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La razón básica de los camioneros: conducen para ganar dinero, no para empobrecerse
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Josep Martí Blanch

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La razón básica de los camioneros: conducen para ganar dinero, no para empobrecerse

Los pequeños empresarios y autónomos del transporte han de poder ganarse la vida trabajando y el Gobierno ha de exigir el cumplimiento de las leyes que aprueba

Foto: Huelga transportes en Aragón el pasado marzo. (EFE/Javier Cebollada)
Huelga transportes en Aragón el pasado marzo. (EFE/Javier Cebollada)
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Vuelve la huelga de camioneros. Ni un semestre ha durado la paz con los autónomos y pequeños empresarios del transporte por carretera. Vuelve el grano en el glúteo que le amargó la primavera al Gobierno. Aquella huelga escaló hasta convertirse en un verdadero problema de Estado cuando se hizo real el riesgo de desabastecimiento. Fue el Gobierno quien agrandó la gravedad de los paros.

De entrada los menospreció y, además, intentó desacreditar a los convocantes vinculándolos a la extrema derecha y/o al colaboracionismo con Putin para echarles a la opinión pública encima. Tras 20 días de toma y daca, los transportistas convocantes —a pesar de no ser interlocutores del Gobierno— conseguían torcerle el brazo al Ejecutivo. Este se vio obligado a satisfacer las principales demandas de los convocantes en una última reunión que acabó a las dos de la noche, tras ordenar el presidente del Gobierno que nadie se levantara de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. El principal, la prohibición por ley de que los transportistas puedan trabajar a pérdidas. La norma que hacía realidad esta reivindicación fue aprobada el 1 de agosto. Y son las acusaciones de incumplimiento de la norma, pasados apenas un poco más de tres meses desde su publicación en el BOE, la excusa que ha propiciado la nueva convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo domingo.

Foto: Paro de los transportistas el pasado marzo en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

El éxito del paro es, como siempre, una incógnita. Es de esperar que el Gobierno haya aprendido la lección y evite repetir el error de echar gasolina al fuego, tal y como hizo la primavera pasada. En este sentido, la ministra de la cosa, Raquel Sánchez, ya ha manifestado su intención de anunciar en las próximas semanas medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la ley de costes. Parece ser que esta vez se opta, de entrada, por la pomada antiinflamatoria y por no encender los ánimos. Lo que no ha cambiado es que el Ejecutivo se enfrenta a un nuevo parón de consecuencias imprevisibles convocado por una entidad que no tiene consideración de interlocutor válido para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: la plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías. De igual modo, tampoco en esta ocasión la gran patronal del sector, agrupada en la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), y la mayoría de las asociaciones de transportistas no apoyan el parón. Esto último es de lo más normal. A fin de cuentas, sus intereses y los de los autónomos y pequeños empresarios del transporte no es que sean diferentes, es que en algunos casos son abiertamente contrarios y excluyentes.

Está bien que la gente defienda sus derechos básicos. Y ganarte la vida con tu trabajo es uno de ellos. En España, vienen deteriorándose las condiciones salariales y los márgenes de las pequeñas empresas de la mayoría de los sectores desde hace mucho tiempo. Y no parece que la tendencia vaya a girar. Salimos de las crisis —si es que salimos— forzando los salarios a la baja o reinventando las relaciones laborales para esquivar costes inflando las estadísticas con falsos empresarios y emprendedores forzados que, en realidad, no son más que falsos autónomos obligados a aceptar las condiciones de contratación de un único o varios clientes que tienen la sartén por el mango. Para mantener mínimos de facturación, la pequeña empresa y los autónomos también renuncian en muchas ocasiones a los básicos de gestión empresarial que exige ser exhaustivo con la contabilización de los costes para acabar fijando el precio de un bien o un servicio. De esto último se quejan los transportistas. Ni la ley aprobada en agosto se cumple, dicen; ni garantiza en estos momentos que se contemplen todos los costes —amortizaciones y seguros, por ejemplo— que confluyen en el coste del transporte para no acabar, paradoja mediante, empobreciéndose trabajando.

El camionero tiene mala fama. Molesta en la carretera, apabulla a los turismos, provoca retenciones. Los furgoneteros despiertan también pocas simpatías. Aparcan en doble fila y conducen temerariamente para ganar tiempo. Los convocantes de la huelga tampoco son candidatos a ganar el premio a las personas más simpáticas del año. Sus portavoces son broncos y poco sofisticados en comparación con los profesionales de las patronales convencionales o del sindicalismo adormecido. Pero llevan razón. Una razón básica que, por sencilla, no exige demasiados razonamientos. Basta con dos apuntes: los pequeños empresarios y autónomos del transporte han de poder ganarse la vida trabajando y el Gobierno ha de exigir el cumplimiento de las leyes que aprueba. Otra cosa es que tener la razón sea argumento suficiente para convertir la huelga en un éxito y conseguir lo que pretenden y merecen. A fin de cuentas, son los más frágiles en la cadena del transporte. Y estos, en todos los sectores, están más acostumbrados a perder que a ganar.

Vuelve la huelga de camioneros. Ni un semestre ha durado la paz con los autónomos y pequeños empresarios del transporte por carretera. Vuelve el grano en el glúteo que le amargó la primavera al Gobierno. Aquella huelga escaló hasta convertirse en un verdadero problema de Estado cuando se hizo real el riesgo de desabastecimiento. Fue el Gobierno quien agrandó la gravedad de los paros.

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