El 'golpe' del fiscal y el escrache a la presidenta

Hace ya días que expiró la esperanza de que Álvaro García Ortiz renunciase a su cargo de fiscal general del Estado para no sentarse mañana en el banquillo ostentado tal condición institucional. Se va a consumar un precedente destituyente (otro más) porque si el titular del Ministerio Público, órgano de relevancia constitucional, sigue siéndolo mientras es juzgado por un delito profesional (revelación de secretos) y arrastra con su comportamiento presuntamente delictivo a la alta condición de la que está investido, la interpretación es inequívoca: se desea, por el Gobierno y por García Ortiz, echar un pulso al Poder Judicial. Se desafía (‘¡a ver si se atreven!’) a que la administración de la justicia, que corresponde al tribunal de enjuiciamiento de la Sala Segunda del Supremo, se enfrente a una contradicción difícil de soportar, por inverosímil en cualquier sistema democrático.

La buena noticia es que los siete magistrados que juzgarán están conjurados en la imperturbabilidad, porque dictarán su fallo sin que la responsabilidad institucional que a todo trance mantiene el acusado se convierta en un argumento, ni eximente ni inculpatorio. La resiliencia de los jueces y tribunales en España y su ceñida adhesión a los principios constitucionales que rigen en la justicia son, con el papel moderador de la Corona y los contrapoderes sociales (entre ellos, la prensa libre), las últimas pruebas de vida de la cada vez más escasa realidad democrática nacional.

Pero este golpe destituyente es un baldón histórico para el Gobierno que preside Sánchez y para el Partido Socialista Obrero Español que le permite a su secretario general comportarse como "un César" en expresión del exministro de Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla. Estos puñetazos en el hígado de la Constitución están dejando lesiones irreversibles. El que le propina un fiscal general en el banquillo es el más obsceno, aunque los golpes de un Gobierno sin Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos, en minoría parlamentaria y cercado su presidente por casos de corrupción sean igualmente brutales.

Pero algo nos enseña este lamentable episodio: que Álvaro García Ortiz, sea condenado o absuelto, es un funcionario de la carrera fiscal indigno de desempeñar la jefatura de aquellos que deben velar por el cumplimiento de la ley y la independencia de los tribunales, entre otras misiones constitucionales. Es él quien hubiera podido evitar este espectáculo imponiendo su voluntad de renuncia al afán táctico de permanencia del Gobierno. Concurren, en consecuencia, la débil autoestima del presunto delincuente con la constante voluntad gubernamental de derogar factualmente la Constitución. Y se produce, por si fuera poco, una situación de agravio: todos y cada uno de los fiscales bajo su jerarquía estarían obligatoriamente suspendidos desde el momento en que se abriese el juicio oral según el artículo 145 del reglamento de su Estatuto orgánico. García Ortiz, por su cargo, se encuentra en situación de ‘servicios especiales’ por lo que no le es de aplicación el mandato, lo que introduce en el caso un factor más de arbitrariedad y prepotencia.

Opinión

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Antonio Casado

Este esperpento se añade al catálogo de los que protagoniza desde noviembre de 2023 un autodenominado ‘gobierno progresista’ que, en realidad, es el más destructivo de la democracia española desde que alboreó en 1978. Se produce, además, un auténtico escrache de los ‘progresistas’ consejeros del Poder Judicial contra Isabel Perelló, presidenta del órgano del gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. ¿Es casualidad está acumulación de broncas en torno a los jueces y tribunales? En absoluto. Isabel Perelló lo está haciendo demasiado bien, se está desenvolviendo tan dignamente en su cargo, está acertando tanto en el ejercicio de sus responsabilidades que era esperable que comenzase sobre ella el fuego graneado de los consejeros progubernamentales, frustrados, además porque uno de ellos, Carlos Hugo Preciado, se ha convertido en disidente de la facción.

A propósito de la constitución de comisiones en el Consejo General del Poder Judicial el grupo ‘progresista’ ha zaherido arbitraria y públicamente (hasta tres comunicados han emitido externalizando el debate) a Isabel Perelló. "Con su actuación", proclaman, "la presidenta ha quebrado también las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato". La nadería por la que arremeten contra la magistrada es una excusa para deteriorarla. "La presidenta del Consejo, Isabel Perelló", insisten públicamente en un inédito venteo de asuntos de discusión interna, "ha encabezado la ruptura del mandato del consenso, ignorando a los vocales que representamos el 45 % del Pleno". No es cierto, pero cuela como coartada.

La incuria ética y democrática de este ‘progresismo’ explica su impotencia y, a la vez, su rabia, su propósito de anular las reglas del juego, colonizar las instituciones, detestar la excelencia, abjurar de los principios de la decencia y hundir el sistema político. Vale tanto mantener en la fiscalía general del Estado a un presunto delincuente como, en un gesto de frustración e incompetencia, poner en tela de juicio a una magistrada que como Isabel Perelló ha logrado el respeto general. La huella de este sanchismo es como la de Othar, el caballo de Atila, que por donde pisaba dejaba tierra yerma. Así, en barbecho, están dejando estos ‘progres’ la democracia española.