Las tragedias y la dramática inhabilidad del Gobierno

Las advertencias de Pedro Sánchez el pasado lunes en Adamuz, horas después de acaecido el desastre ferroviario, buscaban el propósito de inocular la desconfianza en las informaciones periodísticas, referían las versiones auténticas a las fuentes oficiales y, a diferencia de sus discursos divisivos en sucesos anteriores, apelaban a la unidad y la coordinación de las administraciones públicas. La llamada ‘tregua’ en la habitual escandalera de descalificaciones entre el Gobierno y la oposición, entre el PSOE y el PP, ha respondido a sensatos criterios de respeto a las víctimas, a los ímprobos esfuerzos de los efectivos de emergencias, de la Guardia Civil y de los profesionales sanitarios.

Sin embargo, una dramática inhabilidad del Gobierno, y específicamente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el manejo de la crisis reclama a gritos responsabilidades, tanto por la pésima gestión comunicativa de la catástrofe, como por el relativo descubrimiento de que la disfuncional Adif, la empresa pública estatal administradora de la infraestructura ferroviaria (vías y estaciones), está en el origen de lo que parece una verdadera ruina de la red ferroviaria española.

La entidad ha padecido desde 2018 a nada menos que a cuatro presidentes. La primera, Isabel Pardo de Vera (entre 2018 y 2021), imputada por delitos de corrupción, la segunda, María Luisa Domínguez (entre 2021 y 2023, cesada por Óscar Puente), el tercero, Ángel Contreras (de diciembre de 2023 a septiembre de 2024, cesado por Óscar Puente) y el actual, Luis Pedro Marco Peña, nombrado el mes de septiembre de 2024. Sirva como dato: Adif se creó en enero de 2005 y hasta 2018 (trece años) tuvo tantos presidentes como entre 2018 y 2025 (siete años).

Esta rotación en los responsables de Adif, que se agudizó desde que Puente fue designado ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (noviembre de 2023), delata por sí misma la inexistencia de un proyecto empresarial a medio plazo, una fuerte politización del cargo y la inanidad más absoluta de su consejo de administración, cuyas competencias están perfectamente definidas en el Estatuto de la compañía aprobado por Real Decreto 2395/2004. En su artículo 15 se fijan algunas que conciernen a la tragedia de Adamuz y a la de Rodalies en Cataluña.

Opinión

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Todos los vocales de este Consejo son nombrados por el ministerio, y libremente cesados por el ministro. Está integrado por diez miembros: además del presidente, que lo es el de Adif, tres subdirectores generales del Ministerio de Transportes, una asesora del ministro, un representante de UGT, otro de CCOO y sendos representantes de los ministerios de Hacienda y Economía. No consta que el Consejo se haya reunido. En realidad, no consta ni siquiera que ese órgano colegiado exista o sea virtual. Porque, en realidad, es un cortijo del señor ministro. De este y de los anteriores.

Las decisiones que ha tomado Adif en las últimas horas son erráticas (muy a pesar de la ‘normalidad’ que adujo Puente en la comparecencia de ayer, que no aportó nada sustantivo) como la disminución de la velocidad en 150 kilómetros en el corredor de Madrid-Barcelona (¿por qué ahora?, ¿por qué no cuando se detectaron los fallos denunciados por el sindicato de maquinistas, el SEMAF?) y similar medida en la línea de Madrid a Valencia. Estas decisiones sobrevenidas -y que responden a una inseguridad manifiesta sobre el verdadero estado de la infraestructura- han provocado una explicable crisis de confianza en los ciudadanos que desde ayer han dejado vacíos los convoyes de la alta velocidad. Mientras, la paralización completa de Rodalies en Cataluña está afectando a casi medio millón de ciudadanos (se corta también la AP-7 por riesgo de desprendimientos), al tiempo que el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga general en protesta, entre otras razones, por el ‘deterioro’ de la red ferroviaria. Un deterioro que, contra toda evidencia, negó el ministro de Transportes, que regresó a su tesis inicial: la rareza de la ignota causa del accidente.

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En este pandemonio, el ministro de Transportes se ha convertido en una víctima de sí mismo. Óscar Puente no está en condiciones de transmitir la más mínima sensación de rigor y solvencia por su acreditada dedicación a postear tuits contra todo lo que se mueve (incluso contra miembros del partido que él ha denominado ‘resentidos’), emplear recursos hirientes y sarcásticos cargando inclementemente con quienes le critican con razones (y se está viendo cuánta razón había y hay para hacerlo) y mostrar de continuo una actitud prepotente y chulesca que, en conjunto, le descalifica como político y, más aún, como gestor. Baste recordar que en noviembre pasado anunció que la alta velocidad Madrid-Barcelona alcanzaría los 350 kilómetros por hora. Su incompetencia y falta de rigor (¿nadie le aconseja que se contenga?) le llevan a un tiovivo de declaraciones en medios de comunicación con versiones contradictorias, tratando de que el relato mate al dato. De manera que lo que hace es transmitir inquietud en vez de tranquilidad, asumiendo un protagonismo mediático que, además de fallido, no se corresponde con el protocolo de actuación en una catástrofe cuyas causas están aún por determinar.

La dramática inhabilidad del Gobierno en el manejo de las consecuencias de catástrofes continuadas (apagón, DANA, incendios forestales de agosto pasado, ahora las tragedias ferroviarias) se manifestó en el pasado reciente mediante la transferencia de responsabilidades a otras instancias (el cero eléctrico, a las empresas privadas del sector, la dana a la Generalitat valenciana, los incendios a los presidentes autonómicos del PP) pero en este luctuoso acontecimiento, de su íntegra competencia, no hay chivo expiatorio ajeno al Ministerio de Transporte y al conjunto del Gobierno.

Óscar Puente se ha ido practicando una eutanasia política a bajas dosis de letalidad hasta alcanzar la máxima durante estos trágicos días. Tendrá que irse o mantenerse en su Departamento como un estafermo. Pero es ya urgente entrar a saco en Adif para saber la verdad porque, visto lo visto, el Gobierno ha venido ocultando la realidad sobre la gestión de una entidad que vive del presupuesto, arrastra una deuda de 20.000 millones y es un repositorio laboral para colgados y descolgados. La crisis de confianza se convierte así en el epílogo de una secuencia de tragedias y desgracias que están hundiendo (sin ‘tregua’ alguna) la moral colectiva.