'House tour' para Junqueras en la Moncloa (una reflexión sobre la dignidad)

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se han entrevistado hoy para abordar los acontecimientos que han dejado en minoría al Gobierno en el Congreso y cómo le están afectando los casos de corrupción y los episodios de acoso sexual en la Moncloa y en Ferraz. Han tenido tiempo de chequear el cumplimiento del pacto de investidura del socialista que firmaron ERC y el PSOE en noviembre de 2023 (la ‘financiación singular de Catalunya’ y la condonación de parte de la deuda contraída por la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica). Además, habrán auscultado igualmente el desarrollo del pacto de los republicanos y el PSC que permitió la investidura de Salvador Illa en agosto de 2024, al que, no obstante, ERC no ha permitido aprobar presupuestos.

Es seguro que, además de ese orden del día, que es muy obvio, Sánchez y Junqueras habrán valorado la posibilidad de establecer, con mayor o menor explicitud pública, un entendimiento electoral, un frente ‘amplio’ en un próximo proceso electoral legislativo. En ese entendimiento, el PSOE sería el eje central, la extrema izquierda intentará captar a los electores más radicalizados (este mes o en febrero se conocerán los términos del pacto en el que trabajan Comunes, Izquierda Unida y los restos de Sumar) y, por fin, la conjunción de republicanos, bildutarras y bloquistas gallegos -todos ellos de obediencia secesionista- aportarían un buen número de diputados para completar, o bien una nueva mayoría de investidura (improbable), o bien una plataforma de oposición a un eventual gobierno del PP y Vox.

La clave de este encuentro ha sido el anuncio de un modelo de financiación autonómica introduciendo el polémico principio de la ordinalidad: quien más paga será también quien más reciba. Con este acuerdo, Cataluña recibirá 4.700 millones más cada año del sistema de financiación, según ha anunciado Junqueras, lo que supone elevar el presupuesto de la Generalitat en un 12%. Si, además, Junqueras hubiese logrado que Sánchez acepte la publicación de las balanzas fiscales, se cumpliría la condición de Junts, que tendría dificultades para rechazar tanto la condonación de la deuda como el modelo de financiación singular que requeriría la exclusión de Cataluña del régimen común con la consiguiente reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

Sánchez no tiene ya más bazas que las catalanas contempladas en los pactos con Junts y ERC. De ambas fuerzas depende su Gobierno, pero también el de Salvador Illa. Por eso, en ese encuentro bilateral, el presidente se juega lo que queda de legislatura aquí, e Illa en Barcelona. Con acuerdos y cesiones, Sánchez seguirá desafiando la Constitución, al Congreso, desatendiendo los más elementales usos democráticos y continuará en el poder hasta 2027. Pero no mejorarán, al contrario, las expectativas electorales del PSOE, que irán decayendo, como en Extremadura, en las próximas autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Como reconocen hasta los analistas más próximos al secretario general socialista, ‘resistir por resistir es inútil’ y es el momento ya de que el presidente ‘no vuelva a presentarse’.

Además de la implosión constitucional que todos esos acuerdos conllevan, hay que insistir en la condición de los dirigentes catalanes con los que pactan Sánchez e Illa. Oriol Junqueras era vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Govern de la Generalitat en octubre de 2017 y su participación en la declaración unilateral de independencia fue decisiva, como la de Marta Rovira, secretaria general entonces de ERC. Junqueras fue condenado por el Supremo en octubre de 2019 por sedición y malversación e indultado parcialmente por el Gobierno en junio de 2021, pero sigue cumpliendo condena por malversación, y está, por lo tanto, inhabilitado. La amnistía no le amparó por decisión de la Sala Segunda del Alto Tribunal de julio de 2024, como tampoco a Jordi Turull, secretario general de Junts y firmante del Pacto de Bruselas con el imputado Santos Cerdán.

Es así una triste y denunciable realidad que entre delincuentes se libre la batalla de controlar el Estado, con el concurso de Pedro Sánchez, también acosado por sus responsabilidades, hasta ahora políticas y culposas, pero que pueden derivar en otras de más trascendencia. Y si esta situación es ya indigna y democráticamente inaceptable, insulta a la ciudadanía que Oriol Junqueras sea recibido en la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, de propiedad pública para uso institucional. En ese edificio no cabe un ‘tour house’ para el republicano al modo del que propuso, sinsorgo Sánchez, en TikTok.

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La última vez que el presidente de ERC visitó la sede de la presidencia fue en 2016. No se tiene noticia de que dirigente político alguno condenado por malversación (o por cualquier otro delito) e inhabilitado para cargo público haya sido recibido en esas instalaciones gubernamentales mientras sigue cumpliendo la sanción penal impuesta. El caso de Mertxe Aizpurua -portavoz de Bildu en el Congreso que delinquió en 1986 por enaltecimiento del terrorismo- fue recibida por Sánchez en la Moncloa y, aun siendo abochornante tal sumisión del presidente, la bildutarra ya había cumplido condena.

La resistencia de Sánchez para mantenerse en el poder exige que algunos de sus interlocutores sean, o delincuentes o prófugos de la justicia. Es una indignidad, pero resulta un ensañamiento con la moralidad cívica que estos tipos sean distinguidos con la invitación a una sede institucional. Sin embargo, con este socialismo, apelar a la dignidad parece un recurso calderoniano, pero hay que reivindicarla. En palabras del fallecido Carlos Luis Álvarez, Cándido, un periodista de hechuras, autor de un ensayo sobre el tema (¿Qué es la dignidad?) "cuando la razón es aplastada o ensordecida, el perfume de la dignidad le sustituye. Es el último agarradero del ser humano cuando la razón es imposible […].". Y con Sánchez, la razón moral es, efectivamente, imposible.