Pegasus y la degeneración democrática

El globo Pegasus sigue hinchándose. Lo que hasta ayer era para muchos poco más que una construcción mediática orquestada por el soberanismo catalán es hoy un primerísimo problema de seguridad nacional y calidad democrática. Una cosa es que espíen a separatistas, luzcan o no galones institucionales de representación del Estado, como es el caso del presidente de la Generalitat, y otra que los terminales infectados por Pegasus sean los del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa.

La tentación de acudir a las fuentes oficiales, vivan al sol o a la sombra, en busca de argumentaciones plausibles y confortables para las propias convicciones para poder explicarnos el escándalo sigue y seguirá siendo la práctica más habitual en los próximos días. Pero más bien parece que tras la comparecencia de urgencia del ministro de presidencia, Félix Bolaños, lo único que tiene sentido en este momento —más que repetir consignas de parte, vengan de donde vengan— es formularse preguntas y confiar en que del trabajo de la Justicia, del periodismo y sobre todo de los intereses contrapuestos y siempre imprevisibles de las fuentes se deriven en algún momento algunas respuestas que nos aproximen a algo que contenga aunque sea unas pocas trazas de verdad.

Desde luego, lo que no sobran son las preguntas. La lista empieza a ser interminable. A las que arrastramos de las dos últimas semanas se añaden ahora otras. ¿Por qué el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, ha tenido que trabajar a destajo en fin de semana para que el ministro Bolaños pudiera comparecer de urgencia en un día festivo en siete comunidades para dar cuenta del espionaje a Pedro Sánchez y a Margarita Robles? ¿Había un interés especial en que la ministra llegase a su comparecencia en el Congreso en calidad de espiada para poder defenderse mejor y convenía acelerar la confirmación de que también ella había sido espiada? O, por el contrario, ¿no la deja en peor lugar la confirmación de un agujero de seguridad de tal magnitud a la hora de defender su labor al frente del Ministerio de Defensa? ¿Hay alguna excusa para que, una vez judicializado el asunto en la Audiencia Nacional, al margen no se cree una comisión parlamentaria que también investigue las derivadas políticas de la cuestión? ¿No es razonable que, sea quien sea quien haya sido espiado, se hagan cuantos esfuerzos sean necesarios para llegar hasta tan al fondo del escándalo como sea posible? ¿No es razonable pensar que alguien debería estar redactando su carta de dimisión antes de que su superior redacte la de su cese por incompetencia?

A estas alturas, sabemos de la misa un cuarto de un dieciseisavo. Naturalmente, pueden hacerse cuantas conjeturas políticas se desee. Ayer fue un ejemplo en este sentido. Nadie quedó al margen del intento de llevar el agua a su molino. Los independentistas corrieron a calificar el espionaje a Sánchez y Robles de 'fake news' oportunista. La ultraderecha se apresuró a señalar que, con tal de salvarse a él mismo, el presidente del Gobierno no ha tenido ningún inconveniente en iluminar una escena que deja a España como un lugar donde el que no espía es porque no quiere de tan fácil como resulta. El PP apuntaló las sospechas de una casualidad política excesiva en el hecho de que el espionaje a Sánchez y Robles se conozca precisamente ahora. Unidas Podemos siguió insistiendo en la necesidad de ceses o dimisiones porque o bien hay descontrol en el espionaje o bien incompetencia en evitarlo. Todo ello forma parte del juego político y resulta inevitable. Como inevitable resulta que la narración periodística acabe en buena parte engullida por el ruido de estos altavoces de parte, particularmente si afecta a la coyuntural gobernabilidad de España —la relación PSOE-ERC, como ejemplo—.

Pero más allá de estas cuestiones, por relevantes que sean, estamos ante un escándalo de primera magnitud que afecta, no solo al Estado, sino también a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Por una simple cuestión de respeto a las instituciones y a los ciudadanos, convendría una conjura de unidad en favor del esclarecimiento de los hechos. Lamentablemente, no parece que los astros vayan a alinearse en esa dirección.

“La información corre más que la verdad, y no puede ser alcanzada por esta. El intento de combatir la información con la verdad está, pues, condenado al fracaso”. El entrecomillado es de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano afincado en Alemania que acaba de publicar en español 'Infocracia' (Herder, 2022). Del mismo libro sacamos otra cita literal: “La democracia está degenerando en infocracia. Se hunde en una jungla impenetrable de información”.

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Es precisamente en este punto en el que estamos ahora mismo con el escándalo de espionaje. Incapacidad de manejarnos entre la avalancha de información que vamos recibiendo. Toda ella de parte, aunque pivote sobre hechos probados, como el espionaje a 65 políticos, periodistas y abogados vinculados al soberanismo o ahora el sufrido por el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa.

Ello posibilita que cada facción de las que participan en la lucha política pueda construirse una historia a medida de lo que más le conviene. Eso se asemeja muy poco a una verdad que pueda ser compartida por todos. Y eso es lo que debiéramos aspirar a tener, no mañana ni pasado; sino transcurrido el tiempo necesario. Un tiempo que, sin embargo, no servirá de nada si nos mantenemos firmes en el vicio de improvisar respuestas y conjeturas, despreciando las preguntas que resulten incómodas para seguir creyendo lo que queremos creer. Ese pecado es comprensible en los políticos, pero no debiera serlo para el periodismo o la Justicia. Y en eso nos queda confiar. En eso y en la imprevisibilidad de las fuentes y en la contraposición de intereses de algunos de los actores invitados a esta megafiesta del espionaje.