Ni el Rey, ni la Iglesia, ni los empresarios

Vox va a obtener el domingo un buen resultado electoral en Aragón. Todo lo que el partido de Abascal incremente su número de diputados en las Cortes aragonesas, perderá el PSOE, quizás perforando con Pilar Alegría como candidata el suelo de los 18 escaños (sobre 67), el registro más bajo en 2015 de los socialistas en la región. De cumplirse esta expectativa, estaríamos ya en una dinámica casi consolidada de transferencia de voto del PSOE a Vox porque el PP se mantendría en 28 diputados con posibilidad, según las encuestas, de llegar a los 30.

La derechización experimentada en Extremadura se repetiría en Aragón y cuajaría en España el mismo fenómeno que en otros países europeos: las clases populares abandonan a la izquierda y se refugian en el radicalismo nacionalista de una nueva derecha antieuropeísta y, sobre todo, centrada en la remigración. De hecho, Vox, ha apostado toda su movilización, subordinando otras consignas, al rechazo de los inmigrantes, esgrimiendo, como Podemos, pero a la inversa, el "gran reemplazo" de la población nacional por la extranjera. Si para Vox esa transformación sería extintiva de la sociedad española, para Irene Montero, es deseable que ese "gran reemplazo" se produzca para "barrer" a los "fascistas", a los "racistas" y a otros especímenes, o, en otros términos, hacer que implosione el actual estatus quo español. Abascal observa una "invasión" indeseable y Montero cree en la necesidad de la "sustitución". Conspiracionismo.

Sánchez ha servido a unos y a otros un sabroso condumio ideológico con una prevista regularización extraordinaria de inmigrantes que podría alcanzar la cifra del medio millón. Lo ha hecho por Real Decreto del Consejo de Ministros (y, por tanto, al margen del Parlamento), sin atender a los requisitos de la Ley de Extranjería y de su reglamento, estableciendo condiciones laxas que no tienen en cuenta el arraigo, bastando una breve estancia previa en España (cinco meses) y ausencia de antecedentes penales (sustituible por una declaración responsable en algunos casos). La medida es oportunista porque duerme el sueño de los justos desde hace casi dos años una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 700.000 firmas que fue aceptada por todos los partidos excepto Vox. Activar ahora esta regularización extraordinaria, obviando al Congreso, es una treta más de Sánchez para aglutinar a sus socios y, de paso, suministrar munición a Abascal.

El Gobierno, torticeramente, ha aducido que la Conferencia Episcopal española se había pronunciado favorablemente a una regularización extraordinaria, lo mismo que el empresariado a través de la CEOE. Una media verdad porque ni la Iglesia ni la patronal han entrado en el cuándo ni en el cómo, es decir, ni en la oportunidad ni en el procedimiento de la regularización. Ambas instancias tienen sus razones de distinta naturaleza para prescribir esta medida, aunque no se ha escuchado a los obispos aplaudir el modo y la manera de ejecutarla y sí a la CEOE reprochar lo uno y lo otro.

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Abascal y los demás dirigentes de Vox que siguen el guion de la polarización, la ecuación amigo-enemigo y arremeten contra anclajes sociales tradicionales, se han empleado contra la Iglesia y se han distanciado (si alguna vez estuvieron cerca) del empresariado. Consiguen así que el voto cabreado, el elector frustrado, el ciudadano decepcionado se enrole en el radicalismo y propine una patada al tablero de la política convencional.

Esa marginalidad de la derecha radical es grata a los cientos de miles de españoles, ya millones, que se sienten instalados en ella y con la que se solidarizan desconfiando de todos y de todo. De ahí que la impugnación a los prelados alcance a sus acuerdos con el Gobierno para la indemnización de las víctimas de la pederastia en la Iglesia o para la resignificación del Valle de los Caídos, ahora Cuelgamuros a efectos oficiales. Impugnan también a un empresariado connivente con el Ejecutivo (toda generalización es injusta) y terminan por perfilar su idiosincrasia iconoclasta, ninguneando la figura y la acción institucional del Rey a cuyos actos bajo su presidencia no asiste representante alguno del partido, sea el desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre, el cincuentenario de la monarquía o el funeral en la catedral de Huelva por las víctimas del accidente en Adamuz.

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Vox se presenta, así, como un partido virginal, sin mácula. No ha gestionado nada, no ha gobernado nada, no ha resuelto nada y, en el fondo, no propone nada viable, conservando solo (y seguramente lo mantendrá) una vaporosa naturaleza política de mera expectativa. Para poder presentarse así, sin adherencias gestoras, Vox salió en 2024 de los gobiernos autonómicos pactados con el PP porque su último afán es el sorpaso a los de Feijóo, a los que atacan los voxistas con igual o mayor inquina que a los sanchistas.

El fenómeno de Vox en el conjunto de España es similar al de Aliança Catalana de Sílvia Orriols. El sábado pasado, invitada por Emilio Cuatrecasas, referente de la alta burguesía barcelonesa, la líder independentista catalana mantuvo un encuentro con socios (y no socios) de un club de golf en el Ampurdán al que ayer se refirió aquí con detalle mi colega Josep Martí Blanc. Inmigración y separatismo fueron sus líneas discursivas y, en todo lo demás, simplicidades, según han venteado algunos de los asistentes. Vox y Aliança Catalana no se hostigan. A partir de ahí, sáquense las conclusiones oportunas. Y quizás se llegue a la más inquietante: que Vox (simétricamente a otros partidos antagónicos de extrema izquierda) es más un síntoma de la crisis de los modelos democráticos pervertidos por tipos como Sánchez que una alternativa real a las penurias de este tiempo histórico.