El Rey inviolable

Hubo un día en que en España había más juancarlistas que monárquicos. Esa era al menos la muletilla que se daba por cierta y que se utilizaba a granel para dorarle la píldora al Rey emérito cuando todavía tenía mando en plaza y se le querían regalar, cosa muy habitual, los oídos. Nada se sabía entonces —o nada se explicaba— de su actitud predatoria con el dinero y de su falta de predisposición a cumplir con la ley que obliga a todos los españoles.

Pero como hace tiempo que se abrió la veda para disparar desde las tribunas a Juan Carlos I, y no han faltado plumas dispuestas a hacerlo desde entonces, una vez quedó claro que ya no comportaba coste, el punto final al artículo podría ponerse aquí. Nada está ya por decir.

Siendo cierto que los decretos mediante los cuales la Fiscalía General del Estado ordena el archivo de las diligencias abiertas a Juan Carlos I interpelan al pasado, también es verdad que se proyectan sobre el presente y el futuro de la institución monárquica. Y como este es el reinado de Felipe VI, quizá sí valga la pena sumar algunas líneas. Aunque sea tan solo por una ingenua aspiración de perfeccionamiento de la calidad democrática del entramado institucional de España.

Los escritos de la Fiscalía son demoledores. Nos dicen a las claras que a su criterio Juan Carlos I delinquió. Solo que, o bien hace demasiado tiempo de la fechoría y el delito ya ha prescrito, o bien se cometió llevando la corona en la cabeza, con lo cual hay que aplicarle el criterio de inviolabilidad del que disfrutaba como monarca.

Si usted ha delinquido, cosa improbable siendo lector de El Confidencial —lugar al que solo acuden a informarse probos ciudadanos—, podrá beneficiarse también de la prescripción de sus delitos. Digamos, para seguir con la chirigota, que en este ámbito tanto usted como yo somos también monarcas y sangramos en azul cuando nos pinchan.

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En cambio, con la inviolabilidad, tanto usted como yo recuperamos la condición de súbditos y en la peor acepción del término. Por decirlo claro, debemos aceptar que tenemos a alguien por encima que puede hacer, nunca mejor dicho, lo que le dé la real gana sin importarle el perjuicio que pueda causarnos porque no está obligado a responder por nada ni ante nadie.

La persona que goza ahora mismo de ese privilegio es Felipe VI. Pues bien, la gran operación de Estado que fue la abdicación de Juan Carlos I con el objetivo de preservar la institución monárquica seguirá coja mientras no se ponga fin a esta anomalía democrática que supone la inviolabilidad del monarca en todo aquello que no forme parte de sus atribuciones constitucionales. Y, suponemos que en esto hay unanimidad, amasar ingentes cantidades de dinero y no tributar por ellas no forma parte de esas atribuciones, al igual que cualquier otro delito común.

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Se nos dijo y se nos dice que había y hay voluntad de reforma de la Corona entre los principales partidos políticos, que la Casa Real también está por la labor, y que más pronto que tarde veremos una institución monárquica tuneada en la que la figura del Rey dejará de gozar de este privilegio que resulta inexplicable en 2022. Pero esa voluntad más bien parece que esté dormitando en tierras de barbecho. Hay otra hipótesis, claro. Que se trabaja tan eficaz y sigilosamente que la inmovilidad en el asunto es solo apariencia. Preferiríamos creer esto segundo, claro, pero permitámonos el saludable escepticismo al respecto. Quién sabe, como lo de una de cal y otra de arena es una regla que tiende a cumplirse, puede que ahora que el camino de vuelta de Juan Carlos I ha quedado expedito se compense la balanza con algún movimiento de la tan cacareada reforma.

Como quiera que los juancarlistas, a fuerza de decepciones, han de ser ya menos, debieran ser los monárquicos y los felipistas, si es que ha nacido ya esta tipología, los más interesados en que esa reforme se lleve a cabo cuanto antes mejor. Los españoles merecen tener garantías jurídicas de que la persona que ostenta la corona rendirá cuentas de sus delitos si los comete y no guardan relación con sus responsabilidades de soberano. Pero lo cierto es que de momento hay que seguir fiándolo todo a la buena voluntad del monarca y a la honorabilidad que siempre ha de suponérsele. En cambio, los hechos recientes demuestran que no debiéramos conformarnos con eso. Por eso la reforma es exigible, y cuanto antes se haga mejor. El pasado ya se fue. Preocupémonos del presente y del futuro. Hagan pues los deberes.