Barcelona hace del pillaje una nueva tradición de su fiesta mayor

Las fiestas de la Mercè de Barcelona han cumplido con su recién adoptada tradición de ofrecer al menos una noche de barra libre delincuencial a la chusma para que pueda divertirse saqueando comercios, destrozando mobiliario urbano y quemando vehículos. Lamentablemente, en la presente edición se ha sumado al botín un asesinato a navajazos, si bien las autoridades políticas y policiales han insistido en que este episodio no guarda relación con la bacanal de violencia de los grupos de jóvenes organizados para protagonizar los ya habituales tumultos de la fiesta mayor de la capital catalana.

Que una ciudad de las proporciones de Barcelona se las vea con actos de estas características está dentro de lo posible. Pero que por segundo año consecutivo se den las mismas circunstancias —agravadas en esta ocasión con un asesinato— obliga a señalar a los responsables policiales y políticos para exigirles explicaciones y, llegado el caso, responsabilidades. Tanto la alcaldesa, Ada Colau, como el concejal de Seguridad, Albert Batlle, debieran estar sudando la gota gorda, pero lejos de eso se han despachado con un discurso indolente y de factura funcionarial que viene a decir que si vives en una ciudad ya deberías saber lo que hay y que, además, lo que ha sucedido no es tan grave porque a fin de cuentas el año pasado fueron más los comercios asaltados y también fue mayor el número de saqueadores.

La seguridad ciudadana y la limpieza —agrupadas bajo el paraguas genérico de la degradación de Barcelona— van a ser el gran eje de la campaña electoral de las municipales del mes de mayo. El partido de Ada Colau y los socialistas de Jaume Collboni —se olvida demasiado a menudo que estos últimos forman parte también del mismo proyecto en el ayuntamiento— han intentado remediar el asunto de la inmundicia en los espacios públicos con una nueva contrata de limpieza y esgrimen estadísticas y 'rankings' para demostrar que Barcelona es mucho más segura que otras capitales europeas.

Pero no les va a dar rédito esta estrategia, particularmente a Ada Colau, que es quien capitaliza todo el malestar ciudadano alrededor de estas cuestiones, a pesar de que la seguridad en las calles es responsabilidad de la parte socialista de su Gobierno. La convicción de que Barcelona se ha deslizado por el tobogán de la degradación y que su espacio público es cada vez menos seguro ha calado a fondo entre la ciudadanía que, con razón o sin ella, ha llegado a la conclusión de que en los últimos años los delincuentes han sacado provecho de la deslegitimación de la labor de los cuerpos policiales desde las propias instituciones y del amparo argumentativo que de un tiempo a esta parte la política proporciona al malhechor.

Opinión

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Exagerando —solo un poco—, podríamos señalar algunas de las múltiples bienaventuranzas que la política, particularmente la catalana, viene brindando a los truhanes: bienaventurados los que practican el pillaje, pues gracias a ellos podemos tomar conciencia de la injusticia social que les obliga a cometer estos actos; bienaventurados los okupas, porque si no fuera por ellos no tendríamos conciencia de la existencia de un problema de vivienda; bienaventurados los que roban relojes de alta gama, puesto que solo así se nos brinda la posibilidad de saber de qué obscena manera se gastan el dinero los ricos; bienaventurados los menores inmigrantes que delinquen, porque de este modo sabemos cuán difícil es la vida del recién llegado. Súmenle, para tener el cuadro completo, los episodios de flirteo del poder autonómico con la subversión en la calle en algunos momentos álgidos del proceso político —los hechos de Urquinaona, por ejemplo— y entenderán por qué en Barcelona las cosas descarrilan más recurrentemente que en otros lares.

Hay además otro elemento a tener en cuenta a tenor de lo que ha pasado con las fiestas de la Mercè durante dos años consecutivos y que va más allá de la coyuntura de quién gobierne en el ayuntamiento. La ciudadanía tiene también la percepción de que se le escamotea información de contexto que considera relevante, con la excusa institucional de que hay que evitar el riesgo de que se consoliden actitudes racistas generalizadas ante determinados colectivos. Lamentablemente, la prudencia institucional al respecto no evita que esto esté ya pasando, más bien al contrario. Así que harían bien los mandatarios municipales, y también los autonómicos, por el bien de estas comunidades que corren el riesgo de ser señaladas de manera genérica, en atreverse a enfocar el debate de otro modo y a cambiar las políticas de integración y acogida que no estén funcionando. Alejar la realidad vivida por la ciudadanía de la verdad oficial es poner una autopista al discurso populista que sabe cómo sacar provecho de ese decalaje. Deberíamos haberlo aprendido ya. La última lección, para quien quiera repasarla, la han dado los italianos.