Nada de litio extremeño para los catalanes

La secuencia es la que sigue: la ministra de Industria, comercio y Turismo, Reyes Maroto, anuncia la creación de un consorcio público-privado, en el que participarán Iberdrola y SEAT, junto a otras empresas o inversores que así lo deseen, para impulsar la puesta en marcha de una fábrica de baterías eléctricas “cerca” de Martorell (Barcelona).

Lo hace un día antes de que el presidente de Volkswagen, Herbert Diess, se comprometa a impulsar la fabricación de coches eléctricos en la factoría catalana de SEAT en un acto presidido por Felipe VI al que también asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dos buenas noticias económicas en 24 horas. ¿Casualidad? Más bien una oportuna orquestación. Optimismo en vena, si ambas acaban siendo realidad, para la imprescindible reactivación económica de España en su conjunto y de la industria del automóvil en particular. Hasta aquí, miel sobre hojuelas. Pero faltan los elementos de distorsión, los borrones.

Opinión

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Del primero se ha hablado, y mucho. Es la ridícula ausencia del Gobierno catalán. No acudieron para seguir haciendo explícito su malestar con Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después de las cargas policiales en los colegios electorales del referéndum independentista celebrado dos días antes.

La ausencia del Ejecutivo catalán resultó inexplicable. Y, aunque no vaya a tener consecuencias sobre la inversión, demuestra hasta qué punto los máximos representantes institucionales del Gobierno autonómico son incapaces de cumplir con las mínimas obligaciones asociadas a la institución que gobiernan.

Uno puede ahorrarse las genuflexiones si mantiene un pulso político con la Corona, pero la Generalitat plantó también a Volkswagen y a todos los trabajadores que, de un modo u otro, tienen asociado su presente y su futuro al devenir de la factoría SEAT. Un despropósito en toda regla que ha merecido duras y merecidas críticas en la opinión publicada, también en la de Barcelona.

Del segundo borrón se habla menos y con sordina. Son las declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya (PSOE), afirmando que “esa fábrica de baterías no se va a nutrir con litio de la sierra de la Mosca porque no vamos a permitir que haya una explotación minera que condicione y sacrifique el futuro de una ciudad extremeña, nuevamente, por el desarrollo industrial de otras zonas del país”.

Salaya ha saltado como un resorte a defender lo suyo. Legítimamente, por supuesto. Si Cáceres, por cuestiones ambientales, turísticas o las que consideren sus ciudadanos, se opone a que se extraiga litio de su término municipal, está en su derecho de combatir la autorización de concesiones mineras con tal propósito. Faltaría.

Pero la frase del señor alcalde hace referencia a 'esa fábrica' en concreto y, además, saca del armario un supuesto agravio histórico basado en que la industrialización de unas zonas —en este caso, la de Cataluña— se llevó a cabo en su día contra los intereses de otras partes —Extremadura—.

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Adjetivar en estos tiempos es ciertamente barato. Pero aun así, la vehemencia de la afirmación de Luis Salaya, el momento escogido para realizarla y los mensajes que encierra la oración hacen muy difícil no dejar escrito que el alcalde de Cáceres decidió jugar la carta, nada extraña por habitual, del anticatalanismo para congraciarse con su electorado.

No es una novedad. Las hemerotecas andan preñadas de ejemplos. El más sonado pertenece en términos periodísticos a la prehistoria, cuando el proceso independentista ni estaba ni se lo esperaba. Corría el año 2005 cuando Gas Natural (ahora Naturgy) lanzó una opa que acabo fracasando sobre Endesa. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dejó una frase para la historia: "Es una mala noticia para la Comunidad de Madrid que la sede de una empresa eléctrica que es multinacional y que es una de las grandes empresas españolas se traslade fuera del territorio nacional". Tras el escándalo, la dirigente madrileña corrió a corregirse, atribuyendo a un lapsus el haber convertido Barcelona en la capital de un país extranjero. Lo que nadie corrigió es todo el despropósito que vino después, comparecencia incluida de Manuel Pizarro —el presidente de Endesa de entonces— con un ejemplar de la Constitución en la mano para defender su compañía de la oferta de compra por parte de una empresa catalana.

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De vuelta al presente y a las palabras del alcalde de Cáceres, hay que señalar que no ha sido posible todavía leer artículos o análisis que consideren lo suyo nacionalismo tribal. Tampoco se han oído declaraciones afeándole el autarquismo ridículo que propone a cuenta del litio y, por supuesto, no se han escrito editoriales remarcando la sandez de andar en pleno siglo XXI con un listado de agravios comparativos para sacar provecho político de ellos a través del victimismo. Todas estas cosas son más fáciles de decir y escribir cuando nos referimos a las declaraciones de tono similar de políticos catalanes. Pero no cuando toca afearles la conducta o el discurso a representantes políticos de otros territorios.

Se dirá que solo es un alcalde y que tanta atención no merece. Y será verdad. Como lo es que tras las anécdotas de cuando en cuando se esconden categorías. Y que a veces resulta inevitable llegar a la conclusión de que hay tantos catalanes deseando marcharse de España como individuos de otras comunidades dispuestos a hacer y decir lo que sea para echarlos. El último, a cuenta del litio, el alcalde de Cáceres.