Los indultos son la primera estación

Tienen razón los que consideran que el riesgo que conlleva el indulto parcial que va a concederse a los políticos independentistas encarcelados es que acabe beneficiando directamente a Carles Puigdemont y a los demás líderes soberanistas (Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira) afincados en el extranjero. Por supuesto que va a ser así. Y les beneficiará mucho más, caso de salir adelante, la reforma del delito de sedición que negocian el PSOE y Unidas Podemos para ajustar el tipo delictivo y las penas asociadas al mismo a lo que es más habitual en la mayoría de los códigos penales europeos para casos similares a lo ocurrido en Cataluña en 2017.

Ayer mismo, la ministra de Derechos Sociales y nueva secretaria general de Podemos a partir del domingo, Ione Belarra, confirmó a preguntas del periodista Jordi Basté, en la emisora radiofónica RAC1, que su formación es partidaria de que el expresidente de la Generalitat vuelva a España cuanto antes y que con ese objetivo hay que entender los trabajos del PSOE y Unidas Podemos encaminados a modificar el delito de sedición.

Belarra, en el fondo, no dijo nada que los dirigentes políticos de su partido no hayan dicho con anterioridad. Pero con la agenda política y mediática situada de manera monotemática en el tema de los indultos, sus afirmaciones tienen la virtud de señalar explícitamente que la medida de gracia que prepara el Gobierno no es más que la primera parada de un convoy que deberá pasar por otras estaciones antes de llegar a destino.

¿Cuál es ese destino en el imaginario de la izquierda española? La respuesta la dio también ayer Salvador Illa en declaraciones a RNE. Para el dirigente socialista, ganador de las elecciones en Cataluña, la solución pasa por que los catalanes puedan votar un nuevo Estatuto al mismo tiempo que se pacta una reforma de la financiación autonómica. Esto sería lo máximo que el Gobierno español estará en condiciones de ofertar en la mesa de negociación con el Ejecutivo catalán cuando sea que se reemprendan las reuniones.

Es todavía muy pronto para determinar el recorrido que esa negociación vaya a tener. El plazo de dos años con que cuenta ERC según sus pactos de gobierno con JxCAT y la CUP coincidirá con el tramo final de la legislatura de Pedro Sánchez. Así que ya sabemos con toda seguridad que las próximas elecciones españolas, si la negociación se situase en los términos avanzados por Salvador Illa, volverán a girar en torno a la cuestión catalana. Pero es demasiado pronto para hacer cábalas cuando esas reuniones ni tan siquiera han empezado.

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Lo que sí puede avanzarse es que es muy difícil que la negociación llegue a ninguna parte si la situación de Carles Puigdemont y el resto de los líderes políticos independentistas afincados en Bélgica, Suiza y Escocia, respectivamente, sigue siendo la misma de ahora. Para que mejore, naturalmente, tendrán que poner de su parte y afrontar las consecuencias de sus actos ante la Justicia española. Pero desde luego no será lo mismo con sus compañeros indultados y una reformulación legal del delito de sedición, siempre —insistimos— que esta se acabe concretando.

Estas afirmaciones hieren a muchos españoles y es normal que así sea. La narrativa mayoritaria, no en Cataluña pero sí en el resto de España, que con toda probabilidad se acabará construyendo es que los independentistas se habrán salido con la suya o que habrán pagado una factura muy pequeña por el desafío legal de 2017.

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Pero no es verdad. El soberanismo, que sigue siendo mayoritario en las urnas, ha colapsado desde el punto de vista práctico y, por un largo tiempo, es inimaginable que vuelvan a reproducirse episodios tan lamentables y peligrosos como los vividos en 2017. No obstante, hay que señalar que el 'por un tiempo' no está escrito a la ligera. Hay que salir definitivamente del embrollo.

Este análisis es muy fácil de combatir en el terreno dialéctico. Basta con recurrir a la socorrida teoría de que el apaciguamiento es siempre una mala solución, porque lo que hace es dar tiempo y munición al enemigo para que se haga fuerte y vuelva a la carga en cuanto tenga una nueva oportunidad.

En Cataluña, hay una sociedad dividida por mitades a la que es casi una obligación moral ofrecer una salida que lo sea

Quienes recurren a esta analogía, la mayoría de las veces, la refieren a episodios bélicos o de lucha contra el terrorismo. Pero en Cataluña no hay ni ha habido una cosa ni la otra. Hay, eso sí, una sociedad dividida por mitades a la que es casi una obligación moral ofrecer una salida que lo sea, al mismo tiempo, también para el resto de España.

Ayer mismo, quienes militan en esta manera de entender cualquier atisbo de salida negociada, pudieron confirmar sus augurios con la filtración policial de un PowerPoint sacado del teléfono de un exconsejero de ERC e integrante de lo que vino en llamarse 'estado mayor' en los hechos de octubre de 2017. Ese documento, en manos de la Guardia Civil desde el pasado mes de octubre, pero dado a conocer ayer, fija el debilitamiento del Estado como objetivo previo a una nueva declaración de independencia unilateral. Es decir, más de lo mismo y a traición.

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Dejando a un lado que la filtración resulte oportunísima en medio del debate sobre los indultos, a nadie debería sorprender que entre los independentistas los haya que sigan pensando que el camino correcto sigue siendo el ensayado en 2017. Pero son los menos y desde luego no son los dirigentes de ERC, como tampoco la mayoría de JxCAT.

Y el único modo de que sean menos todavía es conseguir reconducir hacia posiciones pragmáticas y autonomistas a cuantos más mejor. Y para eso todo el mundo ha de mover ficha. Porque es en esas posiciones donde pueden coincidir constitucionalistas e independentistas, no todos, por supuesto, para reencontrarse en una abrumadora mayoría alrededor de un proyecto de plena convivencia política entre catalanes, pero también entre Cataluña y España.