Un pacto para prevaricar

La extrema izquierda independentista —CUP— ha anunciado un principio de acuerdo con ERC sobre tres puntos que, según los anticapitalistas, ha de servir para facilitar su apoyo a un futuro Gobierno independentista de coalición entre ERC y JxCAT que presida Pere Aragonès.

El pacto alcanzado —sobre el que los republicanos guardan silencio— incluiría una moratoria en el uso de proyectiles de 'foam' por parte de la policía, la no participación de la brigada móvil de los Mossos d’Esquadra (Brimo) en los desahucios y que la Generalitat retire las acusaciones de los casos en que son juzgadas personas que han causado daños o lesiones a los funcionarios públicos vestidos con uniforme policial.

Todo ello sucede después de días de graves disturbios en Barcelona y otras ciudades catalanas que alcanzaron su cenit el sábado pasado, cuando se prendió fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro que afortunadamente no sufrió lesiones.

La CUP —cuyas juventudes de Arran utilizaron en las redes sociales la imagen del furgón policial ardiendo para insistir en la conveniencia de acciones vandálicas de este tipo para conseguir objetivos políticos— saca pecho. Sus diputados son imprescindibles para hacer realidad un Gobierno independentista y obliga a los de Junqueras y a los de Puigdemont a plegarse a sus designios, al menos en el terreno de las declaraciones.

El acuerdo, caso de hacerse realidad, sería directamente para prevaricar. Y no es trasladable a los hechos salvo que los futuros gobernantes catalanes estén dispuestos a infringir la ley y acabar sentados en el banquillo. A la extrema izquierda, y a quien tenga voluntad de complacerla, se le olvida, cuando da rienda suelta a la pulsión totalitaria que subyace en su ideología, que existe una cosa llamada separación de poderes y ordenamiento legal de obligado cumplimiento también para los gobernantes.

Para empezar, los desahucios los ordena la Justicia y los ejecuta la comitiva judicial a la que presta auxilio la policía. Ni siquiera el presidente de la Generalitat, como jefe supremo de los Mossos d'Esquadra según el Estatut, puede interferir cuando los agentes actúan a las órdenes de un juez como policía judicial.

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Así que los desahucios, mientras la ley sea la que es, continuarán realizándose con la fuerza necesaria que requiera cada caso para cumplir con el mandato de sus señorías. Otra cosa será que le cambien el nombre a la Brimo para que pase a llamarse Unidad de Reparto de Sugus y Caramelos aunque siga haciendo lo mismo.

En lo referido a que la Generalitat no se persone en las causas abiertas contra quien cause daños a un funcionario, también se entrevé el mismo interés en hacer de Cataluña una república bananera. Porque la ley, ya sea a través del estatuto básico del empleado público u otras normas, obliga a la Administración a prestar asistencia y protección jurídica a sus empleados ante cualquier amenaza, ultraje, injuria, calumnia, difamación y demás que sufran en el ejercicio de sus funciones. No hacerlo sería, pues,también un acto de prevaricación.

Respecto al tercer punto del acuerdo, la moratoria de los proyectiles de 'foam' como herramienta de disuasión para frenar los altercados, no presenta problemas de ejecución desde el punto de vista legal. Solo que dejaría a los Mossos d'Esquadra sin ningún tipo de herramienta para intervenir desde la distancia de seguridad necesaria en escenarios de violencia, limitando su capacidad disuasoria a las porras y armas de fuego.

¿Alguien que no haya perdido la cabeza puede imaginarse algo así? El resultado sería dejar la calle a un paso de la anarquía cuando se produjesen altercados. Sabemos que esto no está lejos de lo que desea la CUP, pero se supone —aunque a veces es mucho suponer— que sí lo está del modelo de seguridad ciudadana que propugnan ERC y JxCAT.

Lo que subyace detrás de tanta verborrea alrededor de un pacto 'fake' es que hay que vestir la mona de la negociación para que las bases de los antitodo engullan bien a gustito el sapo de dar el 'sí, quiero' a un Gobierno de ERC y JxCAT sin obtener nada sustancial y tangible a cambio de entrada.

¿Nada? No exactamente. ERC les ha ofrecido participar del reparto de cromos institucionales con la presidencia de la Mesa del Parlamento. La dádiva ha hecho tilín a los antisistema, que han empezado a salivar imaginándose al frente de la Cámara catalana. Pero este es un botín muy poco revolucionario para contentar a sus voces más puristas. El acuerdo anunciado con ERC sobre temas policiales viene a cubrir la necesidad de proporcionar alpiste demagógico a sus militantes para que traguen con más entusiasmo.

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Lo que ciertamente sí han conseguido los mandarines de la extrema izquierda es que el actual Gobierno en funciones de la Generalitat y los dos partidos que aspiran a repetir mandato hayan avalado con sus silencios y con su absentismo la cobertura moral de la violencia durante una semana entera.

De ahí que entidades de la sociedad civil catalana poco amigas de la demagogia y tradicionalmente prudentes en la toma de partido, como el Círculo de Economía, hayan acusado sin citar nombres propios a miembros del Gobierno en funciones y de JxCAT y ERC de cómplices de la violencia. Pronunciamientos similares se han hecho también desde la mayoría de asociaciones de carácter empresarial.

Cataluña sigue jugándose su presente y su futuro a los dados en una partida a la que están invitados los antisistema. No acabará bien. Y no será por culpa de quien, como la CUP, aspira a subvertir los principios básicos de nuestra sociedad. A fin de cuentas, demuestran una gran coherencia.

Como en la fábula de Esopo del escorpión y la rana, las cuentas hay que pedírselas al batracio por empeñarse en cruzar el río a cuestas del alacrán, sabiendo que está en su naturaleza clavar el aguijón. Lo malo es que en esta fábula no se hunde la rana sola, Cataluña entera va detrás.