Populismo económico a cuenta del Ibex 35
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Josep Martí Blanch

Pesca de arrastre

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Populismo económico a cuenta del Ibex 35

En Cataluña, la actividad económica está bajo sospecha. Como si la aspiración final de nuestros políticos no fuera otra que la apuesta por un sistema de mera subsistencia

Foto: La candidata de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs. (EFE)
La candidata de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs. (EFE)
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“Creía que lo había visto todo, pero no”. Este es el mensaje que un alto ejecutivo del primer banco español con sede operativa en Barcelona mandaba por WhatsApp a modo de resignada reacción al anuncio del compromiso electoral de JXCAT de vetar las empresas del Ibex 35 en los procesos de contratación pública del Gobierno catalán.

Esta promesa, que también ERC lleva en su programa, sintetiza el grado de analfabetismo económico y jurídico de parte de la clase política catalana. Se trata de una 'boutade' sin posibilidad alguna de concretarse —ni la legislación europea ni la española permiten discriminación alguna en la contratación pública—, pero que deja al desnudo el influjo que ejerce el populismo económico entre los dos partidos que gobiernan la Generalitat de Cataluña.

Foto: La candidata de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs. (EFE)

Ambas formaciones también apuntan a la creación —nuevamente, un brindis al sol— de una banca pública, la misma canción que en el resto de España viene interpretando Unidas Podemos. Estas son algunas de las peregrinas ocurrencias que deberían convertir Cataluña en la Dinamarca del sur (esta es la metáfora de futuro que el soberanismo utiliza constantemente), paradójicamente construida con cimientos de inspiración semichavista.

En Cataluña, la mirada sobre la actividad y el crecimiento económico viene agriándose desde 2015, año en el que la CUP consiguió situar el discurso de la extrema izquierda en el centro del tablero político. Su influencia no quedó limitada a conceptos como la unilateralidad y la desobediencia. También su discurso anticapitalista se filtró por las cañerías del pensamiento económico, escorando a ERC y a los entonces todavía convergentes a posiciones cada vez más izquierdistas, cuando no directamente populistas.

A la influencia de los anticapitalistas se sumó, también en 2015, que la alcaldía de Barcelona recayese en manos de Ada Colau, aupada al sillón de primer edil a lomos de la demagogia nacida en las plazas del 15-M y haciendo bandera del decrecimiento económico como solución a todos los males. Por desgracia, la pandemia ha hecho realidad la Barcelona que llevaba en su programa: sin turistas y sin consumo. Si les parece exagerado, tomen nota de que una de sus tenientes de alcaldía, Jane Sanz, no ha tenido reparo en celebrar el cierre de Nissan remarcando, además, que hay que impedir la reactivación de la industria del automóvil.

Foto: El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)

Transcurridos seis años, esta pulsión antieconómica se ha acentuado y solo aparecen libres de sospecha los pequeños empresarios, autónomos, cooperativistas y las 'startups', en este caso, porque queda modernillo. Las grandes empresas, las inversiones financieras, la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, los beneficios, el ánimo de lucro y todo aquello que en general sirve para apuntalar la competitividad de un país, generar riqueza y repartirla han pasado a ser algo casi vergonzante. Del 'business friendly' del que en su día se vanagloriaba Artur Mas, no queda ni el recuerdo.

Esta deriva antieconómica se advierte en todos los debates. Cuando se recuperó el impuesto de sucesiones, se hizo señalando a las empresas familiares. Cuando volvió a incrementarse el IRPF en 2020, se estigmatizó a los asalariados que rentan 90.000 euros brutos al año, calificándolos de ricos a los que era necesario esquilmar impositivamente.

Toda iniciativa que escape de la titularidad pública en la prestación de servicios es sospechosa. El Parlament viene flirteando, de manera recurrente, con la idea de acabar con la participación de la iniciativa privada en el mundo educativo y sanitario, de larga tradición en Cataluña en forma de conciertos. También en el capítulo de la vivienda se ha convertido en privilegiados a los pequeños propietarios que tienen sus ahorros puestos en el ladrillo. Fíjense que la ley aprobada para regular la oferta y el precio de los inmuebles de alquiler les obliga, si tienen ingresos de 2.000 euros —contando el importe del arrendamiento—, a no poder fijar libremente el precio porque se considera que con esa cifra ya nadan en la abundancia. ¡Ricos de 2.000 euros mensuales!

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), conversa con el presidente del BBVA, Carlos Torres (i), junto con el ministro de Seguridad Social, José María Escrivá. (EFE) Opinión

Añadan que en el debate sobre la okupación preocupa más dar cobertura moral a quien se apropia de lo ajeno que defender la propiedad privada y que el discurso institucional, ante problemas reales como el de la pobreza energética o el acceso a los bienes más básicos, siempre criminaliza las empresas, a las que se señala abiertamente como causantes de todos los males.

El resumen vendría a ser que lo que para España propone solo Unidas Podemos, en Cataluña, es el discurso común de cuatro formaciones políticas —CUP, En Comú Podem, ERC y JXCAT—, y que son estas las que están —a excepción de la primera— al frente de las instituciones desde hace ya años. Todo esto se olvida cuando quiere explicarse el declive económico de Cataluña, cuyo PIB per cápita ha caído recientemente por debajo de la media europea al mismo tiempo que el resto de los indicadores tienden paulatinamente hacia la mediocridad (efectos de la pandemia al margen).

El soberanismo tiende a explicarlo todo por el centralismo de las políticas de Estado y la mala financiación. Mientras, de la otra parte, se atribuye el freno económico al proyecto independentista, que genera inestabilidad y asusta al dinero. Unos y otros llevan parte de razón.

Foto: Aspecto del hemiciclo del Parlament de Cataluña. (EFE)

Pero estos análisis obvian la importancia que tiene la mirada que una sociedad tiene sobre el hecho económico a través de su discurso institucionalizado. Y este ha pasado a ser en Cataluña mayoritariamente hostil para con el mundo del dinero. Y de los discursos, nacen las políticas.

Porque es cierto que el dinero huye de la inestabilidad y que el independentismo la ha generado. Y también lo es que, como plantean igualmente Valencia o Baleares, es urgente reequilibrar los endémicos males del sistema de financiación que han hecho insostenibles las finanzas de algunos territorios.

Pero estas dos verdades no esconden que, al final, de donde uno se marcha más rápido es de los sitios donde no es bien recibido. Y en Cataluña la actividad económica está bajo sospecha. Como si la aspiración final de nuestros políticos no fuera otra que la apuesta por un sistema de mera subsistencia. Una Dinamarca muy particular será esa.

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“Creía que lo había visto todo, pero no”. Este es el mensaje que un alto ejecutivo del primer banco español con sede operativa en Barcelona mandaba por WhatsApp a modo de resignada reacción al anuncio del compromiso electoral de JXCAT de vetar las empresas del Ibex 35 en los procesos de contratación pública del Gobierno catalán.

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