Sánchez regresa al socialismo insurreccional

La bibliografía sobre la guerra civil y el franquismo es abundante, pero, como asegura la hispanista sueca Inger Enkvist, es más reducida la historiografía de la Segunda República, cuyo naufragio ella relata en un ensayo publicado el año pasado, explicando que se debió en muy buena medida a las actitudes del socialismo de aquel tiempo. La apuesta radical de Francisco Largo Caballero frente a los criterios prudentes de Julián Besteiro y los bandazos de Indalecio Prieto llevaron a una parte mayoritaria de la izquierda a la revolución en 1934, que fue el acontecimiento que auguró el fin del ensayo republicano y anticipó el golpe de Estado de 1936 y, a la postre, la guerra civil.

Mientras que la derecha española del siglo XIX y XX secundó pronunciamientos militares, la izquierda reventó las oportunidades democráticas mediante insurrecciones. Lo hizo durante la breve Primera República (1873-1874), que no llegó a tener Constitución aprobada; protagonizó los acontecimientos, también revolucionarios, de 1917, en pleno régimen de la Restauración, e impugnó la Segunda República desde el momento mismo que las dos derechas (la CEDA y los radicales de Lerroux) ganaron las elecciones de 1933. Pero en el bienio inicial del nuevo régimen ya hubo brotes (Casas Viejas, enero de 1933) de gravísima sublevación.

La izquierda en el exilio franquista, tal y como ha contado con maestría el historiador Juan Francisco Fuentes (Hambre de patria), realizó una decisiva introspección sobre sus errores e insuficiencias y alcanzó la transición en 1975 con un propósito decidido de no reeditar aquellos comportamientos alzaprimados y maximalistas que acarrearon tantas desgracias. La derecha franquista se deshizo en el trienio 1975-1978 para converger con los perdedores de la guerra civil en una operación histórica que consolidó la UCD y luego el PSOE de Felipe González, que logró que el socialismo español a partir de 1974 se deslizase hacia una socialdemocracia homologable a las demás europeas. Pero incluso en aquel PSOE quedaron trazas de su pasado: el 10 de septiembre de 1998 toda la dirección socialista acompañó a Barrionuevo y Vera en su ingreso en la cárcel de Guadalajara como si ambos, condenados también por el Supremo (caso GAL), fuesen héroes de la democracia. ¡Inocentes, inocentes! gritaron los concentrados.

Con Pedro Sánchez, y a propósito de la sentencia del alto tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, regresan las peores mañas de ese socialismo largocaballerista e insurreccional. El presidente del Gobierno dice no convocar elecciones, pese a su minoría parlamentaria que hoy queda de nuevo constatada en el Congreso, porque tiene que defender al país de las derechas (PP y Vox). Ese mesianismo es simétrico al del socialismo de 1934 que consideró intolerable el gobierno de Alejandro Lerroux y José María Gil-Robles. La condena de Álvaro García Ortiz es el colofón de un pulso sostenido entre el Gobierno de coalición y el Poder Judicial. Personajes secundarios del sanchismo han proferido expresiones de desacato tales como que el Tribunal ha dado "un golpe de Estado", que "diga lo que diga el Supremo, García Ortiz es inocente", que "la sentencia es una vergüenza"... y consignas similares que menudean con una banalidad peligrosísima en los medios adheridos a la labor de demolición democrática de Sánchez.

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Como ocurriera en los prolegómenos de 1934 con personalidades que avalaron la sublevación, no han faltado tampoco ahora juristas de profesión -catedráticos, magistrados eméritos- que se han pronunciado sobre la resolución sin conocer los hechos probados ni los fundamentos jurídicos de la resolución, aduciendo anomalías que no son tales: la falta de unanimidad del Tribunal (eso ocurre a menudo, y no solo en la jurisdicción ordinaria, también en el Constitucional) y el adelantamiento del fallo, que la ley permite, y con el propósito de que con el cambio de ponente (que debe ser notificado a las partes) no se filtrase.

Ahora entramos en la segunda parte del pulso de Sánchez al sistema constitucional: nombramiento de un fiscal ad hoc, Teresa Peramato, recurso de amparo en un Constitucional colonizado y, si fuera el caso, indulto. De lo que se trata es de fulminar la vigencia de las sentencias del Supremo, sea por vía de revocación por la justicia constitucional (como el caso de los ERES), o por el ejercicio del derecho de gracia (como en el caso del proceso soberanista). La inserción de nuestro país en la Unión Europea, sin embargo, añade obstáculos al propósito de Sánchez: los tribunales europeos, tanto de la Unión como el de Derechos Humanos del Consejo de Europa, funcionan y la prensa internacional ha retratado al personaje sin las lisonjas de antaño.

Opinión

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El método insurreccional del presidente, como trato de explicar por largo en La huella de Sánchez, es implosivo y progresivo. Es decir, se produce desde dentro y avanza lenta pero firmemente. Gobierna sin presupuestos (ya tres ejercicios sin ellos), sin mayoría en el Congreso, mediante pactos suscritos con delincuentes (Junqueras, Otegi) y fugados de la justicia (Puigdemont), algunos en el extranjero (el pacto de Bruselas con Junts), sin ejercer la iniciativa legislativa mediante proyectos, sino recurriendo a la excepcionalidad de los decretos leyes que se convalidan (algunos) mediante transacciones opacas, con destrozo del modelo territorial autonómico para avanzar en un funcionamiento confederal y, en fin, con la utilización permanente del engaño a su electorado (amnistía, financiación singular de Cataluña).

Y, sobre todo, gobierna Sánchez con absoluto descaro a pesar de la corrupción en su entorno familiar y en su partido, con lo que ha dinamitado el concepto democrático de la responsabilidad política, que en su caso es abrumadora y mucho más grave que la que adujo el presunto corrupto José Luis Ábalos en su discurso en defensa de la moción de censura a Mariano Rajoy. Releer la intervención de este tipo produce una sensación de perplejidad al contemplar lo que ocurre hoy en el Gobierno y en el PSOE.

La pregunta es inevitable: qué ocurrirá cuando su mujer, si es el caso, sea juzgada; qué sucederá si su hermano termina condenado. Pues que, si sigue este ritmo de erosión del sistema constitucional, se habrá consumado un proceso insurreccional protagonizado por un redivivo Largo Caballero, aunque ahora la historia se repita como farsa. Porque, a diferencia de aquel político que se hizo con el partido y con la UGT, dispuesto a todo, Sánchez es un farsante. Peligroso, pero farsante. Como se pudo comprobar en la sesión de control al Gobierno, ayer, en el Congreso.