Estamos recortando por encima de nuestras posibilidades

Se oye cada vez más a los pragmáticos asegurar que, con tanto ajuste, no sólo no se conseguirá reducir el déficit, sino que además nos vamos

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    Se oye cada vez más a los pragmáticos asegurar que, con tanto ajuste, no sólo no se conseguirá reducir el déficit, sino que además nos vamos a dejar en la gatera todos los pelos de la cohesión social. Mi opinión es que no sólo estamos recortando por encima de nuestras posibilidades económicas, sino también de nuestras posibilidades políticas.

    El dogmatismo de impronta alemana sigue imponiéndose a los hechos. Y si el coste social está resultando muy elevado, lo peor es que, al concentrar todo el esfuerzo de los Estados en un solo asunto -la reducción del déficit-, se está erosionando la esencia misma del Estado, lo que explica la crisis de legitimidad de las instituciones. Si algo caracteriza la actuación de un Estado es su papel armonizador de los distintos intereses de una sociedad. En todas ellas hay siempre opiniones encontradas, intereses que entran en conflicto, individuos que quieren una cosa y otros que desean la contraria.

    Sucede igual al organizar el tráfico en una ciudad. Nadie tendría siempre en rojo todos los semáforos en dirección norte y en verde todos los situados en dirección sur. Sin duda, eso satisfaría mucho a quienes circularan hacia el mediodía pero, aparte del caos circulatorio, sólo desencadenaría odio y rencor en los demás, es decir, minaría la convivencia. Además, deslegitimaría al Estado, que sería visto como un arbitrario defensor de la circulación en un solo sentido. Los semáforos cambian de color por periodos para que todo el mundo pueda circular, y para ello se tienen en cuenta variables objetivas como la densidad de población y de tráfico, el tipo de vía, etc., y no la procedencia aleatoria de los conductores.

    Por definición, el Estado tiene la función de arbitrar todos los potenciales choques entre intereses particulares –no sólo los de tráfico-, y es en la búsqueda de esa síntesis donde suele hallarse el interés general, que no sólo redunda en la cohesión social, sino también en la legitimidad del propio Estado, pues será visto como defensor de todos y no de unos pocos

    Por definición, el Estado tiene la función de arbitrar todos los potenciales choques entre intereses particulares –no sólo los de tráfico-, y es en la búsqueda de esa síntesis donde suele hallarse el interés general, que no sólo redunda en la cohesión social, sino también en la legitimidad del propio Estado, pues será visto como defensor de todos y no de unos pocos.

    También en el gobierno de la economía el Estado debe demostrar que, naturalmente, está interesado en reducir un déficit excesivo. Poca gente afirma hoy lo contrario. La cuestión es que el Estado está obligado a situar esa preocupación en el lugar preciso que le corresponde dentro del conjunto de las preocupaciones de un Estado: el crecimiento económico, la cohesión social, el empleo, la igualdad de los ciudadanos, la vigencia de las libertades públicas, la racionalidad del gasto. Mantener simultáneamente esa amplia gama de preocupaciones es lo que hace que gobernar sea una tarea difícil. Por eso se ha ideado un sistema complejo de elección de los gobernantes, la democracia, que debe garantizar no sólo la capacidad sino, algo mucho más perentorio hoy: su legitimidad.

    Aprobar un decreto tras otro recortando inversiones tan básicas como la educación o servicios tan importantes como la sanidad, mientras se suben los impuestos a los ciudadanos, se amnistía a los defraudadores y se deja intacto el despilfarro y la irracionalidad del gasto autonómico, resulta muy fácil. No hay que enfrentarse a dos poderosos grupos de interés: los acreedores y los barones regionales de los partidos. Presenta en cambio un problema muy grave: deslegitima al Estado por cuanto los ciudadanos perciben su desprecio hacia el interés general.

    Como además los intereses particulares suelen ser inconfesables, la labor se complica a la hora de la comunicación –ya lo hemos visto-, por eso el Gobierno tiende a escudarse en las presiones recibidas de Europa. Pues bien, anoten este dato: el porcentaje de españoles que cree que pertenecer a la Unión Europea es positivo acaba de alcanzar una cota mínima histórica del 55%. En sólo tres meses ha descendido 10 puntos.

    Ya sé que los de mirada corta pensarán que, mientras se desprestigie la UE pero ellos no se vean demasiado afectados en las encuestas electorales, todo irá bien. La realidad es justamente la contraria. Y si no, díganme a qué década del siglo XX les recuerda la suma de crisis económica, auge del nacionalismo, hegemonía de Alemania y deslegitimación de la política. Y díganme cómo acabó todo.

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