¿Qué hacemos con la universidad?

El colapso en la excelencia académica de la universidad pública española no es algo de estos días. Lleva años sin encontrar justificación, a juzgar por los resultados, a los magros recursos que la sociedad española le entrega cada año. Muchos de esos centros —excesivos— se crearon bajo intereses personales sin más argumento que la hegemonía política del momento.

Un ejemplo. España es la vigésima potencia económica del mundo. La primera universidad española que encontramos en el 'Informe Shanghái' en cuanto a solvencia académica e investigadora aparece en el puesto 188.

No es el desastre de la universidad pública, salvando raras y venturosas excepciones, el objetivo esencial de esta columna. Me interesa echar un vistazo a la privada. Sobre todo, porque con concesiones administrativas y autorizaciones parlamentarias autonómicas se está haciendo negocio privado. No era ese el espíritu de los padres constitucionales. En modo alguno. Se han vendido al mejor postor, hasta el momento, la Universidad Europea de Madrid (por dos veces), la Universidad Alfonso X el Sabio (a un fondo internacional) y ahora la telemática Isabel I en Castilla y León. Esto es, se pide una autorización política y administrativa, se monta rápidamente el chiringuito y se pone en el mercado.

Desde mi particular visión ni es ético ni serio. Alguno recordará que ello también ocurre en otros sectores, sin ir más lejos, en el campo de las concesiones televisivas. Cierto. Pero lo uno no justifica lo impresentable. La educación es algo muy serio para llegar a este predio hucha en mano. Los poderes públicos, los mismos que autorizaron y adjudicaron licencias, tendrían que estar enfrente impidiendo que esos cuatreros que se llenan los bolsillos con un derecho fundamental (educación) campen a sus anchas entre risotadas de nuevos ricos.

No he mencionado la palabra corrupción… Pero podría.