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De Escribano a Fainé (y el G-8 catalán), el empresariado amortiza a Sánchez
Los cambios de ciclo no se producen solo en las urnas. El empresariado y sus actitudes ante el poder son predictores importantes de los fines de época. El ciclo acabará en 2027, pero los grandes gestores amortizan ya a Sánchez
El mercado es un indicador de fortaleza de un Gobierno y, a la inversa, de su debilidad. Las enormes facultades regulatorias y los instintos intrusivos del poder político en el ámbito empresarial prescriben a sus gestores cautela y hasta docilidad con el Gobierno de turno. Sánchez, siempre con una superior capacidad intimidante, ha establecido dos precedentes perniciosos: la destitución manu militari de Álvarez Pallete (enero de 2025) de la presidencia de Telefónica y su sustitución, igualmente impuesta, por Marc Murtra y el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra (enero de 2025). En la primera compañía la SEPI es titular del 10% de su capital y en la segunda del 28%. Ambas, empresas son estratégicas y las dos cotizadas. Sin embargo, nadie rechistó en el mercado, aunque la indecorosa intromisión de la Moncloa en ambos casos no se ha digerido por el lento metabolismo de los grandes gestores nacionales. Sigue atragantada, incluso en Bruselas, la injerencia gubernamental en la OPA del BBVA al Sabadell, que fue determinante para su fracaso.
Pero los tiempos van cambiando. Y como ya se avizora un nuevo ciclo, comienzan actitudes y decisiones renuentes y hasta desafiantes. En todo caso, señales negativamente premonitorias para el Gobierno. Es muy significativo, aunque de entidad menor, que Pepe Blanco, cofundador de una consultoría de asuntos públicos con apenas un lustro de trayectoria y rápido incremento de su facturación, se haya deshecho de ella vendiéndola a buen precio a una multinacional francesa (Havas Media, propiedad de Vivendi, accionista de Prisa). El exministro de Fomento ha olisqueado que su panel de clientes está en función de la proximidad a la Administración General del Estado y que con la alternativa que se perfila más le valía pájaro en mano que ciento volando. Delatan Blanco y sus socios -entre ellos el popular Alfonso Alonso- falta de confianza en el futuro inmediato del sanchismo.
El caso de Ángel Escribano es distinto, pero no opuesto. Encumbrado a la presidencia de Indra tras el éxito de su empresa familiar (E&E) ha intentado una operación de riesgo: fusionar Indra con su compañía. Sería así vendedor y comprador a la vez lo que plantea un insoportable conflicto de interés que sabe Dios si acabaría, de producirse, ante los tribunales y no precisamente de la jurisdicción mercantil. El Gobierno secundó inicialmente la operación, pero sin demasiado cálculo. Una vez comprobados los riesgos de esa fusión está tratando de reconducirla, a lo que Ángel Escribano se opone y resiste al frente de Indra echando en cara a la Moncloa sus bandazos en la estrategia de la empresa. Por audaz que sea el actual presidente de Indra esa su actitud solo es concebible si detecta debilidades gubernamentales e intereses cruzados -en ese quilombo reaparece Iván Redondo como gurú de la competencia, Santa Bárbara de General Dynamics— que de salir a la luz en todos sus detalles sumaría un nuevo episodio muy poco gratificante para el presidente del Gobierno y su sobredimensionada Oficina Económica (Manuel de la Rocha) en la Moncloa. El PP, a través de Alberto Nadal, ha tomado ya cartas en el asunto de manera abierta, superando el retraimiento de meses anteriores.
Las apetencias gubernamentales de influencia (y, en lo posible de control) de la Fundación Bancaria La Caixa las ha driblado con sentido de la anticipación Isidro Fainé, reelegido presidente de la entidad a sus experimentados 83 años. La Fundación invirtió en obra social 665 millones de euros en 2025, es titular de Criteria (más de 30.000 millones de euros en participaciones empresariales, entre ellas, el 10% de Telefónica) y accionista mayoritario de Caixabank. Penetrar en ese entramado ha sido una aspiración de la Moncloa. Quizá lo intentó con el exconsejero-delegado de Criteria, Ángel Simón, fulminado por Fainé cuando auscultó maniobras de factura escasamente leal. Lo que ha llevado al patronato de la Fundación a precipitar su reelección como presidente en garantía de contención de los afanes de Sánchez. En otras circunstancias distintas a las actuales de fragilidad gubernamental, esta operación quizá no hubiese sido posible.
Opinión Y Cataluña. En el bastión sanchista, a través del PSC, comienza a sentar sus reales el llamado G-8. Se trata de la agrupación, bastante homogénea en sus criterios, de entidades socio-empresariales que han tomado la decisión de jugar en el espacio de la gestión, pero integrando en su actividad la variable política. Son la patronal Fomento del Trabajo, las Cámaras de Comercio, PIMEC, Fira de Barcelona, Círculo de Economía, Colegio de Economistas y Barcelona Global. Ahí hay mucho peso. Y todas esas entidades le han dicho a Sánchez que el modelo de financiación que propone con Oriol Junqueras para Cataluña (ordinalidad y 4.300 millones más de euros) es "positivo, pero insuficiente". Y le espetan que la comunidad presenta un déficit en inversión de infraestructuras en los últimos catorce años de 42.500 millones. La exigencia del G-8 es más terminante que la del socio de Sánchez, ERC. Si el Gobierno no apestase a cirio funerario, esta agrupación de intereses no hubiese entrado en combustión. El viernes, la patronal catalana, en alianza con la Cámara barcelonesa y el RACC, exigieron a la Generalitat que tome el control total de Rodalies ("la situación que vive Cataluña es intolerable, intolerable e inaceptable"). La catalana es la última reserva de voto socialista.
Las eléctricas, por su parte, alzan la voz y apuntan sin medias palabras a Red Eléctrica como responsable del apagón del 28 de abril de 2025, que a un año del suceso sus causas siguen en la penumbra. La CEOE no suscribirá ya ningún acuerdo con el Gobierno, agotada su paciencia con Yolanda Díaz que ha reventado el diálogo social. Y los grandes referentes mercantiles de la Comunidad Valenciana (Boluda, Roig) han invitado a que Jordi Sevilla les explique su ‘Socialdemocracia21’, disidente del pedrismo.
El PSOE está siendo derrotado en elecciones autonómicas, carece de mayoría parlamentaria, no presenta presupuestos, pierde pie internacional (¡y de qué manera!), le acosan procesos judiciales muy delicados, su partido está en implosión (lean a Ignacio Varela), Sánchez no ha ido a Davos (el tren de borrascas dice la Moncloa, le retuvo en España) de modo que este año no ha habido foto con los empresarios en el cuarto de las escobas del centro suizo de congresos. Y, lo que le faltaba para agravar su diagnóstico, el empresariado, incluso sobre el que dispone de capacidad de intervención, se le empieza a resistir. Los cambios de ciclo no se producen solo en las urnas. Las actitudes de los responsables de la gestión de grandes compañías ante el poder son predictores importantes de los fines de época.
El mercado es un indicador de fortaleza de un Gobierno y, a la inversa, de su debilidad. Las enormes facultades regulatorias y los instintos intrusivos del poder político en el ámbito empresarial prescriben a sus gestores cautela y hasta docilidad con el Gobierno de turno. Sánchez, siempre con una superior capacidad intimidante, ha establecido dos precedentes perniciosos: la destitución manu militari de Álvarez Pallete (enero de 2025) de la presidencia de Telefónica y su sustitución, igualmente impuesta, por Marc Murtra y el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra (enero de 2025). En la primera compañía la SEPI es titular del 10% de su capital y en la segunda del 28%. Ambas, empresas son estratégicas y las dos cotizadas. Sin embargo, nadie rechistó en el mercado, aunque la indecorosa intromisión de la Moncloa en ambos casos no se ha digerido por el lento metabolismo de los grandes gestores nacionales. Sigue atragantada, incluso en Bruselas, la injerencia gubernamental en la OPA del BBVA al Sabadell, que fue determinante para su fracaso.