Policía, guardia civil y la vacuna de la indignidad

La Generalitat vacunará a partir del lunes, en tan solo cuatro días, a los policías nacionales y guardia civiles que prestan servicio en Cataluña. Bien está lo que bien acaba. Pero el camino hasta llegar aquí no admite otro calificativo que el de bochornoso. Una sinvergüencería.

La Administración catalana 'olvidó' en su protocolo inicial a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados en Cataluña. Un error de bulto, grave. Para cuando se hubo rectificado, aparecieron las diferencias entre los criterios de las instituciones sanitarias catalanas y los mandos de los uniformados sobre cómo debía procederse logísticamente a la vacunación. Se sumaron al embrollo los nuevos criterios que paralizaron la vacunación entre menores de 60 años con AstraZeneca, con la que se venía pinchando a los colectivos profesionales considerados esenciales. Entre todos la mataron y ella sola se murió, por resumirlo de algún modo. Finalmente, el asunto acabó, a instancias de los sindicatos policiales, en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue quien dictaminó que debía vacunarse de inmediato a los agentes. El lunes empezará a cumplirse esa resolución judicial.

Hasta aquí, nada de lo que enorgullecerse, pero tampoco cabría hacer más sangre que la que merece la falta de diligencia. ¿Cómo puede 'olvidarse' un colectivo de aproximadamente 7.000 personas que residen en Cataluña y que desarrolla labores esenciales según las reglas que ha fijado el Estado? Y también, ¿cómo pueden exigir los mandos policiales una logística a la carta siendo conocedores, como deben serlo, de la dificultad que entraña el proceso de vacunación y la carga de trabajo que acarrean quienes la planifican y ejecutan? En todo caso, y a pesar de que estas cuestiones ya presentan la suficiente gravedad, ni la dejadez de la Generalitat ni el 'estupendismo' de la jerarquía policial son lo realmente vergonzante del asunto.

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Lo realmente grave han sido las reacciones políticas derivadas de la resolución del TSJC ordenando la vacunación de los uniformados. El secretario de Estado de Salud Pública, Josep Maria Argimon, no ha estado a la altura. Puede entenderse su enfado, dado que desde determinadas posiciones se le acusó —sin motivo— de violar lo más sagrado para un médico, que es no discriminar a las personas a las que debe prestar atención.

Se le podía acusar de falta de diligencia, de mala coordinación del proceso de vacunación o de cosas similares, pero no de traicionar el juramento hipocrático. Eso le daba derecho a estar molesto. Muy molesto. Pero de ninguna manera le proporcionaba carta blanca para que su responsabilidad para con todos los ciudadanos descarrilase. Se recreó e insistió con el argumento de que la decisión del TSJC beneficiaba a policías y guardias civiles en detrimento de los ciudadanos catalanes de más de 70 años. Fue este un argumento indigno. Y mayor indignidad tuvo lo que vino a continuación.

Carles Puigdemont tardó un nanosegundo en sumarse a la fiesta. Y a través de su cuenta de Twitter reiteró el argumento del secretario de Salud Pública, añadiendo que ese perjuicio a los mayores vendría causado por vacunar a los que apalearon a los votantes indefensos del referéndum del 1-O de 2017.

Más de media Cataluña no les va a perdonar en la vida las imágenes de violencia injustificada que protagonizaron el 1-O

Abierta definitivamente la veda por el expresidente catalán, parte del soberanismo se vino arriba en el señalamiento a guardia civiles y policías nacionales como causantes de un perjuicio a la salud pública de los ancianos catalanes. Una vergüenza.

Y no solo eso. También una inexcusable falta de respeto, particularmente al ciudadano de a pie, que lleva más de un año con su vida entre paréntesis por culpa de la pandemia y al que no se tiene ningún reparo en extorsionar emocionalmente con argumentos de la peor calaña. Porque eso es lo que se ha hecho. Ir a buscar el estómago de unos ciudadanos —los mayores de 70 años y sus allegados— para ponerlos en contra de otros —policías y guardias civiles destinados en Cataluña—.

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Una indignidad. Igual que lo ha sido —en todas partes cuecen habas y nadie es inocente— atribuir a la Generalitat una intención política por los errores en la elaboración de su primer protocolo, que demostró sobradamente querer corregir. Ha faltado poco para que en algunos foros se dijese ya explícitamente que las instituciones catalanes lo que querían en realidad es que policías y guardias civiles acabasen en la morgue. Indigno también.

Todo esto, injustificable, tiene un trasfondo que viene de lejos. Hay que referirse al grave problema de reputación que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen en Cataluña. Las dos instituciones van a seguir pagando durante mucho tiempo la factura de las malas decisiones que sus mandos políticos tomaron el 1-O de 2017.

Más de media Cataluña —cabe incluir aquí no solo al soberanismo, sino también a buena parte de la izquierda constitucionalista— no les va a perdonar en la vida las imágenes de violencia injustificada que protagonizaron ese día. Esa factura la pagan a diario todos los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña. Y van a seguir haciéndolo. El 'a por ellos' es imborrable, igual que el ensañamiento con que se actuó en algunos colegios electorales. Es el precio a abonar porque ese día se impusieran en la Moncloa las tesis de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, en detrimento de las más moderadas que habían prevalecido hasta ese día y que encabezaba la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El 1-O no debiera servir para criminalizar a los agentes, convirtiéndoles poco menos que en responsables de todo lo malo

Fuera de Cataluña, esto puede que resulte difícil de entender. Pero es así. Y por ese motivo es muy fácil apelar al estómago de muchos catalanes, como se ha hecho con el tema de la vacunación, con la intención de señalar a los uniformados de la Policía y la Guardia Civil. Viene a ser esto: "¡Con lo que hicieron y ahora los vacunan antes que a nuestros mayores!".

Y precisamente por eso resulta más irresponsable lo que ha pasado estos días. Porque demuestra la poca dignidad de quien es capaz de decir cualquier cosa, sin importarle las consecuencias, para sacar rédito de la pandemia. Que la Guardia Civil y la Policía Nacional, como instituciones, tengan facturas pendientes con más de la mitad de los catalanes por las decisiones tomadas por sus mandos cuando se fijaron los criterios operativos del 1-O no debiera servir para criminalizar a los agentes, convirtiéndoles poco menos que en responsables de todo lo malo que vaya a sucederles a partir de ahora a los mayores de 70 años.

Hacer eso es una desvergüenza y lo único que demuestra es que los valores de ciudadanía que hacen mejor un país les importan un comino. Vale para todos.