En este Estado autonómico el Senado no funciona como cámara territorial, carece de eficaces instituciones de colaboración (Conferencia de presidentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera, Comisiones sectoriales) entre el Gobierno central y los autonómicos, no existe tampoco previsión para colaboración horizontal (entre territorios autonómicos) y la excepción foral del País Vasco y Navarra solo sería ya asumible si el cupo (respetando el concierto económico) se complementase con una cuota de solidaridad que corrigiese la desigualdad que propicia el reconocimiento de derechos históricos en la disposición adicional primera de la Constitución. La atribución competencial está, además, permanentemente abierta.

El futuro de España no está en regresar al centralismo ni en migrar a una imposible confederación, pero tampoco en permanecer en este viscoso modelo autonómico. La federalización del Estado, a través de una reforma constitucional no agravada del Título VIII, solventaría, al menos en buena medida, el pandemonio en el que se desarrolla la gestión pública en nuestro país. Hay que recuperar los principios de lealtad democrática y constitucional, pero hay que soportarlos en un modelo jurídico-administrativo que no aliciente, como el de ahora, la insaciabilidad de los nacionalismos, el trampeo competencial y la irresponsabilidad política. Con un modelo federal seguirá habiendo catástrofes de todo tipo, pero España estaría mejor preparada técnicamente para prevenirlos y gestionarlos de manera muy diferente a la actual.

Lea la derecha ‘De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista’ de Salvador de Madariaga y la izquierda ‘Numancia errante. La idea de España en el exilio republicano’ de Juan Francisco Fuentes. De esas lecturas, entre otras muchas, se deduce que una España federal puede estar más unida que bajo cualquier otro modelo territorial y las administraciones públicas ser más eficaces, sin imponer el todo a las partes, ni las partes al todo.