Palo Alto
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Joyas de la corona se venden en el rastrillo
Se está dando pie a que grandes multinacionales españolas sean objeto oscuro de deseo por parte de conglomerados financieros de países como China, Kuwait o Emiratos Árabes
Habrá que recordar a un país básicamente desmemoriado que el pasado mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento total de España, Sánchez se comprometió a proteger el tejido estratégico nacional ante la más que previsible ofensiva accionarial de inversores que no llevan vitola de la Unión Europea aprovechando los efectos económicos a la baja por mor de la pandemia.
Nueve meses después se puede comprobar, ante el estupor de los afectados, que aquella promesa, como tantas otras, era pura filfa. Aunque estos asuntos suelen pasar desapercibidos para el gran público que no lee páginas en color salmón, los datos cantan por sí solos. Hasta el 1 de diciembre 2020 y desde el 15 de marzo, el Gobierno de Sánchez&Iglesias ha autorizado 22 operaciones de venta de activos bursátiles, muchas de ellas con participaciones que sobrepasan los cinco millones de euros que pudieran ser irrelevantes por las cantidades. La cuestión estriba más en el fondo que en la forma.
Se está dando pie a que grandes multinacionales españolas sean objeto oscuro de deseo por parte de conglomerados financieros de países como China, Kuwait o Emiratos Árabes que, como todo el mundo sabe, son ejemplos de transparencia y buen gobierno. Sánchez&Iglesias no han tenido escrúpulo democrático alguno en permitir que compañías bajo el control absoluto de regímenes no democráticos y que vulneran permanentemente los derechos humanos se hagan con empresas españolas en sectores estratégicos para los intereses nacionales como el turismo, donde sus hoteles se venden a precio de ganga impelidos sus propietarios a enajenar o ir a la bancarrota.
No quiero ser una pizca de malvado, ni caer en la tentación de pensar que a lo peor es lo que justamente pretende el susodicho dúo… Fíjense que he desechado la palabra 'banda'.
Habrá que recordar a un país básicamente desmemoriado que el pasado mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento total de España, Sánchez se comprometió a proteger el tejido estratégico nacional ante la más que previsible ofensiva accionarial de inversores que no llevan vitola de la Unión Europea aprovechando los efectos económicos a la baja por mor de la pandemia.
Nueve meses después se puede comprobar, ante el estupor de los afectados, que aquella promesa, como tantas otras, era pura filfa. Aunque estos asuntos suelen pasar desapercibidos para el gran público que no lee páginas en color salmón, los datos cantan por sí solos. Hasta el 1 de diciembre 2020 y desde el 15 de marzo, el Gobierno de Sánchez&Iglesias ha autorizado 22 operaciones de venta de activos bursátiles, muchas de ellas con participaciones que sobrepasan los cinco millones de euros que pudieran ser irrelevantes por las cantidades. La cuestión estriba más en el fondo que en la forma.