Austin en Cataluña hoy mismo
Las palabras pronunciadas por los representantes de instituciones políticas constituyen hechos políticos. Constituye un grave error pensar que sólo tiene realidad aquello que tiene realidad jurídica
¿Por qué cuando se casa una pareja, los contrayentes afirman en un acto público -ante un cura o un juez- su deseo de contraer matrimonio? ¿Qué sentido tiene ese acto si el matrimonio sólo adquiere carácter legal cuando ambos firman el documento correspondiente? Por una razón que Austin explicó hace más de 50 años y sobre la que urge reflexionar: el poder performativo del lenguaje.
Decir es hacer en muchas ocasiones. Las palabras adquieren la categoría de actos en el marco de las instituciones sociales, como el matrimonio. También sucede con numerosas convenciones: cuando alguien afirma “te doy mi palabra”, ejecuta el acto de darla de una sola forma, diciéndolo. Y si hay un ámbito donde el poder performativo del lenguaje cobra especial relevancia es en la política y en las instituciones públicas.
Cuando la presidenta del Parlamento de Cataluña afirma -vulnerando la convención que presupone su neutralidad- que va a trabajar por la independencia de esa Comunidad Autónoma y al día siguiente se desencadena el procedimiento parlamentario para hacerlo, no nos enfrentamos a una provocación -perteneciente al ámbito del discurso-, sino a un acto político.
Declarar la independencia es algo que se hace diciéndolo, como muestra la historia. ¿Cómo proclamó Lluís Companys el Estat Catalá en 1934? Salió al balcón de la Generalitat a las ocho de la tarde del 6 de octubre y lo dijo. Con palabras, en concreto con estas: “En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, y proclama el Estado Catalán de la República Federal Española”.
La visión jurídica del mundo no sólo es extremadamente pobre, sino peligrosa, pues acarrea de hecho la inhibición de la política
Aquellas palabras no iban tan lejos como las rubricadas ahora por Junts pel Sí y las CUP, que han declarado su voluntad de “crear un estado catalán en forma de República”. Ralph Waldo Emerson escribió que “las palabras son hechos”. Cabe añadir que las palabras pronunciadas por los representantes de instituciones políticas constituyen hechos políticos y es obligado conferirles esa categoría. No se trata, por tanto, de una simple “propuesta de resolución” presentada por dos grupos parlamentarios.
Si se considera la dimensión performativa del lenguaje se ve la inminente declaración de independencia. Constituye un grave error político pensar que sólo tiene realidad aquello que tiene realidad jurídica, pues lleva a la parálisis y el inmovilismo: por un lado, mientras no se produzca el acto jurídico -la aprobación de la declaración en el Parlament-, no se puede hacer nada. Por otro, cuando ese acto jurídico tenga lugar, el presidente tampoco podrá actuar, puesto que ya el asunto estará en manos de los tribunales, en concreto del Constitucional.
La visión jurídica del mundo no sólo es extremadamente pobre, sino peligrosa, pues acarrea de hecho la inhibición de la política, como hemos comprobado a lo largo de la legislatura. Durante cuatro años Rajoy ha negado la existencia de varias crisis políticas cruzadas en nuestro país, confiando en que el malestar político se disiparía cuando se solucionara la crisis económica. Ahora se encuentra atrapado en su propia paradoja: una crisis política con consecuencias propias y cuya gravedad puede amenazar la incipiente recuperación económica en Cataluña y en el conjunto de España.