Si al menos un corrupto entrara en la cárcel

Durante años, los partidos políticos han amparado y tolerado la corrupción. Esto no es una opinión, sino un hecho. En su discurso de investidura, el presidente Rajoy afirmó literalmente: “No acepto de ninguna de las maneras que se diga que hay una corrupción generalizada en la política”. Sus palabras sí constituyen una opinión. Falsa, tal y como se confirmó ayer, pues si es cierto que detuvo la práctica del sobre, aún no sabemos por qué no lo denunció en el juzgado. En el caso de los gobernantes, las opiniones se traducen en acciones o, como en este caso, en la inacción y la mudez. Nos hallamos sumidos en la mayor crisis institucional de las últimas décadas. El jefe del Estado está siendo chantajeado por la corrupción familiar, y el del Gobierno por la de su partido: el país está en manos de dos mafiosos. Rajoy debe salir de la clandestinidad. Cuando se llega a cierto punto, la inacción se convierte en complicidad y encubrimiento políticos, quizá también penales. Al negar la corrupción, Rajoy sólo obedecía a ese impulso que tan bien encarna su Gobierno: cambiar la percepción de la realidad y no la realidad misma (salvo que Bruselas ordene lo contrario y tampoco del todo).

Pues bien, su intento de enmascarar la corrupción ha fracasado doblemente: el 96% de los ciudadanos, es decir, la totalidad de la sociedad española, percibe que hay corrupción en la política. Más aún: otro 95% considera que los partidos tienden a proteger a sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles. Los datos los proporcionaba Metroscopia hace unos días, pero los del CIS resultan aún más reveladores de la dimensión de su fracaso. Comparando el Barómetro de diciembre de 2011 con el avance de 2012 se ve que si hace un año sólo el 6% de los entrevistados consideraba la corrupción uno de los tres principales problemas de España, a día de hoy este porcentaje llega al 17%, es decir ha aumentado un 186%.

Al negar la corrupción, Rajoy sólo obedecía a ese impulso que tan bien encarna su Gobierno: cambiar la percepción de la realidad y no la realidad misma (salvo que Bruselas ordene lo contrario y tampoco del todo).No le va a quedar otro remedio al Gobierno que modificar la realidad a fondo. No me refiero a hacer una faena de aliño para fingir que aborda el problema, sino a abordarlo con todas sus consecuencias. Necesitamos una catarsis. Necesitamos que el presidente se dirija a los ciudadanos y, con toda solemnidad, adopte un compromiso veraz y verosímil contra la corrupción y con la exigencia de limpieza en todas las instituciones: no solo partidos, sino también ministerios, comunidades, municipios, diputaciones, empresas públicas. Esto no tiene ningún efecto legal, pero sí pedagógico. Resulta intolerable que cada día se estén publicando noticias de un nuevo caso de corrupción y los ministros sigan moviendo papeles de un lado a otro, como si llevaran una gestoría en lugar de un Gobierno.

Necesitamos además reformas legales de calado pactadas con todos los grupos parlamentarios para garantizar por ley la expulsión de los sospechosos de corrupción de la vida pública: ya que la ética no les obliga, tendrá que hacerlo la ley. También hay que garantizar la rapidez de la Justicia y su independencia, aunque el escandaloso nombramiento de un hombre de La Caixa para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (la misma que acabará juzgando las preferentes, las cláusulas suelo y otros abusos bancarios) es un autoblindaje del establishment sencillamente intolerable.

Por cosas como ésta, necesitamos sobre todo algo que no darán las leyes: un cambio de cultura política por el que las élites abandonen su arraigada creencia de estar por encima de la ley. De nada sirve legislar si los mismos que legislan garantizan la impunidad de los corruptos. Necesitamos el compromiso de que no se va a indultar a un solo condenado más.   

Por último necesitamos que al menos un corrupto entre en prisión ya (luego que le sigan los 300). Es triste reclamar a la justicia que sea ejemplar, porque lo que ha de ser es justa. Pero la degradación institucional y política ha tocado fondo. El Gobierno está obligado a reaccionar si no quiere que el caso Bárcenas se lo lleve por delante.