Por qué la reforma del delito de sedición debería avergonzar a los independentistas aunque tenga sentido político

Una de las mayores contradicciones del independentismo político —da igual qué siglas— es el interés de sus líderes por que les sea perdonada la factura penal de los hechos de 2017 a sus protagonistas. Dejando a un lado la idoneidad de los tipos penales aplicados y la proporcionalidad de las penas impuestas por las sentencias que conocemos —y a la espera de las que todavía están por venir—, resulta tragicómico que desde hace más de cinco años la obsesión principal de quienes desafiaron al Estado sea tratar de demostrar que lo que hicieron no era para tanto y que merece un trato menos severo.

Uno espera de los miembros de los autodenominados movimientos de liberación nacional más coraje y consistencia. La asunción de las penas de cárcel —justas o injustas, tanto da— con la resignación del héroe que ha renunciado a lo mundano en favor de su objetivo final. Desdén por lo material y también por la propia libertad para tener la excusa con que seguir señalando al Estado opresor que te mantiene entre rejas. Nada de eso ha sucedido. Toda la estrategia independentista ha ido dirigida, desde el minuto uno después del salto al vacío, a intentar evitar sus consecuencias. ERC invistió a Pedro Sánchez a cambio de los indultos. Y, en lo que atañe a JxCAT, tan insurgentes ahora en el discurso, también hicieron lo que estuvo en su mano para que sus militantes encarcelados saliesen a la calle cuanto antes mejor. La historia del independentismo unilateralista es, en el fondo, el guion perfecto para una historia política de lo naíf: querer las carnes, pero apartando los huesos.

Tras los indultos, ERC ha seguido insistiendo en el camino ciego de la amnistía. Cerrada esa vía desde el principio, fue el propio presidente del Gobierno quien dio con la tecla para complacer —aunque no del todo— a los republicanos a través de la futura reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición. La cuestión se ha ido dilatando en el tiempo y es ahora, en vísperas de la aprobación de los presupuestos que permiten agotar la legislatura española con los votos de ERC, que parece que ha llegado el momento de enhebrar la aguja definitivamente. Que Pedro Sánchez intente convencernos —con la colaboración de ERC, que no habla de ello como condición negociadora de las cuentas— de que la reforma del delito de sedición y el necesario voto de los republicanos al presupuesto no tienen nada que ver es una tomadura de pelo. No son necesarias las alforjas de analista de la política para escribir la anterior afirmación.

Señalada la inconsistencia del independentismo y las necesidades de Pedro Sánchez, se imponen también otras consideraciones. La primera, atañe a los principios básicos de la democracia. Resulta indiferente cuánto malestar pueda ocasionar entre jueces, fiscales y otras gentes del mundillo de la Justicia la futura modificación del Código Penal. Habrá que recordar que ellos son quienes aplican las leyes, no los encargados de hacerlas. Así que utilizar como argumento de autoridad para oponerse a los cambios el malhumor de las togas no tiene mucho sentido democrático. Aunque para muchos parece que los actores del Estado democrático debieran invertir sus roles y que debieran ser la gentes que habitan en los juzgados quienes determinasen qué y cómo legislar. Cada uno define la democracia a su manera. Estos días, hay gente que ha escrito que incluso en China se vive democráticamente.

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Otro apunte, derivado del anterior, es el referente a lo mal que quedará España con las autoridades europeas si esa reforma se produce. Será como dar carnaza a quienes venden la idea por el mundo de que la Justicia española se excedió con los acusados del proceso. ¡Habrase visto! ¡Vamos a quedar fatal! Mal está decirlo, pero esto tendría algún sentido si las decisiones tomadas hasta la fecha hubiesen significado para la Justicia española un paseíllo militar y que hubiese saltado de victoria en victoria por todas las instituciones europeas, como en el juego de la oca. Lo cierto es, más bien, que mal ya venimos quedando desde hace tiempo, aunque frontera adentro cueste tragarse esa píldora. A lo mejor una forma de empezar a quedar bien y que nos tomen en serio es homologar delitos y penas al resto de códigos penales europeos, en la línea de lo que defiende el Gobierno español, aunque lo haga interesadamente y por la necesidad de aprobar unos presupuestos.

Esa necesidad —presupuestos y apoyo parlamentario de ERC— es sin duda el punto más débil de la ecuación política de este asunto. Porque la reforma que se propone parece hecha más para paliar unas necesidades particulares de unas personas concretas que no atendiendo a una cuestión de interés general. Lo más pernicioso de la reforma es que esté hecha a posta para aligerar las cargas de condenados, huidos de la Justicia y personas todavía pendientes de juicio. Pero también en este punto hay que ser serios. Porque lo cierto es que quizá no sea posible de otro modo. La sedición no es como robar en un comercio o atracar a un viandante, algo que suceda cada día centenares de veces. Los hechos de 2017 y los juicios posteriores son los que pusieron sobre la mesa una realidad —las lagunas del Código Penal— que difícilmente hubiese encontrado jamás el momento de ser atendida por falta de necesidad. Así que no tiene sentido escandalizarse en exceso porque la reforma vaya a beneficiar a personas concretas, aun a sabiendas de que la ley debe elaborarse en abstracto y no pensando en casuísticas que llevan nombre y apellido.

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La última consideración es de orden político. Como en su día los indultos, esta reforma del delito de sedición tendrá efectos beneficiosos en la agenda política catalana y facilitará definitivamente la colaboración entre ERC y los socialistas en el Parlament. Junqueras y los suyos podrán dirigirse a su electorado con argumentos fácilmente entendibles sobre cómo el PSOE ha colaborado en la 'desjudicialización' del proceso. Una 'desjudicialización' que en realidad no es tal. Pero sabido es que en política las palabras adquieren el sentido que quiere dárseles y que los voceros se encargan de propagar. Así que una simple reforma para rebajar la penas atribuibles a un delito como la sedición será vendida en Cataluña como el reconocimiento del PSOE de los excesos del Estado, y en el resto de España —no por todo el mundo—, como una subasta de lo que queda de España por parte de Pedro Sánchez a cambio de los votos de ERC. Ni una cosa ni la otra serán ciertas.

Y de fondo el primer párrafo. Iban a construir un Estado por las bravas y llevan cinco años tratando de reducir los costes de su aventura en lugar de negociar los intereses generales de Cataluña. Con el tiempo, ha quedado claro que esto es lo que fue en el fondo todo el proceso, aunque la base del malestar social independentista obedeciera a causas tangibles. Causas que aún hoy siguen esperando una respuesta que en ningún caso es la reforma del delito de sedición.