Catástrofes, sin Presupuestos y con el Gobierno en el búnker

El pecado democrático de este Gobierno, consentido por la izquierda en su totalidad y por los medios de comunicación afines, contemplado con indiferencia por instancias que debieran denunciarlo (sindicatos, empresarios, corporaciones profesionales), es mantenerse en el poder sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante tres ejercicios consecutivos. Más aún: afirmar sin rebozo que no son 'indispensables'. Tal barbaridad constitucional y financiera la profirió el pasado octubre, precisamente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno afirmó un mes antes que seguiría en la Moncloa, aunque los Presupuestos no se aprobasen. Han propalado la mendacidad de que el Ejecutivo, con opacidades administrativas intolerables, puede ir tirando con unas cuentas prorrogadas que fueron aprobadas nada menos que en el año 2022, es decir, en la legislatura anterior y por un Congreso extinto y renovado en las elecciones legislativas de julio de 2023.

Los Presupuestos anuales, cuya aprobación corresponde al Parlamento, son un mandato constitucional ineludible (artículo 134 de la CE) y las prórrogas están previstas como una solución temporal y de emergencia para situaciones excepcionales, pero no para desconocer o eludir la voluntad parlamentaria que es el pilar en el que se sustenta la legitimidad de ejercicio de un Gobierno democrático. Fiscalizar los ingresos y autorizar las inversiones y los gastos es una de las tres funciones esenciales del Congreso de los Diputados y, cuando las cuentas públicas se aprueban en tiempo y forma, actúan como una reválida de la confianza de la representación popular en el Ejecutivo. Los Presupuestos son, en consecuencia, una exigencia democrática explícita en la Constitución y, por otra parte, resultan también el guion financiero al que se ajusta el Estado. Las rigideces de los compromisos asumidos (pensiones, sueldos públicos, servicio de la deuda, programas plurianuales) dejan margen solo, pero importante, para los capítulos correspondientes a las transferencias (el número 4) y las inversiones (el capítulo 6).

El Estado nace, como ha explicado aquí Eloy García, catedrático de derecho constitucional, justamente para juridificar el fisco, la hacienda, los tributos a los ciudadanos para subvenir las necesidades comunes y abordar las iniciativas que, previo debate, se establezcan por el Parlamento a propuesta del Gobierno. De tal manera que la nación se queda sin un gobierno legítimo si este dispone del dinero de los contribuyentes a su antojo. En definitiva, la aprobación y ejecución de los Presupuestos son el núcleo duro de la democracia parlamentaria y habilitan al Gobierno para hacer frente a las necesidades colectivas, las corrientes y las excepcionales. Si no puede aprobarlos (este Ejecutivo, ni siquiera los ha presentado), debe disolver las Cortes y convocar elecciones, como sucede en toda democracia digna de tal nombre.

TE PUEDE INTERESAR

"Negarse a trabajar es motivo de despido": los maquinistas plantan al presidente de Renfe

Alberto Sanz

Es indefendible que el Gobierno siga manteniéndose en el poder sin cumplir con ese control democrático que es el presupuestario. El país está dando cara a catástrofes como la dana en Valencia o el deterioro de las infraestructuras en general, y de las ferroviarias en particular, sin unas cuentas públicas que sean el resultado de un debate parlamentario, el más importante en toda democracia, que fije el listado de prioridades nacionales. Y pese a que se acumulan las necesidades de todo orden, el Gobierno, en una forma de despotismo sofisticado y mediante una narrativa repleta de falsedades, se conjura para seguir en el poder implementando medidas que no requieran la intervención del Congreso. Medidas que, como expresamente solicitó a los distintos ministerios el cada día más oscuro jefe del Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, fuesen, además elusivas del Congreso, polémicas y ruidosas.

No puede pedirse respeto al Gobierno cuando es el Ejecutivo el que desprecia los mandatos constitucionales (y el de los Presupuestos es literal, rotundo, nítido) y el que estimula medidas que eludan la intervención parlamentaria. En esta situación de hecho lo que se está resintiendo, entre otros aspectos, son el criterio y la cuantía de las inversiones en infraestructuras de todo orden que son competencias exclusivas estatales. El despropósito alcanza cotas delirantes cuando se pretende aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica sin Presupuestos Generales lo que técnicamente es imposible y, además, descapitaliza al Estado en 21.000 millones como ayer detallaba Javier Jorrín. Afrontar compromisos internacionales (el gasto en defensa, por ejemplo) sin cuentas públicas (y, por lo tanto, sin debate parlamentario) es propio de una autocracia e improvisar ‘fondos soberanos’ para paliar la incapacidad de gestión de las subvenciones y créditos europeos (cuya utilización también debió ser discutida en los inexistentes debates presupuestarios) resulta una ocurrencia arbitraria.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez versus la ley

Ignacio Varela

Las inversiones del Estado, a través de la SEPI, en la compra de capital de empresas vertebrales de nuestra economía (el caso de Telefónica) o la pretensión de conseguir una mercantil de defensa de grandes proporciones (Indra) mediante adquisiciones que atentan contra las más elementales normas de la probidad y de la transparencia (el caso Escribano), son asuntos que este Gobierno despacha en una mesa camilla y que no han pasado por el cedazo del Parlamento en un debate exprofeso o en los presupuestarios. Sin olvidar su intrusión en operaciones empresariales como en la frustrada fusión BBVA-Sabadell, tal y como ha denunciado Jose Manuel González Páramo.

En ocasiones, bastan unos acontecimientos luctuosos, trágicos, como los accidentes de Adamuz y el de Gelida, para que la situación de hecho presupuestaria y política en la que se ha instalado el Gobierno resulte insoportable. Y eso es lo que está sucediendo ahora en España y que, con trazas de continuar, explica que la derecha más radical y la izquierda más extrema disfruten de las mejores expectativas electorales. Se está sembrado la peor semilla de todas las posibles: la increencia en la democracia verdadera que es un sistema que debe responder en el fondo y en la forma a los mandatos de la Constitución en la que se plasma el contrato de la convivencia. Es el Gobierno de Pedro Sánchez, bunkerizado e ilegítimo en el ejercicio de sus facultades porque no cuenta con la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos del Estado ni otras leyes, el mayor, y en rigor también el único responsable de las frustraciones que han arraigado en buena parte de la sociedad española.