Ignacio Barrón (una sorpresa) le 'parte la cara' a Óscar Puente

Contentos, satisfechos y aplaudidores, los cuadros de mando del PSOE de Sánchez han proclamado la hazaña política de Óscar Puente: ‘ha dado la cara’. El todavía ministro de Transportes y Movilidad, en realidad, se ha comportado con esa tosquedad intelectual de los romos de entendederas que confunden la información con la charlatanería. Puente es un tipo imprudente y bronquista. Y lo ha seguido siendo desde el primer minuto tras la tragedia de Adamuz. Ruedas de prensa, entrevistas, canutazos… El responsable político de Adif y Renfe se ha ajustado al manual de la Moncloa: relato frente a los datos; ocupación de los espacios mediáticos; versión propia antes de que otra se adelante a la oficial; elusión de responsabilidades; falsedades porque la verdad es una opinión. Así ha dado la cara un ministro que no ha aparecido por Barcelona (el desastre de Rodalies es también de su responsabilidad) y que hoy tampoco dará la cara en el funeral por las víctimas en Huelva y al que asistirán los Reyes y la candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

La impugnación de las tesis de Óscar Puente, un pretencioso experto en infraestructuras ferroviarias que ha mandado callar a los técnicos asumiendo de forma incompetente la portavocía sobre el desastre, ha venido por la vía habitual y que tanto disgusta al vallisoletano y a Sánchez: a través de la prensa que todavía guarda el prurito de cumplir con su obligación. Pero el que le ha partido la cara, precisamente por darla con mendacidades, ha sido Ignacio Barrón, ingeniero de caminos, canales y puertos, con experiencia internacional (20 años en París en la Unión Internacional de Ferrocarriles) y larga experiencia en Renfe y presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. La CIAF, acrónimo de este organismo, funciona así según la Ley del sector ferroviario (2015): "La Comisión goza de plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, de los administradores de las infraestructuras, de las empresas ferroviarias, de los organismos de tarificación, de los organismos de certificación o notificados o de cualquier otro organismo o entidad cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con sus funciones". (artículo 73)

El presidente de esta Comisión -compuesta por él y cinco vocales más y un secretario, todos ellos nombrados a propuesta del ministerio- podía haberse comportado como tantos otros responsables de organismos del sector institucional de la Administración General del Estado, sea el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, silencioso y dócil. Ignacio Barrón, sin embargo, concernido éticamente por la muerte de 45 personas, le ha espetado al ministro de Transportes que ni las vías del tramo del accidente han sido renovadas ‘íntegramente’, como él ha porfiado en sostener y que hay déficit de mantenimiento de la infraestructura, una inversión que no permite inauguraciones electoralistas. Y han bastado esas consideraciones del responsable de la Comisión que investiga el accidente para que la hiperactividad comunicativa de Óscar Puente, ese valeroso ministro, quedase ayuna de credibilidad. Puente ha tergiversado hasta el significado de las palabras, como muy bien ha teorizado Álex Grijelmo, el lingüista más respetado en la profesión periodística. En un artículo ayer en El País acreditaba cómo Puente ha utilizado ‘renovar’ cuando debió emplear el verbo ‘revisar’. El vehículo en el que viajan las mentiras siempre es el lenguaje, la semántica. Y en el sanchismo de manera singularísima.

En España hemos llegado a un grado tal de tolerancia con el sectarismo que el hecho de que un cargo público con independencia funcional discrepe de la autoridad que le designa se considera casi una heroicidad. Ignacio Barrón es en este momento, con los cinco vocales de la CIAF, la esperanza de que la causa del accidente de Adamuz no quede en la indeterminación como ocurrió con el apagón del mes de abril del pasado año. Barrón es un profesional cualificado y ha parado los pies a Puente, entre otras posibles razones, porque el ministro intentaba predeterminar el dictamen de la Comisión con afirmaciones de carácter técnico que no le correspondían en absoluto. Esa y no otra es la razón por la que Barrón ha salido al paso del ministro que, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, mostró su incomodidad con el ingeniero que es ya la principal y más fiable referencia para depurar las indispensables responsabilidades contraídas por el ministro en tanto que titular del departamento competente.

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La CIAF no puede defraudar la expectativa que ha generado su presidente y tiene el reto de que no suceda como con el accidente de Angrois, en el que su investigación quedó en entredicho al observar la Unión Europea falta de independencia del organismo que lleva resueltos más de 270 dictámenes sobre otros tantos accidentes ferroviarios. Reivindicarse, en fin, antes de que la CIAF sea sustituida por la ya creada Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, regulada por la ley 2/2024 de 1 de agosto, en cuya disposición transitoria primera suprime la CIAF que sigue funcionando por la incuria del Gobierno (en particular, de Transportes, al que corresponde proponer el desarrollo de la ley) en constituir la nueva entidad. Un asunto este que debería saltar al debate público: ¿por qué no se ha puesto en marcha esa instancia investigadora?, ¿por qué no se ha nombrado a su presidente?, ¿por qué después de más de un año y medio no se le ha dotado de medios? Que no sea Puente el que responda a estas preguntas porque alguien, siguiendo el ejemplo de Barrón, le puede volver a romper la cara. Está mejor un rato callado y sin aparecer en el funeral de las víctimas en Huelva.