El nuevo pacto lingüístico en Cataluña, punto de inflexión para el papel del castellano

Excelente noticia ayer en Catalunya para los que entienden la lengua como una herramienta de entendimiento y no como un arma arrojadiza. Pésima noticia para quienes viven del enfrentamiento y la división y quisieran hacer real el mundo que solo existe en su cabeza aunque fuera a martillazos. Da igual el bando en el que militen. La noticia es de alcance. Y si no fuera por la guerra y la huelga del transporte tendría la atención que merece por excepcional en el marco de la agenda política catalana de la última década.

ERC, Junts, PSC y en Comú Podem (106 diputados sobre 135) alcanzaron ayer un acuerdo para modificar la ley de política lingüística de la Generalitat de 1998, que tiene a su vez afectación sobre la ley de educación catalana. El gran cambio, nada menor, es que en el nuevo redactado quedará claro que el castellano, en tanto que lengua oficial en Catalunya, es también un idioma de aprendizaje y no únicamente una lengua que debe ser aprendida. El texto, al contrario de lo que indicaba la sentencia del TSJC que fijaba un 25% de las horas lectivas en castellano, no fijará porcentajes. Establecerá criterios más amplios y mayor libertad para los centros para que sean éstos los que determinen cómo dan cabida a la nueva normativa en sus proyectos curriculares. Entre estas variables se cuentan el contexto sociolingüístico del centro, el perfil de los alumnos y sus necesidades educativas.

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El acuerdo es tremendamente relevante por varios motivos. El más importante es que supone un punto de acuerdo de carácter muy transversal entorno a una cuestión que había ganado en conflictividad en los últimos años. Constitucionalistas -no todos- y soberanistas -sin la CUP- se dan la mano para ajustar las leyes de política lingüística y la educativa a una Cataluña real y menos teórica. De hecho, la ley de inmersión lingüística ya no se aplicaba en su literalidad, pero ha sido la sentencia del 25% del TSJC la que ha provocado un movimiento de placas político y la necesidad de alcanzar un nuevo pacto que cumpliese con el mandato judicial y que, al mismo tiempo, evitara que fuese un tribunal el que determinara como debía garantizarse no sólo el aprendizaje de las dos lenguas sino también el hecho de aprender con ambas.

Unos cuantos tuits en apenas unas horas de los detectores de traidores – militantes y cargos del propio partido- fueron suficientes para que entrada ya la noche de ayer JXCAT aguara el vino e hiciera saber a las otras formaciones políticas firmantes del acuerdo que éste no podía darse todavía por seguro. JXCAT se reserva el derecho a abortarlo. El partido de Carles Puigdemont -incapaz de poner de acuerdo a sus integrantes- rectificó y añadió que será necesario para que la reforma se haga realidad que en el proceso de tramitación parlamentaria se sumen al consenso alcanzado tanto la comunidad educativa como la entidad asociativa de defensa del catalán Ómnium Cultural.

Constitucionalistas -no todos- y soberanistas -sin la CUP- se dan la mano para ajustar las leyes de política lingüística y la educativa

La endeblez ideológica de JXCAT, la amalgama de caracteres que conviven en su interior y la falta de liderazgo explican este movimiento que puede reducir a nada el mejor acuerdo posible sobre una cuestión tan sensible en Cataluña como la lengua. JXCAT no es un partido, es un pollo sin cabeza y sin proyecto definido. Dependerá de cuál de sus facciones se imponga en esta batalla que pueda convertirse en realidad un acuerdo que, más allá de la politiquería y los discursos, da respuesta efectiva razonable a las necesidades reales de la chiquillada catalana en lo referente al aprendizaje de lenguas oficiales en la escuela.

Del acuerdo han quedado fuera la CUP -que apuesta por modificar también la ley pero excluyendo el castellano y defendiendo que la única lengua vehicular y de aprendizaje ha de ser el catalán-, y también el PP, VOX y C’s.

Que PSC, En Comú Podem JXCAT y ERC se den la mano en un asunto de tanta enjundia servirá para que desde algunos sectores se acuse, a los socialistas por un lado, y al bloque ERC-JXCAT por el otro, de traidores. Como muestra un botón. El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, tuiteó una vez conocido el contenido del acuerdo la frase “No en mi nombre”. El soberanismo más reacio a reconocer la realidad lingüística de Catalunya está muy enfadado. El pacto supone una prueba de estrés para las estructuras de republicanos y junteros. Reconocer el castellano como lengua de uso y aprendizaje en la escuela es un sapo de difícil digestión para parte de sus votantes.

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De igual modo, la postura socialista les valdrá a éstos también críticas severas por parte de quienes han sido siempre partidarios de una doble red idiomática en las escuelas o que simplemente no tienen escrúpulos en utilizar la lengua como arma política con la que intentar sacar provecho electoral no en Catalunya, sino fuera de ella. Vamos a escuchar voces diciendo que los socialistas se pliegan de nuevo a los nacionalistas y que no han aprendido nada de la historia reciente. Pero normalmente cuando las posturas más extremas coinciden en los argumentos de traición de un tercero es que la decisión se asienta dónde está la mayoría y es posible el acuerdo. No es hablar por hablar. Insistimos: 106 diputados de 135.

Tampoco ayudará a evitar las críticas el esfuerzo narrativo de los nacionalistas de presentar teatralmente la modificación legislativa en los discursos como una manera de escaparse del cumplimiento de la sentencia del 25% del TSJC. Charlatanearán de esta guisa para evitarse precisamente las críticas de parte de sus votantes e incluso de las de algunos de sus diputados y dirigentes. Pero lo cierto es que, a pesar de las palabras, esta modificación nace precisamente de la necesidad de cumplir con ese imperativo judicial. De hecho, hoy mismo se presentará ante el TSJC la propuesta de modificación legislativa para que el tribunal tome nota de que efectivamente se están haciendo los deberes que ordenó, aunque sea evitando pasar por el embudo de un porcentaje concreto. Cosa que, ciertamente, ni es razonable desde el punto de vista pedagógico, ni tiene sentido alguno que venga determinada por un juez.

Dadas las circunstancias políticas de los últimos tiempos, un acuerdo de estas características adquiere todavía mayor trascendencia. Que parte del constitucionalismo y del soberanismo sean capaces de consensuar propuestas legislativas de este calibre es un ejemplo de la política que Catalunya venía necesitando y echaba de menos. Se acepta la complejidad de la sociedad a la que dice servirse y se busca lo mejor para los niños, que es a fin de cuentas de lo que se trata en cuestiones relacionadas con la escuela. Y nada mejor en una sociedad bilingüe que aprender las dos lenguas y aprender también con las dos. Y esto es lo consagra el acuerdo alcanzado. Esperemos que los detectores de traidores no consigan dinamitar el primer gran puente entre orillas del postproceso.