¿Cómo acabamos con el paro de larga duración?

Uno de cada cuatro desempleados, 1,3 millones de personas, lleva cuatro años sin trabajar. Más de dos millones de desempleados llevan dos años o más sin trabajar. No solo es esta una situación dramática e inaceptable, sino que es además una situación de la que, las estadísticas nos lo muestran, es muy difícil salir. Esto es así por dos razones. En primer lugar, existe un estigma asociado al desempleo, que se acentúa con el tiempo. En segundo lugar, mientras se está en el desempleo se deprecian las competencias necesarias para la reintegración laboral. Desgraciadamente, a medida que el ciclo económico ha mejorado, estas personas no están encontrando empleo a tasas más rápidas.

Las políticas utilizadas para hacer como que se combate este fenómeno han sido quizá las que más rechazo moral deben generar de todas las que España ha sufrido en las últimas décadas: saquear, robar con fines corruptos, los fondos europeos para los parados (como ha sucedido en toda España, no solo en Andalucía) de forma directa e indirecta merece la calificación moral más baja posible.

Y, sin embargo, ningún partido político plantea cambiar estas políticas. De hecho, solo Ciudadanos ha presentado en su programa propuestas para luchar contra el paro de larga duración.

Las tasas de participación en formación son bajísimas, y caen fuertemente con la edad. La formación no llega hasta las personas que más la necesitan

Para resolver este problema, debemos partir de entenderlo. De los dos millones de desempleados que llevan dos años o más sin trabajar, algo más de la mitad (58%) tienen un nivel educativo bajo. Pero también hay personas con mayor nivel educativo. Uno de cada cinco (460.000 personas) posee titulación superior.

Cabría imaginar que la alternativa a trabajar, para este enorme colectivo, sería estar formándose. Desgraciadamente, no es así. Las tasas de participación en formación son bajísimas, y caen fuertemente con la edad. De los menores de 25 años en este colectivo de parados de larga duración, solo uno de cada cuatro se está formando, y ya entre 25 y 34, menos de uno de cada 10 lo hace. En definitiva, la formación no llega hasta las personas que más la necesitan.

Desgraciadamente, la reacción a la crisis ha sido un fuerte recorte en las políticas activas y de formación que son cruciales para que este grupo pueda acceder al empleo. El gasto en políticas activas era del 0,5% del PIB en el año 2015 frente al 0,83% en 2010. En países como Dinamarca o Suecia, el gasto público en acciones de formación y empleo ascendió al 1,3% y al 1,1% del PIB, respectivamente, en el año 2013 (excluyendo los gastos derivados de los servicios de empleo, que suponen otro 0,4% y 0,25%, respectivamente, frente al 0,08% en España). Evidentemente, esto es a pesar de que las necesidades de Dinamarca o Suecia son mucho menores, dado que el paro es mucho más reducido y las competencias básicas de su población mucho mayores.

El gasto en políticas activas era del 0,5% del PIB en el año 2015 frente al 0,83% en 2010

La frustrante falta de atención presupuestaria a estas políticas se une a una desesperante falta de contenido de las mismas. Uno imaginaría que un país con tan elevadas tasas de desempleo habría desarrollado sistemas informáticos y de personal excelentes para resolver este problema. Uno, desgraciadamente, se equivocaría: en los países del norte de Europa, la atención personalizada es clave en las políticas activas. Esta se construye sobre un perfil estadístico del desempleado, que permite valorar su encaje laboral. En España, increíblemente, ni siquiera existen esos datos. Los servicios de empleo no saben nada sobre los parados.

Peor aún, existe una desconexión total entre la oferta de cursos de formación para el empleo y los requerimientos del mercado de trabajo en el corto y medio plazo. Es sabido que, desgraciadamente, los cursos de formación han sido una enorme fuente de corrupción. Pues bien, a día de hoy, siguen caracterizándose por su opacidad.

Y tampoco llega el dinero, la financiación, a los desempleados. Las políticas activas siguen haciendo lo mismo desde hace 20 años, dos cosas que sabemos que no funcionan: dar bonificaciones a las empresas para nuevas contrataciones (por supuesto, dado que no funcionan, el Gobierno ha prometido doblar su cuantía), y financiar a los proveedores de los cursos de formación (que en muchos casos, como el caso Edu en Andalucía, simplemente lo roban). Los desempleados no tienen ningún control sobre los recursos. Las transferencias financieras directas a los beneficiarios de las políticas activas siguen siendo residuales. En otros países se hace un mucho menor uso de las bonificaciones a la contratación, y las transferencias destinadas a formación se realizan directamente a los beneficiarios.

Tampoco llega la financiación a los desempleados. Las políticas activas hacen lo mismo desde hace 20 años

Ciudadanos propone cambiar radicalmente este sistema. Se trata de que nuestro sistema converja con el del resto de Europa, tanto en nivel de gasto como en contenido de las políticas.

En primer lugar, proponemos que la orientación laboral y formativa, que ha tenido un papel mínimo hasta ahora, sea la protagonista de las políticas de empleo. Hay que movilizar todos los fondos necesarios (incluyendo los procedentes de la UE), para que cada Comunidad Autónoma pueda ofrecer una orientación personalizada a cada desempleado. Para ello debe existir una herramienta que cualquier entidad privada ya usa en su área de actuación: perfiles estadísticos de cada desempleado, sus competencias profesionales, la evolución del mercado de trabajo y las competencias requeridas para salir del desempleo y para trabajar en una determinada ocupación.

En segundo lugar, queremos dar el control del uso del dinero a los trabajadores. Estos dispondrán de bonos para la formación en el puesto de trabajo para parados de larga duración con escasa experiencia laboral o que requieran de movilidad sectorial u ocupacional para su integración en el mercado de trabajo. Estos bonos tendrán el objetivo de compensar a las empresas por los costes de formación que generarán estos trabajadores. Además, hemos propuesto cheques de formación destinados a los desempleados para la realización de cursos de formación.

Desarrollaremos también un programa de rentas de rehabilitación para los trabajadores que requieran reciclarse para mantener su empleo. Irán destinadas a los trabajadores mayores de 45 años, con un largo periodo de antigüedad en la empresa, y estarán sometidas al compromiso de reserva del empleo por parte de las empresas. Se trata de que el trabajador pueda realizar formación con ayuda financiera, y la empresa se comprometa a reemplearlo a su vuelta. Finalmente, las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de prestaciones y que requieran de un intenso proceso de formación para su reinserción en el mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de una renta de reintegración durante la duración de este proceso de formación (adicional a las actuales rentas autonómicas). La cuantía y duración de esta renta se realizarán en función de las necesidades económicas y formativas del desempleado valoradas por los orientadores y condicionadas a la estricta participación en el proceso formativo.

Para todo ello proponemos crear una Agencia Independiente de Políticas de Empleo, para la creación y mantenimiento del modelo de perfilado básico, al que tendrán acceso las CCAA que deseen aplicarlo o mejorarlo con información propia recabada por los orientadores, y la evaluación externa continua de las políticas de empleo y la publicación de los resultados obtenidos con total transparencia, esto es, dando a conocer los resultados por acciones y los agentes implicados en su aplicación.

En definitiva, es hora ya de que el paro de larga duración deje de ser el agujero negro de nuestras políticas de empleo y se convierta en el eje central de estas.