Habrá gobierno al peso del PP-Vox (el futuro de Sánchez & Gómez)

Una de las huellas de Sánchez en la política española, además de su chabacanería, será la ruptura de las coherencias ideológicas y políticas. Por esa razón, entre otras varias, habrá un gobierno del PP con Vox (o en todo caso, un pacto de legislatura). Y lo habrá, siguiendo la lógica sanchista. Ahí está la hipótesis comercial del Grupo Redondo según la cual el PSOE aventaría a un PP que, no obstante, haría holgada mayoría absoluta en el Congreso con los escaños de Vox, que los incrementará con el apoyo de anteriores electores de izquierda. Es el signo de los tiempos.

No pasaría nada, porque el PSOE gobierna a pesar de que, y eso ocurre por primera vez en democracia, perdió las elecciones de julio de 2023 con solo 121 diputados frente a los 137 del Partido Popular. El criterio cuantitativo sanchista para hacer un gobierno al peso propalado la noche del 23-J (‘somos muchos más’) le servirá a Feijóo y a Abascal para pactar lo que sea necesario en un gobierno alternativo al actual. Tampoco habrá dificultad especial para que lo logren. Si el PSOE ha pactado con Bildu que sigue celebrando a los terroristas de ETA, si conviene con los partidos golpistas (Junts y ERC) y sus líderes prófugos y condenados (Puigdemont, Junqueras, Turull), ¿qué buenas razones impugnarían un convenio entre el PP y Vox? Ninguna en función de statu quo actual.

El nuevo Gobierno de las derechas -que lo habrá- tendrá muchas dificultades para acordar políticas. Pero no pasará nada especialmente grave, incluso si uno o dos años no se presentan los Presupuestos Generales del Estado. Y si hay que derogar por la vía rápida leyes que a las derechas les parezcan perjudiciales tampoco será necesario que el nuevo Gobierno haga uso de su iniciativa legislativa aprobando en el Consejo de Ministros proyectos de ley. Le bastará echar mano del decreto-ley o de proposiciones de ley de sus grupos parlamentarios para eludir los dictámenes de los órganos consultivos. Como ahora.

Por lo demás, a medida vayan venciendo los titulares de los organismos del sector institucional de la Administración General del Estado (CNMV, CNMC, AIReF, Comisión Nacional de Transparencia, Agencia de Protección de Datos, gobernaduría del Banco de España), la mayoría absoluta del PP y Vox impondrá a sus candidatos siguiendo el mismo criterio de Pedro Sánchez desde 2018 hasta el presente. Ítem más: habrá un nuevo presidente de Radio Televisión Española que ofrecerá una programación ad hoc y, por supuesto, un fiscal general del Estado -de la carrera o jurista académico o abogado- que dispondría de un margen de maniobra tan amplio como el de Álvaro García Ortiz. El nuevo Gobierno echará también una mirada al mapa de embajadores en la OCDE, en la Unesco, en la ONU…y podría -Sánchez ya lo ha hecho- situar a personas de su confianza.

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Es probable que con las diferencias de distinto orden entre el PP y Vox, el Gobierno como tal perdiese votaciones en el Congreso. Pero tampoco importaría demasiado teniendo en cuenta que el actual Ejecutivo cosecha un centenar de reveses sin que se le altere el ritmo cardíaco. Por lo demás, si hay jueces que empapelan a miembros del Consejo de Ministros o a cargos orgánicos de los partidos gobernantes, se pone en marcha a la abogacía del Estado para que interponga querellas por prevaricación y se impone a la fiscalía se abstenga de ejercer la acción penal. No sería en nada distinto a lo que ahora ocurre. Y si todo lo anterior es posible ahora, ¿por qué no habría de serlo después?

Las reglas del sanchismo -que son las de la arbitrariedad- podrían perpetuarse en una futura mayoría parlamentaria formada por el PP y Vox. Por mucho que ambos partidos se detesten, no será tanto como lo hacen el PNV y Bildu entre sí, o Junts y Puigdemont con ERC y Junqueras, y ambos con la emergente Aliança Catalana. Por no hablar de los odios implosivos en la extrema izquierda cuyas piezas cuesta reconocer en su dinámica de fragmentación. Por lo demás, es posible que Isabel Díaz Ayuso discrepe de la Moncloa de Feijóo o del vicepresidente Abascal, pero será difícil que llegue al grado de disidencia de Emiliano García Page. Pesará mucho la Comunidad de Madrid y la de Andalucía en el nuevo gobierno, pero ¿tanto como Cataluña en el actual? No, salvo que la capital pida un tratamiento financiero de cupo o lo haga la Junta que seguirá presidiendo Moreno Bonilla. No pasaría nada, porque si ahora nada ocurre ¿por qué habría de ocurrir en el futuro?

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Los criterios cuantitativos sobre los cualitativos llevan en la política a este escenario democráticamente perverso. Pero, de suceder, lo habrá querido la izquierda ‘progresista’ en estos siete años largos de sanchismo. Obviamente, si el futuro inmediato resultase una continuación antagónica, pero continuación, de las legislaturas de Sánchez, la democracia habría volado por los aires que es lo que ahora sucede. Por eso, el gobierno de las derechas tendrá que comportarse, por difícil que resulte, de modo por completo diferente al actual: restableciendo la Constitución, rehabilitando los usos democráticos, reformando mediante leyes orgánicas el desdichado Título VIII de la Carta Magna y devolviendo la dignidad arrebatada a la política.

En cualquier caso, dese por seguro que, si la suma de los escaños del PP y Vox llega a 176 o más, formarán gobierno. Es inimaginable que con mayoría absoluta de las derechas el sanchismo tenga una sola posibilidad de reproducirse. Y Pedro, lo sabe. Por eso convocar elecciones anticipadas será para él la última y más traumática opción. No podrá discursear la noche electoral con el ‘somos muchos más’, una adición a bulto que se ha cargado los más elementales rudimentos del sistema parlamentario constitucional. Corrupción conyugal y sórdida aparte que ayer, además, marcó un nuevo hito para el que Sánchez deberá tener el ánimo que, en plan macarra, espetó a Feijóo: la Universidad Complutense se personó como perjudicada en el caso de Begoña. Mal pronóstico para el futuro de Sánchez & Gómez.