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Una ciudad de ricos y un campo sin gente del campo
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Josep Martí Blanch

Pesca de arrastre

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Una ciudad de ricos y un campo sin gente del campo

Los gobiernos manejan bien la agenda líquida urbanita, pero menosprecian lo sólido: que hay que trabajar mucho para salir adelante

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Marta Pérez)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE/Marta Pérez)
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la ordenanza de Ada Colau que prohibía desde 2019 la circulación en Barcelona de los vehículos más antiguos y contaminantes. La noticia coincide con el globo sonda que el propio Ayuntamiento de Barcelona lanzó la semana pasada para extender la prohibición a los coches diésel matriculados hasta 2013.

La decisión del TSJC es una excelente noticia. No porque la polución sea motivo alguno de celebración. Pero sí lo es que la Justicia determine que los gobernantes no pueden hacer de su capa un sayo, que la avalancha de propaganda ambiental no exime de la necesidad de justificar las prohibiciones con datos ambientales actualizados y que para tomar según qué decisiones es necesario tener en cuenta el impacto económico directo que van a tener entre los ciudadanos y en particular sobre aquellos menos favorecidos y con menor poder adquisitivo.

Foto: Las ciudades están desplegando zonas de bajas emisiones (ZBE). (EFE/Kiko Huesca)

La prohibición de Ada Colau afectó y afecta —puesto que la sentencia no es firme— a las personas y empresas con menos dinero para poder cambiar de vehículo. Y también, por qué no decirlo, a las de espíritu conservacionista que no sienten la necesidad de desprenderse de algo que aún funciona. ¿Acaso no es ecológico aprovechar toda la vida útil de un producto? ¿No hay emisiones en el proceso de fabricación de un nuevo vehículo por eficiente —o supuestamente eficiente— que sea?

La discriminación al pobre es fácil de entender cuando se observa la paradoja de que —por poner un ejemplo— un BMW 725 híbrido (a partir de 120.000 euros el modelo más básico) pueda aparcar gratis en las zonas de estacionamiento de pago de las calles de la ciudad porque se ha decidido que es un coche respetuoso con las emisiones, mientras que a quien no le alcanza para cambiar una tartana no se le permita siquiera circular.

La normativa que ahora ha tumbado el TSJC, a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo cuando se pronuncie sobre el recurso de casación que va a interponerse, es una bofetada a un determinado modo de hacer político que, en cierto modo, es el que explica también la gran manifestación del mundo rural que el domingo inundó las calles de Madrid. ¿Y qué tiene que ver una normativa urbana, como la prohibición de circular por Barcelona en un coche poco eficiente, con los agravios sentidos o reales del campo español?

Foto: El líder de Vox, Santiago Abascal, durante la manifestación del campo en Madrid. (EFE/Luca Piergiovanni)

Descontada la coyuntura de la guerra y el aumento de los costes de producción derivados del conflicto, el malestar de los profesionales del sector primario —pesca, ganadería, agricultura— y otras actividades vinculadas al mundo rural como la caza viene de lejos y obedece al convencimiento de esas gentes de que los gobiernos no tienen en cuenta su realidad particular y sus necesidades a la hora de promover políticas y legislar.

Hay entre esos profesionales el convencimiento muy mayoritario de que en los ministerios y en las consejerías de las autonomías se sientan sus adversarios y que la Administración, más que aliado, es un enemigo ante el que no queda otra que plegarse, con gusto o sin él. Esto va más allá de las siglas políticas que coyunturalmente estén al frente del Gobierno. Viene acumulándose la sensación, ahora ya convicción entre muchos, de que el gobernante se siente cómodo en la agenda urbanita del mundo líquido y que, en cambio, menosprecia aquello que a fecha de hoy todavía sigue siendo sólido: que hay que trabajar mucho y duro para salir adelante y que la tradición —particularmente la de las zonas rurales— es algo más que un capricho o una majadería de los tiempos oscuros.

Foto: Reunión de la conferencia sectorial para avanzar en el plan nacional de respuesta al impacto de la guerra,

La normativa de Colau sobre la zona de bajas emisiones, ahora en suspenso, y el alud de obligaciones, normativas, reglamentos, restricciones y demás que vienen soportando estoicamente las gentes del sector primario en España obedecen al mismo patrón: el desdén por las consecuencias negativas de las decisiones políticas y administrativas en el bolsillo de los ciudadanos y la imposibilidad —o ni siquiera voluntad— de articular medidas compensatorias que palien el daño que van a recibir unos cuantos por un beneficio, la mayoría de las veces también teórico, del que supuestamente nos beneficiaremos todos.

Se dirá, con razón, que cualquier decisión política provoca perjuicios y beneficios. Y que es el interés general el que finalmente da y quita razones sobre la bondad de cualquier iniciativa normativista que impulsen gobiernos y administraciones. Esta es una verdad del barquero que no admite discusión.

Foto: Foto: Pixabay.

Es precisamente ese beneficio para el interés general el que cuestiona el TSJC cuando le dice al Ayuntamiento de Barcelona en la sentencia que no ha hecho el suficiente esfuerzo por acreditarlo y que, en consecuencia, no es justificable el daño que ha provocado a los ciudadanos más vulnerables y frágiles económicamente. Por cierto, ¿alguien va a compensarles?

Un campo de postal y una ciudad limpia y respirable. Suena bien y es deseable. Una realidad a la que sería necio no aspirar. Pero no al precio de que la ciudad acabe siendo únicamente un gueto de afortunados y que el campo bucólico que se pretende deba construirse sin contar con la opinión de los únicos que han sabido y saben mantenerlo en pie. Es una simple cuestión de respeto. Y por ahí debería empezarse.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la ordenanza de Ada Colau que prohibía desde 2019 la circulación en Barcelona de los vehículos más antiguos y contaminantes. La noticia coincide con el globo sonda que el propio Ayuntamiento de Barcelona lanzó la semana pasada para extender la prohibición a los coches diésel matriculados hasta 2013.

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