El TSJC se rinde: no habrá cuota de castellano en los coles catalanes

En las escuelas catalanes, no habrá una cuota del 25% del aprendizaje en castellano, como marca la sentencia del TSJC y que este tribunal había exigido aplicar de inmediato. Al menos no el curso que viene. La Generalitat se ha salido con la suya y evita que en los colegios deba utilizarse el pie de rey para medir el porcentaje de uso de cada lengua oficial por parte de los profesores a la hora de enseñar. Lo primero que hay que señalar, en contra de algunas interpretaciones que vienen haciéndose desde ayer, es que el Gobierno catalán no desobedece al TSJC, sino que se ha valido de sus competencias para lograr que esa sentencia sea inaplicable al haber modificado el marco jurídico sobre la lengua con una ley y con un posterior decreto ley. No existe desobediencia ni insumisión alguna. Hay un aprovechamiento del marco competencial. Lo que comúnmente se conoce como gobernar y hacer política en el marco de la ley.

El TSJC reconoce este hecho y deja en suspenso la aplicabilidad de la sentencia, dando 10 días a todas las partes del proceso para que determinen si consideran necesario que se eleve una cuestión de constitucionalidad de esa nueva normativa ante el Alto Tribunal español, porque sospecha que tanto la ley como el decreto podrían tener vicios de inconstitucionalidad al no ajustarse a la interpretación que el Tribunal Constitucional viene haciendo sobre este particular. Este camino, que ya se ha recorrido otras veces, vuelve a dejar en manos del TC la última palabra sobre el modelo lingüístico y de enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas que acaba de entrar en vigor.

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Es necesario recordar que la nueva ley aprobada por el Parlament —que convierte el castellano en lengua curricular en la enseñanza primaria por primera vez (una lengua para aprender y no únicamente una lengua que aprender)— contó con el apoyo del PSC. Así que no puede juzgarse a la ligera como un texto hecho por independentistas para independentistas, como es muy habitual en algunos análisis.

Sí es cierto que los socialistas no dieron su voto a la convalidación del decreto ley de Pere Aragonès posterior a la ley, porque entendieron que no podía garantizarse que no quedase alterado el espíritu de aquella. Para que el lector pueda entenderlo sin necesidad de un mapa: la nueva ley convertía el castellano en lengua de aprendizaje —curricular— desde un redactado generalista, mientras que el decreto ley, más detallado, dejaba en manos de los centros la potestad de redactar su propio plan pedagógico respecto a las lenguas —obligando a los centros a evitar la fijación de cualquier porcentaje de idiomas— que debe remitirse una vez elaborado a la Consejería de Educación para su validación y aprobación. Los socialistas se desmarcaron de este último texto.

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Formalmente, la normativa aprobada por la Generalitat es razonable. Da herramientas a los colegios para que —en función del conocimiento de la realidad sociolingüística de su entorno y particularmente del alumnado— desarrollen un programa pedagógico que garantice el pleno conocimiento del castellano y el catalán una vez finalizada la enseñanza obligatoria de los alumnos. Si se confía en los profesionales de la educación que están a pie de obra para que tomen decisiones sobre cómo enseñar, debiera darse por hecho que van a hacer lo que más conviene a los alumnos. Salvo que se dé por bueno que en Cataluña todos los docentes son esforzados militantes independentistas a los que la educación de sus estudiantes les importa un comino porque su compromiso vital pasa únicamente por lavar mentes y cerebros para la causa de la estelada. Es fácil de entender que, a pesar de que algunas narrativas muy insistentes así lo consideran, no es así.

El problema real en este momento no radica, pues, en la nueva normativa, que ya fija el castellano como lengua de aprendizaje, y tampoco en la inaplicabilidad de ese 25% en lengua castellana que consideró el TSJC en su sentencia. Lo sustancial (al margen de lo que acabe diciendo el Tribunal Constitucional al respecto, que será lo determinante) es lo siguiente: los discursos políticos del independentismo sobre la nueva normativa y cómo se encauza de manera práctica su aplicación.

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El discurso independentista sobre la nueva norma ha de generar forzosamente indignación. Desde el presidente de la Generalitat a los portavoces de ERC y JxCAT, se ha intentado apuntalar la idea de que han conseguido esquivar la sentencia con una triquiñuela legislativa. El resumen, atendiendo a sus palabras, es que nada ha cambiado y pueden continuar con el sistema de inmersión como hasta ahora. Esconden en sus explicaciones la importancia de su cesión al haber modificado la ley de inmersión para convertir el castellano en lengua curricular. Lo hacen para no defraudar a su electorado más combativo desde el punto de vista idiomático. Pero que la CUP los acuse de haberse cargado la inmersión lingüística y la escuela íntegramente en catalán ofrece una pista sobre la relevancia de la nueva norma, solo que ni JxCAT ni ERC tienen interés alguno en reconocer ese cambio sustancial. Actuando así, alimentan la narrativa de que la Generalitat se comporta siguiendo el manual del fraude de ley. He aquí una primera cuestión para impedir que el conflicto lingüístico desaparezca de nuestra conversación: los discursos maximalistas y numantinos.

El segundo asunto, más sustancial, es cómo se aplica la nueva normativa. Si la Generalitat respeta la autonomía de los centros o si, por el contrario, por la puerta de atrás, los fuerza a actuar en un sentido determinado. Y también si desde el Departamento de Educación se levanta el teléfono para decirle a un director de escuela que su plan educativo no contempla el castellano como lengua de aprendizaje y que siendo así no se le puede dar el visto bueno. Estas cuestiones se supone que se podrán cotejar en abierto apelando a la ley de transparencia una vez los planes educativos de todas las escuelas estén ya aprobados, antes del inicio del próximo curso.

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No va a hacerse este ejercicio de racionalidad. Ni los intereses políticos del independentismo ni tampoco los de algunas fuerzas constitucionalistas —dejando a un lado el PSC— lo permiten. Tampoco un asunto que genera tanta emotividad como la lengua lo pone fácil. Pero sería el camino. Sería realmente útil analizar cómo se aplica la nueva normativa y que más allá de las casuísticas individuales —no menospreciables, por supuesto— prevaleciera una visión panorámica que situara el conflicto lingüístico —marginal en realidad— en su justa dimensión.

En lugar de eso, la pelota vuelve a estar en el tejado del TC, que es la mejor manera de que unos partidos y otros puedan seguir sacando rendimiento político a sus cuitas. El soberanismo diciendo que ha ganado y que ha conseguido que nada cambie alimenta la sensación de agravio, del mismo modo que una parte del constitucionalismo hace lo propio, convirtiendo la escuela catalana en sus discursos —voluntariamente o por ignorancia— en una caricatura goebbelesca. Bastaría con poner muy poco cada uno de su parte para que pudiéramos dejar esta cuestión atrás. Pero va a ser que no. Mejor seguir tirándonos políticamente las lenguas por la cabeza. Y remarcamos 'políticamente' porque ni en la calle ni en las escuelas esto ha sido jamás —ni en los peores momentos— así.