De lo que Sánchez va a ser capaz

Lo pudo decir más alto, pero no más claro. Carles Puigdemont escribió en El País del pasado 23 de noviembre cuál es la condición para que se repongan sus relaciones con el PSOE y Sánchez y la legislatura continúe: "La única salida del socialismo español es la ruptura" (texto que recordó ayer en el Senado el portavoz de Junts, Eduard Pujol) sostuvo el prófugo, instando al presidente del Gobierno a que su partido haga lo contrario a lo que protagonizó hace cincuenta años. Y es lo que Pedro Sánchez va a intentar: aumentar la apuesta, incrementar las cesiones a los secesionistas y, en último término, plantear un programa y una oferta electoral disruptivos. Un envite constituyente.

Consistiría en aglutinar las fuerzas políticas de extrema izquierda en un frente popular (a la francesa) pero connotado por la ‘plurinacionalidad’. Esta cohesión de grupos antisistema (contrarios a la Constitución de 1978) es constantemente aconsejada por Iván Redondo los lunes desde las páginas de La Vanguardia para así evitar lo que él denomina "factor autoritario que quiere capturar nuestra democracia". Coincide también con las pulsiones de un sector de ERC, singularmente encabezado por Gabriel Rufián, que cree que la partida electoral próxima, sea cuando sea, está perdida en favor de PP y Vox si no se articula una opción frentista, con protagonismos varios según los territorios: en Cataluña con ERC, en el País Vasco y Navarra con Bildu y en Galicia con el Bloque. Este asunto estará en la agenda de la próxima reunión de Sánchez y Junqueras en la Moncloa. En la iniciativa, Rufián, con mucho más peso en la extrema izquierda española que Yolanda Díaz, asume un papel dinamizador que rebasa su condición de portavoz republicano en el Congreso.

Pedro Sánchez, tras la comparecencia del pasado lunes que suscitó las críticas y recelos incluso de los más conspicuos prescriptores del régimen, mostró una disposición obstinada a continuar y sabe que con un bono de transporte ferroviario anual subvencionado no es suficiente para lograrlo. Unir fuerzas es la opción, pero ¿para qué? Claramente para plantear dos iniciativas destituyentes, una sugerida en sus pactos con los separatistas catalanes y otra latente.

La más explícita: comprometerse a celebrar en Cataluña una consulta sobre la autodeterminación. Para lanzar semejante iniciativa, Sánchez reclamaría una mayoría parlamentaria para activar el artículo 92 de la Constitución que prevé referéndums consultivos (pero políticamente vinculantes) sobre ‘decisiones políticas de especial trascendencia’. Aunque la interpretación del precepto sea abiertamente fraudulenta, ¿cuánto le importaría semejante fruslería a Sánchez y sus colaboradores? Nada en absoluto. La tal consulta no solo está contemplada en el pacto que firmaron Junqueras y Bolaños en noviembre de 2024, sino que es también la pretensión que quedó plasmada en el Parlamento de Cataluña durante el mandato de Pere Aragonès. Se trataría de implementar una suerte de ‘ley de claridad’ canadiense a la española, que se basaría, además, en la tesis de Stéphane Dion expuesta en su libro La secesión en democracia. Con un prólogo para españoles, el canadiense explica cómo debería tratarse en sistemas democráticos el problema que plantea la separación de un territorio y su transformación en un ente soberano. Y aunque los académicos que arroparon el ensayo de Dion —López Basaguren y Romero Caro discrepan de la constitucionalidad de ese planteamiento— está acreditado el desprecio de Sánchez y de su PSOE a cualquier lealtad con el espíritu de la Constitución. En su momento (2022), también Salvador Illa aventuró en entrevista con El Confidencial que ‘no habrá autodeterminación, pero sí consulta a los catalanes’

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No puede apelarse a los escrúpulos de Pedro Sánchez. Por el contrario, hay que entender que su pulsión por retener el poder y por protegerse de la acción de los tribunales, le agudizan sus instintos más agresivos contra un sistema constitucional que se le resiste a través del Poder Judicial y, de modo diferente, de la Corona. Precisamente, la monarquía parlamentaria sería otro de los señuelos frentistas de una opción de ruptura, tal y como pide Puigdemont a Sánchez. El título II de la Constitución incorpora un artículo desafortunadísimo que lo era incluso ya hace medio siglo: el 57.1 que establece la prevalencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio de la Corona. Como esa antigualla hay que modificarla y hacerlo exige un procedimiento agravado en el que media un referéndum, la posibilidad de convertir la reforma en un plebiscito sobre la monarquía, con una república como alternativa, consumaría las ansias de quiebra en la izquierda y el independentismo de los principios de la Constitución de 1978.

Estas maquinaciones están en marcha, siendo valoradas, meditadas y bisbiseadas en la Moncloa y en determinados ámbitos que aconsejan a Sánchez resistir numantinamente. El presidente lo está haciendo, implementando, además, medidas en la estructura empresarial al alcance de su mano. En Telefónica (y en sus derivaciones empresariales, como Movistar), en Indra (Sánchez quiere que la fusión de la empresa de los Escribano se produzca en el primer trimestre del próximo año, una operación de alto riesgo financiero y jurídico) y en el resto de las compañías bajo control o participación de la SEPI. Añade, además, un férreo placaje a RTVE y al CIS y a los organismos institucionales de la Administración General del Estado: Banco de España, Comisiones Nacionales del Mercado de Valores, de los Mercados y la Competencia, de Transparencia y Buen Gobierno, Agencia de Protección de Datos y, muy pronto por relevo en su dirección, también de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

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Cuando Sánchez llegó al Gobierno en 2018, ni sus más próximos (algunos en la cárcel o sometidos a petición fiscal de muy graves condenas) supusieron que fuese capaz de llegar a donde ha llegado y cómo lo ha hecho. El lunes pasado, en aparente disociación con la realidad, el presidente del Gobierno lanzó un desafío a la sociedad española y a sus propios socios. Estos se muestran reticentes, no con la continuidad del secretario general del PSOE, al que no echarán de la Moncloa, sino con su parálisis decisora. Le animan a que haga lo que explicitó Puigdemont en su artículo en El País: que rompa lo que el socialismo, con la derecha, construyó durante décadas a partir de 1975 y 1978. Sánchez lo va a intentar. Lo logrará o no, pero es perfectamente capaz de intentarlo. Por eso sus socios amagan, pero no dan. En el fondo, esperan que les haga el trabajo de desarticular el Estado y la nación.