El catalán se carga los presupuestos de Sánchez

Las cuotas del catalán se cargan los presupuestos de Pedro Sánchez. Es un buen titular que no va a convertirse en realidad. No llegará la sangre al río. Ni unos ni otros pueden permitírselo. Así que, tras tanta decepción y escenificación, después de tanta lejanía y posturas irreconciliables en la primera reunión para reconducir la situación, después de decir que se está dispuesto a romper la baraja cuando en realidad no es así, todo acabará como debe, es decir, bien. Aparecerá un caramelo, un sugus, un chupachups, un regaliz rojo, algo que permita reconstruir el discurso lingüístico de ERC ante los votantes que ya tiene y los que aspira a tener. El PSOE está por la labor. La forma final que adopte el dulce está por ver. Pero tendrá relación con la lengua y la política audiovisual.

Otra cosa es que con tantos frentes abiertos como tenemos —nuevas incertidumbres sobre la pandemia y necesidad de afianzar la recuperación económica para tratar de mejorar las previsiones a la baja que vienen anunciándose— tengamos el debate político nacional secuestrado por una cuestión como las cuotas en catalán en las producciones de las plataformas audiovisuales.

Opinión

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A la hora de explicar por qué embarrancamos siempre en los mismos temas, hay que ir primero un poquito más arriba. El debate sobre la excepción cultural europea va primero. ¿Es necesaria o no es necesaria una legislación que proteja la industria audiovisual europea en su conjunto y la de cada país en particular? ¿Es importante proteger las lenguas de los Estados que forman parte de la UE? La política europea ya ha contestado, acertada o equivocadamente, de un modo abrumador que sí. A partir de ahí, el tema debiera estar resuelto. Zanjado por completo. Y por resuelto se entiende que el debate sobre la protección del catalán, el gallego y el euskera debiera sobrarnos a estas alturas. Por una sola razón: porque si se trata de proteger la excepción cultural europea, ahí están también esas lenguas. Y porque si cada Estado tiene la obligación de defender su patrimonio lingüístico, en el caso de España, ahí siguen también esos idiomas.

Sucede, en cambio, que no es así. En España, la pluralidad lingüística sigue viviéndose por demasiada gente —y particularmente por quienes ocupan puestos de capital importancia en la Administración del Estado— como una curiosidad antropológica, cuando no como un capricho o una excentricidad.

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Falta mucho —quizá nunca lleguemos a ese punto— para que se advierta realmente la convicción de que las lenguas que no son el español —el castellano cuando yo estudiaba con los planes del ministerio de la época— son algo más que un residuo cantonal. Igualmente, queda trecho para alcanzar a entender que el español es una lengua aprendida para la mitad de los hablantes de Cataluña. Y que la relación de estos con su idioma es exactamente la misma que tiene un vallisoletano con el español. Que es su lengua, aunque hable y conozca otras. Y en tanto que españoles, merecen un Estado que los proteja y defienda lingüísticamente y haga suya también la causa de la excepción cultural para con su idioma. Y que no vale decir que el único idioma que de verdad cuenta, o el que realmente es importante, es aquel con el que nos entendemos todos. Porque, de ser así, en unos decenios, si no cambian las cosas, bastará con hablar inglés y al español que lo zurzan.

Todo esto puede verse desde otro ángulo, por supuesto. Puede militarse en la convicción de que no pueden ponerse puertas al campo, que los hablantes eligen, que el pez grande se come al chico. Estupendo. Incluso podemos estar contentos de que nuestros hijos consuman, por fin, películas y series en versión original para asegurarnos de que, independientemente de cuál sea el nivel de renta de los padres, llegarán a adultos manejándose estupendamente en el esperanto que soñaban los anarquistas y que ha acabado siendo el inglés. De acuerdo. Pero si la decisión es la contraria, apostar por el proteccionismo, vamos a protegernos todos.

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También los nacionalismos merecen una colleja por presentar en muchas ocasiones la lengua que defienden como un elemento de división, de enfrentamiento, de aquí nosotros y allá los otros. Sea como sea, estas líneas no son para dar respuesta a si primero es el huevo o la gallina o quién puntúa más alto en el 'culpametrómetro'. Sí pretenden reflejar, en cambio, lo desesperante que resulta que situados ante los presupuestos de 2021 sigamos con una lógica negociadora que bien podría ser la del primer tercio del siglo XX.

Porque otra vez estamos ante una manera de hacer que a la larga nos perjudica a todos: los defensores, en este caso del catalán, quieren arrancarle una muela al Estado y este quizá se la deje sacar porque la precariedad del Gobierno de turno así lo exige. Cansino y desesperante. Haga suyo el Estado todas las lenguas y deje sin argumentos a quien pretenda usarlas como herramienta para alimentar el victimismo. Caso de no hacerlo, claro, el victimismo tiene todo el sentido.

Dicho lo cual, encendamos una vela para que las previsiones de ingresos del Estado en los presupuestos se cumplan. Porque van a aprobarse. Más seguro que la segunda temporada de 'El juego del calamar'.