Nacionalizar el campo, la última jaimitada del Parlament

En su última sesión plenaria, el Parlamento de Cataluña aprobó una moción que ha pasado sin pena ni gloria desde el punto de vista informativo. A propuesta de la CUP, la Cámara instó al Gobierno a poner en marcha los mecanismos que den a la Administración el derecho preferente de adquisición de suelo agrario a través del mecanismo de tanteo y retracto en caso de compraventa, permuta, dación en pago o donación de terrenos.

El payés y el ganadero ya saben que en el futuro, si la moción llegase a buen puerto algún día en forma de leyes, decretos y reglamentos, caso de querer añadir unos cuantos jornales a sus propiedades, su oferta tendrá que competir con la de la Administración si esta así lo considera.

La colectivización agraria nos visita de nuevo, solo que en lugar de expropiaciones y nacionalizaciones, el sueño del Parlament es hacerlo a través del talonario de los presupuestos y a precio de mercado. Ignoramos qué hará la Generalitat el día que empiece a comprar fincas de algarrobos y olivares. Igual nos encontramos en los lineales del supermercado 'aceite Generalitat', 'patatas Govern', 'leche conseller' o 'arroz del secretario'. Todo ello, claro, previa aprobación de un plan quinquenal con objetivos de producción por hectárea. La votación de esta moción presentó la particularidad de que en esta ocasión plasmó bloques ideológicos clásicos: izquierda a favor (socialistas, republicanos, comunes y CUP) y derecha en contra (Cs, PP, Vox y JxCAT, que en esta ocasión no tuvo reparo en alinearse con el bloque liberal-conservador). Por una vez no funcionó el bloque identitario, y aunque ya sabemos que una flor no hace primavera, merece la pena dejarlo anotado.

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Que la política de bloques cuesta de romper de manera definitiva se está viendo con los presupuestos. Los esfuerzos de JxCAT y ERC por complacer a la CUP —utilizando proyectos emblemáticos como los Juegos de Invierno o el proyecto Barcelona World como moneda de cambio— demuestran hasta qué punto importa al Govern de la Generalitat de ERC y JxCAT trasladar al electorado el mensaje de que nadie traiciona la comunión independentista para mantener discursivamente la ficción de que el barco soberanista sigue surcando los mares de la impostura.

El juego está en que si finalmente hay que aprobar las cuentas con el PSC o con los 'comuns', haya quedado claro previamente que ha sido porque la CUP ha roto la baraja de manera unilateral y no quedaba otra, no porque ellos hayan preferido buscar un socio alternativo dando la espalda a los hermanos independentistas. Hay que añadir, además, que la disponibilidad de socialistas y comunes para aprobar las cuentas de la Generalitat no es a cambio de nada. El apoyo de los primeros bajaría el precio de las exigencias de ERC a Pedro Sánchez en el Congreso y el de los segundos obligaría a los republicanos a acabar prestando apoyo a las cuentas para 2022 de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona.

Pero estas cuestiones, siendo importantes para la retransmisión en clave de carrusel deportivo del minuto a minuto de la política catalana, no son las más relevantes. Lo más sustancial de las últimas semanas a cuenta del presupuesto de la Generalitat es el proceso de naturalización definitiva del PSC como posible aliado sobre el que pueden pivotar ERC y JxCAT caso de necesitarlo para garantizar la continuidad de su Gobierno.

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No es una cuestión menor. Para convencerse del cambio, el mejor termómetro son los medios de comunicación de línea editorial soberanista y los opinadores que han venido avalando y justificando hasta hace bien poco la existencia de una línea roja entre el constitucionalismo y el independentismo. Ahora el PSC —con los comunes, la línea roja no ha existido— es visto con toda naturalidad como una pieza a incorporar en el juego de alianzas.

El esfuerzo por aprobar las cuentas con la CUP responde únicamente a una estrategia de costes electorales, que tanto ERC como JxCAT juzgan de menor cuantía que si lo hicieran de la mano del PSC o los comunes. Pero ya no guarda relación alguna con que la legislatura vaya a tomar unos derroteros diferentes a los que tiene fijados en el plano identitario.

Todo el discurso sobre la necesidad de preservar el 52% del voto independentista alrededor de la aprobación de los presupuestos es puro teatro coyuntural. Los mosqueteros soberanistas —ERC, JxCAT, CUP— son conscientes de que esta es una legislatura convencional. El hecho de que los tres compartan el ADN independentista actúa únicamente como atrezo ante el cuerpo electoral. En el plano identitario, la partida está acabada hasta nueva orden, al menos desde las instituciones.

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La CUP ha conseguido fijar la atención sobre sí misma con los presupuestos. Ha calcado, como en anteriores ocasiones, la estrategia de apurar hasta el último minuto de la prórroga antes de tomar una decisión, y lo que te rondaré morena. Pero nótese que sus reivindicaciones principales son de modelo productivo, políticas sociales, seguridad e impuestos. Como relleno, algunas referencias a la poca ambición independentista del Ejecutivo de Pere Aragonès, como obliga la rutina aprendida en los últimos 10 años, pero sin ninguna convicción y sin que estas se conviertan en el asunto principal de la negociación.

Por ello, presupuestos al margen, el Parlament aprueba mociones como la que encabeza este artículo. Cataluña ya no circula por el carril de la independencia. Lo que toca ahora es convertirse en el Ejecutivo más a la izquierda que uno haya conocido en democracia. Por eso se aprueban mociones como la que encabeza este artículo fantaseando sobre una futura nacionalización de los terrenos agrícolas.