Los retos económicos de la próxima legislatura

El próximo 20 de diciembre los españoles elegiremos en las urnas las fuerzas políticas parlamentarias que formarán Gobierno o quedarán en la oposición para los próximos cuatro años, cerrando de esta manera una de las legislaturas más convulsas de nuestra vida democrática. Una legislatura que arrancaba a finales de 2011, con una agenda económica clara y unas prioridades compartidas por parte de los principales partidos políticos: en aquel momento España se encontraba al borde del rescate, con un alto nivel de desempleo, el déficit público cerca del 10% y sin haber abandonado definitivamente la recesión iniciada en el segundo semestre de 2008.

El desarrollo de los acontecimientos económicos y políticos de esta legislatura que ahora termina ha sido complejo y tardaremos en tener una valoración completa de los mismos, aunque es evidente que tras años instalados en una severa recesión, la economía española ha vuelto a crecer, se está creando empleo, las finanzas públicas están mínimamente encarriladas, nuestro sector bancario se encuentra en mejor situación y el crédito está volviendo a permitir reactivar la inversión.

Este cambio de ciclo se debe tanto a factores externos -el QE del Banco Central Europeo, el bajo precio del petróleo, la depreciación del euro frente al dólar- como internos -ralentización en el ajuste fiscal, reforma del sector financiero-, fruto de nuestra condición de economía altamente abierta y nuestra integración en la eurozona. Sí, las perspectivas para la próxima legislatura son muy diferentes a las que se encontró el Partido Popular cuando llegó al poder a finales de 2011.

El viento sopla, en 2015, a favor de la economía española, pero sería una pésima decisión dejarse llevar por el triunfalismo autocomplaciente

El viento sopla, en 2015, a favor de la economía española, pero sería una pésima decisión dejarse llevar por el triunfalismo autocomplaciente o por el negacionismo de los hechos para no comprender en toda su magnitud los retos económicos a los que nos enfrentamos en los próximos años. España se encuentra en mejor situación que en 2011, sin duda, pero los retos de fondo siguen estando en buena medida presentes y deben ser abordados con determinación y voluntad de consenso.

El primero de nuestros retos -y quizás el más importante- es la productividad. Durante los años de la crisis, la productividad española ha crecido en buena medida fruto de un efecto composición, al desaparecer los puestos de trabajo menos productivos, vinculados a sectores de bajo valor añadido, como la construcción. Si el modelo de crecimiento en el que basamos nuestra recuperación se basa en este tipo de empleo poco remunerado y poco productivo, la productividad total de la economía volverá a perder puestos en relación con sus socios europeos. El incremento de la productividad depende de muchos factores, como el uso de las tecnologías de la información, la innovación en procesos y productos, la cualificación de los recursos humanos, o aspectos institucionales y de estructura productiva, como el tamaño medio de las empresas o la flexibilidad en los mercados de bienes y servicios. España necesita avanzar hacia una economía más productiva, pues es esta la clave que nos permitirá afrontar con mayor fortaleza el resto de problemas.

Para mejorar las condiciones de productividad de la economía española, el sector productivo necesita tener capacidad de inversión. Inversión en nuevos equipos, en innovación de I+D, en formación del capital humano. Y aunque se están mejorando los niveles de inversión en el sector privado, el proceso de desapalancamiento de la economía está lejos de haberse concluido. La deuda total española sigue siendo muy alta, aunque su composición ha variado: la reducción de la deuda privada de familias y empresas se ha visto compensado por el crecimiento de la deuda pública, lo cual sigue situando a España en una posición de vulnerabilidad ante posibles 'shocks'.

De momento, la actuación del Banco Central Europeo y la bajada de tipos de interés está permitiendo aligerar esta carga, pero un eventual repunte de tipos, según se recupere la economía europea y se incremente la inflación, podría empeorar la todavía débil posición financiera de la economía española. En el sector financiero, la reestructuración de 2012 ha permitido mejorar las condiciones financieras de nuestro sector bancario, pero algunas debilidades siguen presentes y es probable que necesitemos una segunda ronda de reestructuraciones, dando una vuelta de tuerca más a la concentración que está experimentando el sector desde el inicio de la crisis.

El desempleo seguirá siendo un reto importante para la próxima legislatura. Pese al discurso triunfalista de creación de empleo en los últimos trimestres, lo cierto es que el nivel de empleo con el que finalizamos la legislatura es muy similar al nivel de empleo con que la comenzamos, con el agravante del crecimiento del desempleo de larga duración y la reducción de la población activa. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España recuperará los niveles de empleo previos a la crisis bien entrada la década de 2020.

Generar empleo de calidad y socialmente aceptable solo será posible si existe una estructura productiva sólida y dinámica, condicionante al que debemos añadir la necesidad de recuperar para el mercado laboral a amplios sectores de la población activa, que a fecha de hoy tienen pocas posibilidades de encontrar un empleo a corto plazo. Será necesario reforzar las políticas activas de empleo, la cualificación de la población activa -en España, un 40% de la población activa tiene un nivel de formación bajo o muy bajo- y generar las redes de protección social necesarias para evitar dejar a nadie detrás. Aunque es probable que el debate del mercado laboral se centre en aspectos institucionales -reforma laboral, lucha contra la precariedad o la dualidad-, una nueva reforma laboral no solucionará, por sí sola, el grave problema que es el desempleo de larga duración.

Muchas de estas medidas requerirán de un sector público dinámico y fortalecido. Sin embargo, nos encontramos ante un sector público cuya transformación a lo largo de la crisis ha sido parcial y en algunos casos contraproducente. Con buena parte de las políticas clave -educación, políticas activas de empleo- transferidas a las comunidades autónomas, hay que encontrar un sistema de financiación autonómica justo, eficaz y previsible, que permita a las comunidades autónomas tener los recursos suficientes para poder hacer frente a los cambios necesarios. No será fácil en el actual contexto de tensiones políticas, pero hay comunidades autónomas que necesitan imperiosamente esa revisión, so pena de terminar en bancarrota en apenas unos años. Y conllevará una reforma fiscal que permita tener los recursos necesarios para estabilizar las cuentas públicas sin castigar más a las clases medias.

Con esta agenda (productividad, desapalancamiento, empleo de calidad y reforma fiscal), España puede afrontar con confianza, pero sin triunfalismos, los importantes retos que todavía tenemos por delante, en un contexto de incertidumbre global. De cómo organicen el mix de políticas los principales partidos y de cómo se alcancen los acuerdos necesarios para poner en marcha una nueva política económica, dependerá el éxito en el nuevo camino que emprendemos a partir del 20 de diciembre.

Lo que sin duda sería un grave error es obviar el momento en el que nos encontramos y bajar la guardia escudándose en los datos de una recuperación que tiene demasiada letra pequeña.

Esperemos que no sea así.