Mucho hueso y poca carne

El Parlamento acaba de dar luz verde a la prórroga hasta el 31 de octubre de algunas de las medidas de lo que el Gobierno denomina 'escudo social' y que ya había aprobado el Consejo de Ministros antes de marcharse de vacaciones. El caramelo incluye que siga en vigor la suspensión de desahucios o de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a los colectivos más vulnerables. De entrada, el debate en la Cámara sirvió para dejar claro que, devuelto Pablo Iglesias al mundo de las tertulias, la pobreza es mercancía política del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es quien defendió la convalidación del decreto desde la tribuna, y no del de Asuntos Sociales, de Ione Belarra. Todo el mundo quiere sacar provecho de las golosinas que lanza desde la carroza gubernamental disfrazado de rey mago. Y ahora, en temas de pobreza, es el turno de los socialistas.

'Escudo social' es un término imbatible para los intereses del Gobierno analizado desde el punto de vista de la comunicación política. Deja claro que hay un enemigo externo —la crisis— que se ceba con los ciudadanos más frágiles —vulnerables— hasta el extremo de que acabaría con ellos si no fuera por la determinación de los superhéroes de Marvel. Estos superhéroes son, claro, los miembros del Gobierno, que por suerte para los españoles rige ahora los destinos del país y despliega una coraza para protegerles de los chuzos de punta que caen en forma de desahucios o incrementos de precio de los servicios básicos.

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El guion de la película es inmejorable. Malos, buenos, peligro y, al final, la justicia imponiendo su ley. Marvel por la referencia al escudo y el Disney clásico por la moralina. Una combinación imbatible. Lástima que en este caso el escudo solo cubra, y con agujeros, a un 1.100.000 personas del total de más de 47 millones que conforman la población española. No es que todo el mundo lo necesite, por supuesto, pero sí lo es que la crisis no hace excepciones y que la convicción o la percepción de que va a vivirse peor en los próximos tiempos no solo atañe a las personas que vienen calificándose como vulnerables en los decretos y estadísticas.

Lo intuye la ministra y lideresa de Podemos, Ione Belarra, quien hace unos días afirmaba que el Gobierno se juega la reelección en los próximos meses y que la clave para conseguirla estará en incrementar el tamaño del escudo social en los Presupuestos. Para Belarra, lo sustancial es que quepa más gente bajo el manto protector del Estado, aunque nominalmente no hayan entrado aún en una situación de pobreza formal.

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El Gobierno tiene motivos para estar preocupado. El INE hizo pública hace apenas una semana la estadística sobre ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre de 2021, que arroja un crecimiento anual del 242,8%. Como termómetro de las dificultades por las que pasan las familias españolas no está mal. Marca una temperatura ambiente lo suficientemente elevada como para intuir que, una vez finalizada la moratoria que ayer avaló el Congreso, los desahucios van a dispararse porque no se están evitando, tan solo aplazando.

Lo mismo ocurre con los recibos de los servicios básicos. La impotencia, y hasta cierto punto indolencia, que viene demostrando el Gobierno en su discurso referido a los continuados récords al alza del precio de la energía eléctrica no se arregla con la prórroga de una moratoria que evita el corte del suministro por impago en el caso de las familias más vulnerables. El incremento afecta a todos los españoles y son muchos los que, pudiendo afrontar los recibos, van a echar de menos ese dinero para poder dedicarlo a otros gastos menos perentorios pero igualmente necesarios.

Hasta ahora, el discurso oficial venía diciéndonos que al escudo social lo sucedería inmediatamente una pócima de Fierabrás llamada fondos de recuperación. Se trataba de defender con el escudo de fabricación española y atacar con los fondos de procedencia comunitaria.

Ahora da la sensación de que el Gobierno empieza a intuir que la confianza en esa pócima vigorizante llegada de Europa quizá no alcance para tapar el deterioro del nivel de vida de muchos españoles con la suficiente rapidez que el ciclo electoral exige para poder amortizarla políticamente en forma de votos cuando llegue el momento.

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Ni siquiera medidas pensadas, más allá de los criterios de justicia, para ganar la batalla de la opinión pública con facilidad, como es el incremento del salario mínimo, tendrán los efectos deseados. ¿Qué efecto puede tener un incremento que es fácil de ridiculizar apuntando que no evita la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores menos remunerados en un entorno de inflación que, al menos de momento, ha dejado de estar controlada?

Se le están poniendo las cosas difíciles al Gobierno, con prórroga del escudo o sin él. Y eso quiere decir costes electorales si sigue laminándose el poder adquisitivo de los españoles. Porque la culpa, al final, siempre será del Gobierno. Y así debe ser, puesto que también intenta anotarse el mérito sin compartirlo con nadie cuando las cosas van bien. Quien quiere la carne ha de quedarse también los huesos. Y ahora mismo todo apunta a que durante un tiempo habrá más de lo segundo que de lo primero.