Ciudadanos cívicos o el gobierno para la tautología

Alguna gente se molesta cuando los debates se centran en cuestiones semánticas. Yo no las desprecio en absoluto, pero aunque lo hiciera, la decisión de sustituir la asignatura de Educación para la ciudadanía por otra que se denominará Formación cívica y constitucional no deja mucho margen a otros planteamientos.

“Ciudadanía” tiene como primera definición en el Diccionario de María Moliner la de “cualidad de ciudadano, derechos de ciudadano”. La segunda reza: “civismo, comportamiento propio de un buen ciudadano”. En cuanto a la palabra “cívico”, se define en primera instancia como “de la ciudad o de los ciudadanos” y seguidamente como “de las personas como ciudadanos”. O sea que hasta ahora en las aulas se enseñaba a los chavales a ser ciudadanos cívicos y pronto se les enseñará a ser cívicos ciudadanos.

Poca sorpresa puede deparar este parecido cuando ambas proceden de la raíz latina “civis”. La etimología es como la huella de un crimen, siempre está ahí para alertarnos de maniobras culposas. Con sólo preguntarles, las palabras nos dicen quiénes son. Y nos proporcionan, extra bonus, información sobre quien las pronuncia. En este caso se inaugura un nuevo concepto, el de gobierno para la tautología: dícese de la gestión consistente en llamar a lo mismo de distinta manera.

Explicó el ministro de Educación en el Congreso que se trata de despojar a la vieja asignatura de adoctrinamiento y eliminar de ella todo contenido polémico. El problema es que la ciudadanía es polémica en sí misma, pues presupone la autonomía del individuo y  unos derechos inalienables que el sectarismo religioso o ideológico le niega gustoso. De hecho, se trata de un concepto

La idea de que la democracia no tiene derecho a transmitir cierto conocimiento necesario para la convivencia, especialmente útil, por cierto, en nuestro país muy moderno. En el Diccionario político y social del siglo XIX español explica Javier Fernández Sebastián que “la verdadera consagración del concepto de ciudadanía en España tendrá lugar cuando las cortes de Cádiz inicien sus trabajos”. Fíjense si es polémica la palabreja, que no tardó mucho en venir un rey a derribar toda esa labor, pues prefería quedarse con sus súbditos de toda la vida a tener ciudadanos autónomos y con derechos. Aún hoy la idea sólo rige en ciertas partes del mundo, pues en muchos países se niega la ciudadanía a las mujeres o a los homosexuales.

Ciertas asociaciones católicas han celebrado el gobierno de la tautología, y han aprovechado para reivindicar que sean los padres y no el Estado quien eduque a nuestros retoños. He ahí la cuña polémica a la que trata de atender este cambio tautológico: la idea de que la democracia no tiene derecho a transmitir cierto conocimiento necesario para la convivencia, especialmente útil, por cierto, en nuestro país.  Es precisamente ese contenido común –y no los valores que impartan en exclusiva las familias, que no se los quita nadie- el que permite construir una sociedad que mire por encima de las consignas tribales, cuya última aspiración es la supervivencia de la tribu y no del conjunto de la sociedad.

¿Hasta dónde se limarán las aristas controvertidas, cuando no ridículas, que figuraban en algunos libros de texto? ¿Se atenderá a quienes no tienen nada en contra del adoctrinamiento siempre que sea el suyo? Ésa es la cuestión que no se puede dilucidar hasta conocer con precisión los nuevos contenidos. Tengo una buena opinión del ministro Wert gracias a que me la formé cuando coincidíamos en las tertulias. Si tuviera que juzgarle por este anuncio, probablemente me equivocaría respecto a su grado de frivolidad. Pero confío en su talante negociador. Mientras no ofrezca un acuerdo de consenso o un pacto concertado, podremos salvarle de la tautología.