Los cordones sanitarios políticos son una solemne estupidez. Si para ponerlos en práctica hay que recurrir, además, al filibusterismo parlamentario para alterar la plasmación institucional del resultado de unas elecciones, estamos ante un fraude democrático que adquiere la peligrosa categoría de precedente. Esto es exactamente lo que ha pasado con Vox en el Parlamento catalán, donde sus resultados en las últimas elecciones catalanas habían de garantizarle un senador de designación autonómica, de haberse utilizado el sistema proporcional de reparto vigente hasta la fecha.
Pero ERC, JxCAT, CUP y En Comú Podem se han puesto de acuerdo, con la oposición de Cs y del PP y una suave discrepancia del PSC, en aplicar en esta ocasión una variante de la Ley d’Hondt, conocida como Imperiali, que deja a la ultraderecha sin ese senador que se había ganado en las urnas, cuando los ciudadanos convirtieron a Vox en la cuarta fuerza política catalana con 11 diputados y el 7,68% de los sufragios.
La democracia se hace fuerte cuando se atreve a mirarse al espejo, no cuando se esconde. La utilización del fraude —aunque técnicamente pueda vestirse la decisión con un ropaje de legalidad— no es la mejor manera de defender los valores de pluralidad sobre los que se asienta el sistema democrático. Supone más bien lo contrario, en cuanto que abre una vía de agua a la solidez de los argumentos de quienes aseguran ser sus más firmes defensores. ¿Cómo acusas a la ultraderecha de querer reventar el sistema desde dentro si tú mismo lo haces primero a modo de prevención?
Por supuesto que es lícito negarse a pactar con quien tiene un planteamiento político que está exactamente en las antípodas del tuyo. Incluso muy recomendable. Pero una cosa es sacralizar la imposibilidad de acordar acciones políticas con una formación política —de la extrema derecha o de la extrema izquierda, tanto monta, monta tanto— y otra, muy distinta, alterar el normal funcionamiento de una institución para birlarle a tu enemigo aquello que le corresponde, porque se lo ha ganado con el apoyo de más de 200.000 electores.
Al extremismo y al nacionalpopulismo se los vence confrontándolos con la realidad y no facilitando su victimización. Se los gana también con buenas políticas que los dejen sin argumentos ante sus electores y situándolos permanentemente ante las contradicciones que la acción política —incluso la de oposición— comporta.
Hay un error bastante común en la lectura de los resultados de Vox en las elecciones catalanas. Consiste en atribuir sus excelentes resultados únicamente a su posicionamiento radical contra el soberanismo. Naturalmente, ese es un ingrediente que no puede negarse.
Pero al igual que en los otros comicios en que también tuvo buenos o excelentes resultados, el partido que lidera Santiago Abascal afianzó su rotundo éxito en Cataluña también en las cuestiones más candentes de la agenda social. Temas en los que mantiene un posicionamiento tan radical como demagógico: antiinmigración (con un aliño de racismo), seguridad ciudadana (mano dura), ideología de género (tonterías de las 'feminazis'), corrupción (todos lo son menos nosotros), más el desempleo, la incertidumbre o, en el peor de los casos, la desesperanza económica de una parte nada desdeñable de la ciudadanía (esto se arregla fácil dejando de robar y dedicando el dinero a lo importante).
El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. (EFE)
En el fondo, son argumentos de naturaleza tan simple, aunque desde ángulos totalmente contrarios, como los que viene utilizando la CUP. Los razonamientos de los extremistas difieren en el modo de construirse, pero están hechos de los mismos materiales.
Hay una enorme paradoja detrás del cordón sanitario a Vox. Se sitúa en el hecho de que al mismo tiempo que se pone en práctica, sin que vaya a tener ninguna utilidad para evitar que el apoyo popular pueda seguir creciendo, en la Cámara catalana se toman decisiones que impulsan su agenda política y su discurso.
Valga este ejemplo. La Mesa del Parlamento ha vetado la tramitación de dos preguntas del grupo parlamentario socialista al Gobierno catalán por considerar que resultaban ofensivas al colectivo transexual.
La mayoría de la Mesa vetó preguntas, como una policía religiosa, desquebrajando el principal valor del parlamentarismo
Eran cuestiones planteadas con neutralidad y educación. La primera, referida a un programa de la televisión autonómica en el que se negaba la relación entre los órganos sexuales y el sexo atribuido a cada persona. Los socialistas querían saber qué argumentos científicos había detrás de esa aseveración. La segunda pregunta que se planteaba al Gobierno versaba sobre si se había hecho una evaluación del impacto del traslado de personas transgénero (antes hombres) a las cárceles de mujeres.
La mayoría de la Mesa de la Cámara vetó estas preguntas, actuando como una verdadera policía religiosa y desquebrajando el principal valor del parlamentarismo, que no es otro que el debate político alrededor de las cuestiones que socialmente no están cerradas.
Negar el debate sobre asuntos como este sí es dar munición a Vox, que conecta con una parte de la ciudadanía que ve con asombro cómo desde la burbuja del progresismo se niega la discusión franca y con argumentos sólidos alrededor de cuestiones sobre las que aún no se ha alcanzado consenso social alguno.
Y de esta guisa va agrandándose la paradoja. Por un lado, se arman cordones sanitarios para acallar la voz de la ultraderecha, incluso alterando el normal funcionamiento de la institución, y por el otro se pone la alfombra roja para que sigan utilizando los argumentos que les ayudan a crecer. El problema de Vox no es Vox. Es el abono que quienes dicen combatirlo le sirven en bandeja para que su finca electoral dé mejores cosechas que la que ya recién ha recogido.
Por cierto, feliz Diada de Sant Jordi.
Los cordones sanitarios políticos son una solemne estupidez. Si para ponerlos en práctica hay que recurrir, además, al filibusterismo parlamentario para alterar la plasmación institucional del resultado de unas elecciones, estamos ante un fraude democrático que adquiere la peligrosa categoría de precedente. Esto es exactamente lo que ha pasado con Vox en el Parlamento catalán, donde sus resultados en las últimas elecciones catalanas habían de garantizarle un senador de designación autonómica, de haberse utilizado el sistema proporcional de reparto vigente hasta la fecha.
