Pillaje en el Parlament

Con crisis o sin ella, aquí el más tonto sigue haciendo relojes de madera. Vean si no: ayer nos despertamos con la noticia de que el Parlament de Cataluña dedica casi dos millones de euros al año a que algunos empleados de la casa cobren por no trabajar.

Han leído bien y han de interpretarlo de modo literal. Se paga con dinero suyo y mío —y no poco— a funcionarios y personal laboral por no dar tan siquiera un palo al agua. Más claro todavía: se les ingresa la nómina por quedarse en casa y rascarse la cabeza, ver su serie de televisión favorita en horario matinal, hacer ganchillo, estudiar parapsicología o por lo que sea que les venga en gana en cada momento. Pero no por trabajar.

Para poder disfrutar del chollo, estas son las condiciones que hay que cumplir: 15 años trabajando en la Cámara y tener 60 cumplidos

Permiso de edad es el eufemismo con el que se bautizó la fenomenal prebenda en 2008, cuando se puso en marcha bajo la presidencia de la Cámara en manos de Ernest Benach (ERC). Para poder disfrutar del chollo, estas son las condiciones que hay que cumplir: 15 años trabajando en la Cámara y tener 60 cumplidos. Otra más de añadido es que solo se puede chupar del bote con tanta voracidad por un máximo de cinco años.

Nótese que no hablamos de prejubilaciones ni nada que se le asemeje. Son trabajadores en activo del Parlamento a todos los efectos los que disfrutan de esta situación, solo que no trabajan. ¡Qué fenomenal paradoja!

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Y tienen la caradura de llamarle mejora de edad. Como si pasarse la vida en un edificio institucional con condiciones de trabajo más que dignas conllevase algún tipo de penosidad añadida que justificase que llegados a los 60 haya que procurárseles tales cuidados. ¿Es acaso bajar a una mina ir de lunes a viernes al Parlamento? ¡Por favor!

Según la información que ha revelado el periódico 'Ara' en su exclusiva, son 21 los empleados que están en esta situación. Los sueldos que reciben por no trabajar van —agárrense— de los 4.000 euros al mes (ujieres, auxiliares y telefonistas) hasta los más de 10.000 euros mensuales en el caso de los dos ex secretarios generales.

No es una prejubilación. El Parlamento les abona el sueldo, atiende los pagos de la Seguridad Social, siguen acumulando trienios

Hay que insistir. No es, bajo ningún concepto, una prejubilación. El Parlamento les abona el sueldo, atiende los pagos de la Seguridad Social, siguen acumulando trienios. No solo eso. Al estar formalmente ocupadas las plazas por estos empleados fantasma que cobran pero no trabajan, no pueden incorporarse nuevos profesionales salvo previa ampliación de la plantilla, con lo que el aumento de gasto en el capítulo de nóminas es todavía mayor. Hemos sabido, además, que el trienio en el Parlamento de Cataluña se paga con un incremento salarial del 5%. Hay nóminas, como la del anterior secretario general de la institución, en que se contabilizan hasta 100.000 euros anuales pagaderos por antigüedad. Y por si no fuera poco, añadan que el día en el que sí se jubilan de verdad se les ingresa como regalo de despedida un año íntegro de salario. Quién sabe, quizás en la próxima negociación del convenio consigan arrancar también una estadía vacacional de seis meses a pensión completa en Bora Bora.

Veintiuna personas y cerca de dos millones de euros no son cifras de vértigo para una Administración. Pero más allá de la cantidad y del número de beneficiarios, asombra la desfachatez con que el consejo de personal del Parlamento (su comité de empresa) y la clase política que tomaba las decisiones en 2008 decidieron pactar unas condiciones que son claramente una falta de respeto para quienes sufragan vía impuestos el funcionamiento de las administraciones públicas.

Ayer todo fue un rasgarse las vestiduras en Cataluña. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, quiso convertir el escándalo en una oportunidad explicando que ya se han tomado medidas para revertir parcialmente la medida. Por lo que se ve a partir de 2023 la estafa al contribuyente pasará de cinco a tres años como máximo.

Los partidos políticos se han hecho los sorprendidos. Como si no fueran sus diputados los que desde 2008 han dado el visto bueno a convertir el capítulo 1 del presupuesto del Parlamento en el festival de tonto el que no pille. La medida se aprobó con el visto bueno de todas las formaciones políticas. Y todos sabemos en realidad los motivos de tanta unanimidad: los políticos están de paso, no quieren enfrentarse a los funcionarios del Parlamento y, sobre todo, no pagan con su dinero los privilegios que autorizan.

Opinión

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Nada más lejos de la intención de esta columna de señalar como privilegiados a los trabajadores públicos o de querer apostar por la precariedad en las administraciones. Pero de ahí a pagar a la gente por ir a esquiar en invierno, navegar en verano, pasear por el parque o cuidar las plantas de su balcón hay un mundo de distancia. Una distancia construida a base de desprecio al ciudadano y a los impuestos que pagamos por haber, nosotros sí, trabajado.

Por cierto, conociendo el proverbial interés de algunos colectivos por estudiar los convenios de sus colegas que trabajan en instituciones similares con el ánimo de copiar las mejores ideas, no estaría de más poner el foco en otros parlamentos —Senado solo hay uno— para cerciorarnos de que no estén pasando cosas similares en otras cámaras.