Abuso del toque de queda en Cataluña

El pasado lunes, el consejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Maria Argimon, alertaba en su intervención en la Universidad Catalana de Verano de un riesgo severo para los ciudadanos de sufrir recortes de derechos y libertades de manera permanente si se acaba naturalizando la manera de gobernar “por decreto” con que vienen actuando todos los ejecutivos —sin prácticamente excepciones— desde el inicio de la pandemia.

Añadía el consejero que la ciudadanía debe estar “muy atenta” para evitar que esto pueda suceder porque, según afirmó, hay “personas” que quieren utilizar, por ejemplo, el toque de queda como fácil remedio para hacer frente a problemáticas y asuntos que nada tienen que ver con el covid. No era la primera vez que Argimon, de carácter liberal y poco burocrático, hacía un discurso similar.

TE PUEDE INTERESAR

El TSJC limita el toque de queda en Cataluña y solo lo avala en 19 municipios

Inés P. Chávarri

Desde su anterior responsabilidad, como secretario general de Salud Pública, ya insistió en reiteradas ocasiones sobre las mismas cuestiones, alertando siempre sobre el riesgo de que el poder público se acostumbre a gobernar sin tener que dar explicaciones al contar con una cobertura incuestionable como es la de la salud de los ciudadanos.

Lo que quizá no sabía el consejero cuando pronunció estas palabras, hace apenas 72 horas, es que tres días después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le diría al propio Argimon que utilizar la pandemia como coartada para hacer frente a otros problemas de orden público recortando libertades es lo que estaban intentando hacer él y su Gobierno. Y que en consecuencia no se autorizaba la prórroga y ampliación del toque de queda, cuya petición la Generalitat había trasladado al tribunal.

La negativa del TSJC a plegarse a la voluntad del Gobierno catalán se basa en que este último no ha hecho ningún esfuerzo por demostrar la necesidad de reducir a la mitad el número de casos por 100.000 habitantes que justificaban hasta ahora el toque de queda. La medida, recuperada en Cataluña desde el 14 de julio, se basaba en que el toque de queda era necesario a partir de los 250 casos por 100.000 habitantes, mientras que ahora la Generalitat pretendía que bastase con 125 casos para obligar a los ciudadanos a permanecer en su casa desde la una hasta las seis de la madrugada.

El tribunal intuye que lo que pretendía la Generalitat era abordar con el toque de queda problemas de orden público (botellones y aglomeraciones nocturnas en los municipios que están libres de la medida y que actúan como imanes de los jóvenes que residen en localidades donde sí está vigente) y por eso se niega a autorizar la medida en los términos exigidos por las autoridades catalanas.

Como era de prever, nada más conocerse la decisión del TSJC, el Gobierno catalán salió a lamentar en coro que los jueces jueguen “otra vez” a ser epidemiólogos. ¡Escándalo! Los jueces ya no hacen solo de jueces, ahora son también médicos y epidemiólogos.

A nadie de la Generalitat se le ocurrió, en cambio, que quizás el comentario más oportuno era felicitar al tribunal por erigirse en un firme defensor de las tesis del consejero de Salud, Josep Maria Argimon. Debieron escucharle el lunes y se han tomado en serio su advertencia sobre la necesidad de vigilar de cerca los excesos que pudieran cometer los gobiernos con la excusa del covid.

Desde el decaimiento del estado de alarma y la desaparición definitiva de Pedro Sánchez del escenario pandémico, las comunidades autónomas protagonizan un ir y venir constante a los juzgados para que estos avalen las medidas que van dictando. Cataluña no es la primera, ni será la última, en recibir un bofetón judicial. Los tira y afloja seguirán mientras las restricciones sigan formando parte del mapa de navegación diario de todos los españoles.

TE PUEDE INTERESAR

Los jueces exigirán a las comunidades motivos reforzados para limitar la movilidad

Beatriz Parera

Y menos mal que es así, añadimos. Porque, aunque buena parte de los ciudadanos españoles siguen avalando con entusiasmo cualquier medida restrictiva o exigiendo mayor severidad, lo cierto es que demasiados gobernantes autonómicos son de gatillo fácil a la hora de disparar decretos que coartan o suspenden derechos y libertades. Y aunque es cierto que los jueces no son epidemiólogos, también lo es que únicamente ellos pueden protegernos del abuso y la discrecionalidad injustificada, que no deja de serlo aunque se produzca en nombre de la buena voluntad y con la mejor de las intenciones.

Cualquier ciudadano, sea cual sea su mirada sobre el covid, debiera celebrar la decisión del TSJC de no dar su visto bueno a la Generalitat para ampliar el toque de queda en los términos que pretendía. El TSJC ha pedido proporcionalidad y eficacia. Y esto no es el gobierno de los jueces, como vociferan los más exagerados; más bien parece que alguien se toma con la seriedad que merecen nuestros derechos y libertades. Hasta el consejero de Salud catalán estará de acuerdo en esto. Al menos, lo estaba el lunes.