Romper así el calendario 2027 de Pedro Sánchez

Ni Sánchez presentará una cuestión de confianza, ni se la exigirán, de momento, sus socios. Junts la retiró tras persuadirle la Moncloa con promesas vanas. Allá ellos. Tampoco la reclamará ERC a pesar de que la ‘financiación singular’ de Cataluña, pactada con el PSOE en el mes de noviembre de 2023, es, simplemente, un desiderátum. Feijóo no presentará una moción de censura y sus razones son sólidas porque el debate parlamentario sería el punto de apoyo de la palanca que Sánchez necesita en este momento exacto de putrefacción de la legislatura.

Sin embargo, la muy honda crisis de constitucionalidad que el Gobierno ha provocado; la ausencia de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo; el embate contra jueces y tribunales; el avance implacable de los casos de corrupción que envuelven en indignidad a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno (y, por lo tanto, también a él), el próximo enjuiciamiento del fiscal general del Estado, la alarmante gravedad del proceso a Ábalos y Cerdán y la ruptura de la izquierda a propósito del plan de Trump para Gaza, obligan al Partido Popular a lo que coloquialmente se denomina ‘mover ficha’. Y solo hay una manera de hacerlo: romper el calendario de Sánchez, hacer desaparecer su horizonte de 2027, cambiar el ritmo de los acontecimientos e introducir un fortísimo revulsivo social y político.

¿Cómo? Empleando su poder territorial. Las autonomías gobernadas por los populares -con la excepción de Madrid que dispone de un extraño mecanismo para precipitar el adelanto electoral sin abrir con ello una nueva legislatura, según el artículo 21 de su Estatuto- y que prevean en sus respectivos Estatutos la facultad de convocar elecciones anticipadas por el presidente de la comunidad, deberían llamar a las urnas. Porque esperar a la fecha de conclusión de las legislaturas -en muchos casos, 2027- es jugar en el marco temporal que desean Sánchez y el Gobierno de coalición. Por otra parte, las dificultades para aprobar en algunos territorios los presupuestos sin el concurso de Vox (es el caso de seis comunidades), añade un motivo adicional para una precipitación de los comicios autonómicos. El caso de la Comunidad Valenciana es muy singular por la situación que se vive tras la dana del pasado año y, acaso, por la conveniencia de sustituir en la cabeza de lista a Carlos Mazón por una personalidad menos controvertida.

Feijóo y los barones (y las baronesas) populares firmaron el pasado domingo ‘La declaración de la Región de Murcia’ fijando una sensata posición respecto de la inmigración que va a ser una asignatura de la que la ciudadanía va a examinar a los partidos en todos los procesos electorales que se convoquen, incluso los locales que se celebrarán (no pueden desplazarse) en mayo de 2027. La política sobre inmigración que ofrece el PP se parece mucho más a la que despliegan los socialdemócratas británico Keir Starmer y la danesa Mette Frederiksen que a la italiana Meloni, lo que ha desconcertado a Vox y al PSOE. Haría falta que los populares perfilasen más y mejor políticas de liberalización y desburocratización en la línea de la reflexión que esgrimió en su artículo semanal el director de este periódico, Nacho Cardero.

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Obturadas todas las salidas constitucionales y constatada la voluntad de atrincheramiento de Sánchez en la Moncloa, solo cabe aplicarle la terapia indirecta de que los resultados territoriales sean un espejo de su fracaso. Jorge Azcón, presidente de Aragón, pronosticó ayer en una entrevista con Carlos Herrera y Jorge Bustos en la COPE, que los resultados del PP en la región serían, de convocarse elecciones, ‘históricos’. Además, la convocatoria anticipada obligaría a una crisis de Gobierno: Pilar Alegría tendría que pelear por su candidatura en Aragón y María Jesús Montero por la suya en Andalucía. Los otros tres ministros candidatos podrían quedar a resguardo: López en Madrid, Morant en Valencia y Torres en Canarias. Pero bastaría mover la silla a las ministras de Hacienda y Educación para romper la petrificación de la situación a la que aspira la Moncloa ayudada por ‘espontáneos’ de la cuadrilla de Tezanos que, como Iván Redondo -el mismo que aseguró que Yolanda Díaz podría ser presidenta del Gobierno- augura ahora, contra todo el consenso demoscópico, el hundimiento del PP, los buenos resultados del PSOE y los magníficos de Vox que sirven para la movilización de la izquierda.

El contexto internacional y los procesos judiciales que cercan a Sánchez y a su partido, oprimen al Gobierno y restan margen de maniobra al presidente que ya ni dentro ni fuera dispone de asideros argumentales. Su inmediata aceptación del plan Trump-Netanyahu para Gaza arroja interrogantes sobre decisiones tan precipitadas como el decreto-ley de embargo a Israel (que no será convalidado en el Congreso) o la retirada de RTVE del Festival de Eurovisión que no expulsará del elenco de participantes a la televisión pública israelí.

Opinión

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En cuestión de días, acaso semanas, van a irrumpir decisiones judiciales impactantes: el señalamiento del juicio oral del fiscal general del Estado, también el de David Sánchez y la confirmación de que, a reserva de la apelación que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid, Begoña Gómez deberá someterse al veredicto de un jurado. Incidir en este panorama con un adelanto territorial que llame a las urnas a más de doce millones de electores, quebraría, probablemente, la hoja de ruta numantina de Sánchez.