El encubrimiento de Salazar y la justicia feudal en el PSOE

El artículo más estratégico de la Constitución de 1978 es el 14, que ayer cumplió 47 años desde que fuese refrendada, según el cual "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna" sea por la razón que fuere (raza, sexo, religión, opinión). No hay ni "condición o circunstancia personal o social" que pueda alterar este principio constitucional. De modo que Francisco Salazar tiene derecho a que las conductas que se le imputan (machistas, abusivas) sean investigadas prejudicialmente por el ministerio fiscal y, si resultan indiciarias de delito, instruidas en un proceso penal y sancionadas, o no, por un tribunal. Por la misma razón, las mujeres que se hayan sentido agredidas por Francisco Salazar tienen el derecho —y hasta podría afirmarse que el deber como ciudadanas— de denunciar los hechos a la fiscalía o al juzgado de guardia. En rigor, no pueden delegar su iniciativa acusatoria en una decisión política del partido en el que militan.

Lo que remite a tiempos medievales es que los partidos, y entre ellos el PSOE, hayan establecido un sistema de justicia feudal, aquella en la que el señor la impartía privadamente a sus vasallos, disponiendo de un poder jurisdiccional que le era otorgado por la fuerza de los hechos y por su relación con el monarca de turno. Por eso, el debate sobre si la dirección de los socialistas denuncia o no la conductas de Salazar ante la fiscalía deforma hasta la caricatura las pautas de decisión en un Estado de Derecho. El partido al que pertenecen las presuntas víctimas tiene la posibilidad de expulsar de la organización a los señalados por conductas ilícitas (como Salazar) si, conforme a una muy inicial comprobación, se observa que la denuncia no es arbitraria o falsa. Pasar de ahí es una forma de privatizar la justicia que no satisface a las ofendidas ni castiga debidamente al supuesto agresor. La Constitución, por fortuna, ha prohibido los tribunales de honor a los que remedan estas prácticas

Los partidos políticos se han convertido en estructuras endogámicas y cerradas, en burbujas que funcionan al margen del pálpito social y del correcto desenvolvimiento del sistema público. Por eso, entre otras razones, los ciudadanos muestran un invencible desdén hacia esas organizaciones a las que la Constitución atribuye la expresión del pluralismo ideológico y la participación política. Según el sondeo de Metroscopia (pinchar aquí para su consulta) publicado el pasado día 4 de diciembre el 86% de los consultados tiene una mala opinión de los partidos y, por derivación, se muestran insatisfechos con el funcionamiento de las instituciones.

En el caso de Francisco Salazar concurren, además, circunstancias que agravan la sensación de encubrimiento. Es colaborador de Pedro Sánchez que se conduce en el PSOE como un señor de horca y cuchillo y que ayer abordó el asunto con displicencia y hasta arrogancia; ha ostentado responsabilidades (nada menos que en el Gabinete de la presidencia en la Moncloa) que le han granjeado informaciones sensibles que pudiera utilizar torticeramente; cuenta con la amistad condescendiente de altos responsables socialistas (el almuerzo con la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, cuando ya se conocían las acusaciones) y es conocedor de los mecanismos internos de control de la organización que han ralentizado la reacción a sus presuntas conductas. De ahí que desde el mes de julio pasado hasta ahora, y a pesar de mediar denuncias publicadas en elDiario.es, la burocracia de Ferraz las haya hecho desparecer y más tarde emerger en una controversia erosionante para la reputación del PSOE y de Sánchez en particular.

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Es denigrante y vejatorio que se afirme que la remisión de las denuncias a la fiscalía depende de la decisión del secretario general cuyo discurso en el Comité Federal del pasado 5 de julio —cuando tuvo que cortocircuitar el nombramiento de Salazar como adjunto a la nueva y ya cuestionada secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró— animó a las militantes a denunciar por los cauces internos las agresiones sexuales. Ya se ha visto para qué sirvió su alegato. Que, además, fue erróneo: hay que animar a que las víctimas denuncien ante las instancias que tienen el poder constitucional de investigar y juzgar: fiscalía y juzgados, entre otras razones porque los delitos sexuales son semiprivados y requieren de denuncia de la víctima para el inicio de diligencias de investigación.

¿Por qué las mujeres presuntamente agredidas no han interpuesto ya la denuncia correspondiente?, ¿por qué se someten al fuero interno del PSOE?, ¿acaso porque trabajan en Ferraz o en la Moncloa y temen represalias? El silencio espeso sobre este tipo de episodios estigmatiza como hipócrita el feminismo de este socialismo de argumentario. Las pendencias de José Luis Ábalos y de Koldo García están ahí y pesan como una losa. Porque duraron años y consta con suficiente seguridad que no eran desconocidas por la dirección del PSOE y en el Gobierno. No podría ya aducirse, sin que se incurriese en auténtica vesania, que también Francisco Salazar era un ‘gran desconocido’ para Pedro Sánchez como lo fueran, según sus palabras compungidas, sus dos anteriores secretarios de organización y hombres de su entera confianza. Y ‘anecdótica’ su relación con Koldo.

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La arbitrariedad en el PSOE (cuyo funcionamiento interno impone la Constitución que sea democrático) es coherente con la gestión autocrática de su secretario general en el Gobierno de la nación. Como ha explicado aquí Ignacio Varela el pasado viernes no hay expresión más acabada de feudalismo partitocrático que la candidatura de Miguel Ángel Gallardo a la presidencia de la Junta de Extremadura, procesado y con juicio oral ya abierto por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El código ético y de conducta del PSOE (aprobado el 18 de marzo de 2023) impide a Gallardo postularse como lo hace de la mano de Sánchez. La única razón para este despotismo es que el aforamiento del candidato conllevará el retraso del juicio a él y del hermano del presidente del Gobierno. Así la cultura de sometimiento en el PSOE se agiganta y explica que las presuntas víctimas de Salazar asuman que la justicia depende de la Moncloa y de Ferraz y no de los tribunales. El resultado es la impunidad selectiva.