El caso Marchena

Leire Díez, la fontanera del PSOE, husmeó en la vida y la trayectoria de Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante diez años su presidente. Los intentos de localizar en la biografía de este juez un manchón que arruinase su reputación han sido varios y muy torticeros y no han excluido recurso alguno. Incluso el familiar. Pero no. El juez canario, que procede de la carrera fiscal, es consciente desde hace años de que está en el punto de mira.

Marchena ha protagonizado dos episodios que le definen y que, al tiempo, representan a la judicatura española. En noviembre de 2018 renunció a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Su candidatura aunó al PSOE y al PP. Pero un imbécil (acúdase a su sentido etimológico), el senador popular Ignacio Cosidó, se permitió transmitir en un chat que con él al frente del órgano de gobierno de los jueces y en el Alto Tribunal, el PP ‘entraba por detrás en la Sala Segunda’ y en la ‘presidencia de la Sala del 61’. De manera fulminante, Manuel Marchena antepuso su dignidad a cualquier otra consideración y, a pesar de los esfuerzos por convencerle de lo contrario (ya se sabrá algún día quiénes lo intentaron) se afirmó en su decisión de renunciar. Prefirió el coste de no alcanzar la culminación de su carrera profesional (tenía entonces 59 años) al de que se pudiera albergar alguna reserva sobre su independencia e integridad.

El segundo episodio notabilísimo de su itinerario como magistrado lo protagonizó en febrero de 2019. Marchena presidió el juicio oral contra nueve líderes el proceso soberanista. La organización de aquella vista fue un hito procesal, mediático y judicial. Con la sorpresa de decenas de corresponsales extranjeros, Marchena tomó la decisión, de acuerdo con los magistrados de la Sala, de retransmitir en directo todas las sesiones de la vista. El juicio pudo seguirse sesión a sesión, sin interrupciones. Marchena, incluso, renunció a disponer de un dispositivo que, en caso de emergencia, interrumpiese la retransmisión. Ha sido tentado el magistrado para que contase las interioridades de aquel juicio histórico (un relato que sería sin duda apasionante) pero se ha negado porque Marchena, como sus compañeros de Sala, quieren mantener la deontología judicial a salvo de cualquier riesgo.

En octubre de 2019, el tribunal dictó sentencia y condenó a los procesados por sedición y malversación (la fiscalía pedía que lo fueran por rebelión). El ponente de la resolución fue Manuel Marchena que consiguió que el fallo fuese unánime y la Sala Segunda mantuviese una cohesión que permanece, sin perjuicio de la pluralidad de interpretaciones con que, legítimamente, se puede valorar una prueba o entender de aplicación una norma. Después de aquel hito judicial, Marchena ha consumado sus dos mandatos en la presidencia de la Sala Segunda rehusando por el camino ofertas sustanciosas para dejar la magistratura y rentabilizar en la abogacía su visibilidad, competencia y prestigio. Ya ha dicho y repetido que su propósito es jubilarse en el Supremo.

TE PUEDE INTERESAR

'La justicia amenazada': Marchena y sus 23 páginas para un diagnóstico demoledor

José Antonio Zarzalejos

Bajo su presidencia, la Sala Segunda del Supremo confirmó la decisión del magistrado Pablo Llarena de declarar que la amnistía no beneficiaba a los autores e investigados por el delito de malversación de caudales públicos. Marchena, de consuno con los demás magistrados, ha mantenido un criterio que hoy podría ser validado en parte por el abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, Dean Spielmann, órgano jurisdiccional de la Unión que suele seguir las ponencias del letrado que emite su opinión técnica con acreditada independencia.

Póngase en contraste (no en comparación), las actitudes de Manuel Marchena -que no serían muy diferentes a las de la mayoría de los magistrados del Supremo- con las que hoy en día se practican. Sectores poderosos de este país no soportan, sin embargo, la excelencia ética de personalidades como la de Marchena y envían a sabuesos de basurero a olisquear la mierda en la que ellos se mueven suponiendo que los demás son de igual condición moral.

TE PUEDE INTERESAR

Las cloacas del PSOE confeccionaron dosieres contra Marchena, que juzga al fiscal general

José María Olmo

Que una tal Leire, a tenor de lo que hoy ya conocemos de sus correrías, haya intervenido en el propósito de manchar a personalidades como la de este magistrado denota el hondón moral en el que han caído quienes la mandataron. Provocan vergüenza sus entradas y salidas de la sede del PSOE en Ferraz y un malestar casi físico su relación con dirigentes socialistas, entre ellos el tal Cerdán al que entregó la información de sus averiguaciones. ¿Alguien duda de que si el juez hubiese cometido un desliz no se hubiese lanzado contra él una turbamulta de denunciadores estando como está en el tribunal de enjuiciamiento al fiscal general del Estado?

El caso Marchena es infamante para el PSOE y para el presidente del Gobierno en particular. Tanto como lo que describe el propio magistrado en un relato de éxito que se publicó el pasado mes de mayo: La justicia amenazada. Ese libro se ha convertido en el espejo que devuelve la imagen del intento destituyente del Poder Judicial desde que Sánchez tomó la decisión de destruir el sistema constitucional en los pactos desleales con los secesionistas catalanes y vascos. Tampoco ese ejercicio de pedagogía social se le perdona a Manuel Marchena al que se le atribuyen, incluso, delirantes aspiraciones políticas.

El caso Marchena es, en proyección, el caso de la inmensa mayoría de los jueces y magistrados españoles. Son funcionarios del Estado falibles, pero honrados y con convicciones personales, pero independientes como de forma tan excelente, concisa y precisa ha reflejado José Juan Toharia en su último libro: El juez español. 1975-2025. Pero la honradez y la independencia de criterio en el ejercicio de responsabilidades públicas son, desgraciadamente, tan excepcionales que estorban a la hegemonía de la mediocridad que es la que prospera, avanza y se impone en determinadas clases dirigentes de nuestro país y en una sociedad amorfa de criterio.