El reino de los partidos y los partidos del reino

Además de llevarse los empleos y los ahorros, la crisis está arramplando con la legitimidad de muchas instituciones, como los partidos políticos. La última en verse

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    Además de llevarse los empleos y los ahorros, la crisis está arramplando con la legitimidad de muchas instituciones, como los partidos políticos. La última en verse afectada por este fenómeno ha sido la Corona, aunque la coincidencia en los informativos de las imágenes del imputado Urdangarín, el investigado Blanco y el juzgado Camps, ha permitido ver la importancia de la reacción institucional: la incuria de los partidos irrita; la reacción de la Monarquía gratifica. Se podrá decir que apartar a Urdangarín de los actos oficiales no basta y, desde luego, la transparencia en las cuentas de la Casa Real sigue siendo mejorable, pero no se puede pasar por alto el significado político de ambos actos.

    El Rey se ha percatado de que la implicación de su yerno en un caso de corrupción merma la legitimidad de la institución. Y este reconocimiento de algo tan obvio constituye un paso que los partidos no se atreven a dar. Aquejados de una crisis de legitimidad aun mayor, cuando han tenido a sospechosos de corrupción en sus filas, lejos de aislarlos como a apestados, los han amparado, los han llevado en sus listas, les han pagado los abogados. En los peores casos, no han dudado en arremeter contra los medios, la Policía o los jueces que los investigaban, como si en el marasmo de un desprestigio general de las instituciones pudieran salvarse ellos.

    Los grandes partidos, instalados en el despótico “después de mí el diluvio”, se contentan con invocar el fantasma del fascismo para acallar a sus críticos. Se consideran tan imprescindibles que han olvidado la necesidad de todo poder de buscar su legitimación, es decir, de “obtener obediencia sin recurrir a la coacción”

    Se podrá sostener que el intento del Rey de contrarrestar la corrupción en su Casa resulta insuficiente, pero al menos ha mostrado ser consciente de la necesidad de re-legitimarse. La paradoja estriba en que, desde el punto de vista de los valores democráticos (no de la legalidad), la Monarquía, como institución hereditaria, no sujeta a la elección ni al mérito, goza a priori de menor legitimidad que los partidos, en cuyos representantes cobra cuerpo la idea misma de democracia. Ese pecado original parece estimular en la Monarquía una reacción mucho más democrática. El Rey sabe que cualquier error sirve de argumento a los partidarios de la República, mientras que los partidos se comportan como si su originario marchamo democrático les otorgara un plus de indulgencia ciudadana respecto a sus arbitrariedades. Cuentan con la indiscutible legitimidad del voto, pero temo que no se hayan dado cuenta de que, si bien las urnas otorgan la representatividad, en estos momentos no bastan para re-legitimar a los partidos como un todo, como sistema.

    Es como si se hubieran vuelto las tornas del Antiguo Régimen. Desde hace 200 años, cuando se dejó de atribuir la legitimidad de los monarcas al designio divino, los reyes europeos se han visto obligados a desempeñar una función social útil para garantizar su supervivencia. Así se lo recordaron las Cortes a Fernando VII cuando en 1820 juró la Constitución: “Volviendo V.M. sus derechos al pueblo, ha legitimado los suyos”. Exactamente lo mismo hizo Juan Carlos I en la Transición.

    Los grandes partidos, instalados en el despótico “después de mí el diluvio”, se contentan con invocar el fantasma del fascismo para acallar a sus críticos. Se consideran tan imprescindibles que han olvidado la necesidad de todo poder de buscar su legitimación, es decir, de “obtener obediencia sin recurrir a la coacción”, por emplear las palabras de Max Weber. La legitimación automática ya no funciona y si insisten en el célebre “Yo o el caos”, puede llegar el momento en que la gente conteste: el caos. Lo malo es que si eso ocurriera, no rodarían sus cabezas, sino las nuestras. Mientras las cúpulas se lo piensan, urge que los ciudadanos ocupen pacíficamente los partidos y los conviertan en verdaderos “cauces de participación democrática”, como manda la Constitución. No se me ocurre otra forma de devolverles la legitimidad perdida.

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